Juan Ramón Bergudo, Antonio del Moral y Pablo Llarena son los tres magistrados que integran la Sala de Apelación del Tribunal Supremo y, por tanto, los encargados de analizar a lo largo de este jueves los recursos presentados que cuestionan si era necesario o no decretar la prisión preventiva de José Luis Ábalos y Koldo García. El pasado 27 de noviembre, el juez instructor encargado del caso, Leopoldo Puente, consideró que debía de tomarse esta medida, que ahora pasa a ser revisada, justificando la existencia de un "riesgo extremo" de fuga, basándose en hechos como los recursos económicos de los que podrían disponer ambos acusados.
Esta medida preventiva se decretó en el proceso de investigación de un presunto cobro de mordidas en las adjudicaciones públicas realizadas durante la pandemia para la compra de mascarillas. Un caso en el que tanto Ábalos como Koldo García son dos de los principales rostros entre los acusados y el cual ha llevado a ambos a la prisión de Soto del Real el pasado 27 de noviembre, tras haber estado previamente obligados a acudir a sede judicial cada quince días, así como a no abandonar el país.
El cambio de decisión de Leopoldo Puente vino marcado por la cercanía del juicio y el aumento de las penas que la acusación ha solicitado para ambos por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. Atendiendo a ello, el magistrado justificó la decisión de enviar a Ábalos y a Koldo a prisión de manera preventiva al observar un posible "riesgo extremo" de fuga basado en los recursos económicos de los que ambos podrían disponer, señalando grandes cantidades en metálico, y en los contactos internacionales que tendrían en sus agendas.
Dos vistas de apelación se celebrarán en esta jornada, una a las 10:30, para estudiar la situación de José Luis Ábalos y otra, media hora después, para analizar la de Koldo García. Ninguno de los dos estará presente en la sala, siendo sus abogados los que acudan al Tribunal.
Ábalos alega un "uso irrazonable del derecho"
En el recurso que el ex ministro presentó ante el Tribunal Supremo, se acusa a Leopoldo Puente de haber llevado a cabo un "uso irrazonable del derecho" por enviarle a la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales". De esta manera, su defensa reclama a la Sala de lo Penal su puesta en libertad alegando que el riesgo de fuga no existe el riesgo de fuga puesto sobre la mesa, sosteniendo que, "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de" la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, "tras su paso por un centro penitenciario".
Koldo García asegura que el incremento patrimonial está "justificado"
El que fuera asesor de José Luis Ábalos también ha solicitado su puesta en libertad ante el Tribunal Supremo. Koldo García propuso el pago de una fianza para poder salir de la cárcel, defendiendo que su incremento patrimonial está "justificado" por sus ingresos y quejándose de que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo".
En este sentido, la defensa de Koldo descarta que pueda obstaculizar la investigación, dado que "las fuentes de prueba ya han sido recabadas y formalizadas", así como tampoco ve factible que pueda reincidir, puesto que "los hechos imputados están circunscritos a un contexto temporal y funcional específico (su posición como asesor de un aforado), del que ya se encuentra apartado por lo que la reiteración sería de todo punto imposible".
