En medio de la oleada de racismo desplegada por la ultraderecha en los últimos días y respaldada por el propio Partido Popular, la extrema derecha en la Región de Murcia ha querido lanzar una consulta pública a los ciudadanos de esta autonomía para que sean ellos quienes decidan si están de acuerdo o no con la financiación de centros de menores no acompañados en la Región.
Sin embargo, lejos de la iniciativa planteada por la formación que lidera Santiago Abascal, lo cierto es que la Ley de Transparencia no permite lanzar una consulta en esta materia. Según se desprende de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad esta consulta “carece de encaje legal”. Según reza el artículo, la norma señala que las consultas públicas son un instrumento para recabar la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del Gobierno regional, pero no contempla una consulta sobre el ejercicio de una competencia como es la tutela de menores en situación de acogida. Con ello, la Ley impide, por tanto, someter este asunto a la consulta ciudadana.
Todo ello se produce en medio de unos días en los que los centros de acogida de menores migrantes han estado en el centro del debate. Tras la violación a una menor de 14 años en las inmediaciones del centro de Hortaleza, desde la formación de extrema derecha han intensificado su discurso antiinmigración con una convocatoria a los medios este martes por la tarde frente a dicho centro, pese a la prohibición de la Delegación del Gobierno en Madrid. En estas, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, cargó contra el Ejecutivo central por “proteger a los delincuentes y abandonar a los españoles". "Claro que hay una relación directa entre la inmigración y las agresiones sexuales a las mujeres. Exigimos inmediatamente el cierre de todos los centros de ilegales y la deportación de todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país", sostuvo Moñino.
Sin embargo, en las declaraciones que defendió la portavoz de Vox en la Asamblea no hubo ninguna referencia a la agresión cometida por un grupo de encapuchados el pasado domingo a varios menores del centro de Hortaleza, uno de los cuales tuvo que ser trasladado al hospital. En su lugar, optó por mantenerse en la línea de acusaciones al Gobierno de Sánchez. “La puesta en marcha de estos centros lo único que genera es violencia. No sabemos si ha sido un ajuste de cuentas o una pelea entre bandas. Desde luego, lo que condenamos fuertemente son esas políticas del PP y el PSOE que abren las fronteras a misóginos extranjeros, que ponen en peligro a todos los españoles, y especialmente a las mujeres. La violencia es lo que traen estos centros de ilegales. Lo estamos viendo todos los días”, agregó.
De Hortaleza a Torre Pacheco, “mano dura” contra la inmigración
No obstante, lo que se está viendo estos últimos días no es algo nuevo. Tanto los centros de acogida a menores migrantes como la propia población inmigrante ha sido el centro de la diana del odio de la extrema derecha en recurrentes ocasiones. Ello se reflejó de manera nítida en el municipio murciano de Torre Pacheco el pasado mes de julio. A raíz de la agresión a un anciano en la citada localidad, grupos ultras, respaldados por dirigentes políticos de la extrema derecha, se organizaron para salir al ataque de cualquier persona inmigrante con la que se cruzaran.
Con este telón de fondo, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, vinculó directamente los problemas de inseguridad con la inmigración en un acto celebrado en Torre Pacheco bajo el lema ‘Defiéndete de la inseguridad’. El dirigente recordó que se cumplía un año desde su salida del Gobierno regional, una decisión que, según ha explicado, tomó por “negarse a seguir financiando la inmigración ilegal” y no querer ser “cómplice de los gravísimos problemas que está causando en nuestros barrios y en toda la sociedad". En ese contexto, aseguró que Vox “no colaborará nunca” con este tipo de políticas y que allí donde gobierne su partido, no se destinarán recursos públicos a personas en situación irregular.
"Ese día dejamos claro al Partido Popular que Vox no colaboraría nunca con la inmigración ilegal y que donde Vox gobierna, no se financia a los ilegales. Nos fuimos de ese gobierno porque para nosotros esto no es negociable: es una cuestión vital y nuclear, para la Región de Murcia y para toda España", sentenció.