Trabajo sigue, según exponen desde el Ministerio, avanzando hacia la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un incremento que busca aprobar antes de la apertura de urnas. Yolanda Díaz y su equipo suben el ritmo para poder implementar la medida, que altamente probable sea la última que impulsen en esta legislatura, con la intención de cerrar el proceso con un aumento de la remuneración mínima de los trabajadores españoles que ascienda al 5%. En este sentido, Díaz aseguraba esta semana en el Foro CREO, organizado por Cinco Días, que se sigue persiguiendo alcanzar que el SMI se sitúe en "60% del salario medio neto que recomienda la Carta Social Europea y que no se acometa pérdida de poder adquisitivo en España en el salario mínimo”.
Tal y como han señalado fuentes del Ministerio de Trabajo a El País, la subida del Salario Mínimo Interprofesional está en disposición de poder aprobarse antes del 29 de noviembre, ya que, según apuntan, podría escapar a las que definen como habituales disputas que suelen darse en el seno del Gobierno de España. El objetivo es, de esta manera, cumplir este objetivo antes de las elecciones generales anticipadas para evitar los retrasos que provocarían esperar a la constitución del nuevo Congreso el próximo 23 de diciembre. Así lo indicaba el vicepresidente primero y responsable de Economía, Carlos Cuerpo, que exponía las intenciones del Ejecutivo ante un decreto que no está obligado a pasar por la Diputación Permanente al no tener rango de ley.
La subida, como se mencionaba, se situaría en torno al 5%, una cifra que queda por debajo del 7% que reclaman los sindicatos y que, una vez más, vuelve a plantar cara a la CEOE de Garamendi, que de manera continuada se viene mostrando contraria a que se impulsen nuevos incrementos en la remuneración mínima que perciben los trabajadores por su trabajo. Una posición en la que la patronal de empresario se mantiene firme a pesar del contexto que enfrenta el país, en el que el coste de vida no deja de aumentar y el mercado inmobiliario ha alcanzado un nivel de tensión tan alto que halla unos precios que escapan a la lógica.
La cifra definitiva dependerá de la recomendación de la comisión de expertos que ha convocado Trabajo, que deberán de atender a los objetivos de mantener el poder adquisitivo del salario mínimo y garantizar que alcance el 60% del salario medio neto, como recomienda la Carta Social Europea. Ambos criterios no siempre apuntan al mismo porcentaje, por lo que los especialistas deben determinar cuál exige un incremento mayor. La evolución reciente de los precios refuerza la posibilidad de una subida próxima al 5%, ya que la inflación interanual alcanzó el 4,9% en septiembre, frente al avance del 3,1% de los salarios pactados en convenio y del 4% registrado en el segundo trimestre según la Encuesta Trimestral de Costes Laborales.
El Ministerio ha acelerado los plazos para disponer de la recomendación de los expertos en torno al puente de principios de noviembre, antes de lo ocurrido en ejercicios anteriores. Para la subida de 2025, el informe se presentó en enero de ese año, mientras que el correspondiente a 2026 llegó en diciembre de 2025. La anticipación permitiría al Ejecutivo decidir el incremento antes de las elecciones, aunque también puede alimentar las críticas de la oposición, que podría interpretar el calendario como un movimiento electoralista. Si el equipo apura los plazos, además, podrá incorporar el dato adelantado de inflación de octubre, previsto para el 30 de octubre.
La propuesta se encontrará con posiciones enfrentadas en el diálogo social. CCOO y UGT reclaman un incremento del 7%, por encima del entorno del 5% que se baraja en el Ministerio, y advierten de que no alcanzarán nuevos acuerdos sobre el SMI si no se garantiza que las empresas no puedan absorber las subidas mediante la eliminación de complementos salariales. La CEOE, por su parte, todavía no ha concretado una cifra alternativa, pero Antonio Garamendi ha acusado al Gobierno de utilizar sus competencias en plena campaña electoral para impulsar la medida. La patronal rechazó el último incremento, que situó el salario mínimo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, esta remuneración ha pasado de 736 a 1.221 euros, un aumento acumulado del 66%.
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