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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo trabaja para anticiparse a las consecuencias económicas de la guerra de Irán y evitar que el encarecimiento de la energía termine repercutiendo en el precio de los alimentos. Aunque la cesta de la compra ha bajado alrededor de un 0,6% desde el inicio del conflicto, el ministro ha advertido de que es necesario mantenerse "muy alerta" ante una posible subida de los costes que soportan productores y distribuidores.
En declaraciones a RNE, Cuerpo ha vinculado el repunte del Índice de Precios de Consumo (IPC), que alcanzó el 4,9% en septiembre, al impacto de la guerra sobre los precios energéticos. En este sentido, ha apuntado que la evolución de la inflación hasta final de año dependerá, en buena medida, de cómo evolucionen los costes de la energía.
El ministro ha recordado que la experiencia de la guerra de Ucrania mostró cómo el encarecimiento de la energía acaba trasladándose a los precios de los alimentos con cierto retraso. Según ha explicado, aquel proceso llegó a reflejarse en la cesta de la compra entre ocho y doce meses después del incremento inicial de los costes para productores y transportistas. Por ello, el Gobierno ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que supervise la evolución de los precios en todas las fases de la cadena de valor, desde la producción hasta su llegada a los supermercados.
"Queremos anticiparnos en la medida de lo posible para intentar minimizar o incluso evitar ese efecto", ha señalado Cuerpo, que ha insistido en que, por el momento, no se ha producido ese traslado a los alimentos.
Descuentos en carburantes y protección de las facturas energéticas
El titular de Economía ha defendido que las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo desde el 20 de marzo han permitido amortiguar "la mitad del efecto sobreprecios" derivado de la guerra de Irán. Entre las prioridades del Gobierno ha situado la protección de los hogares y de los sectores con mayor exposición al encarecimiento energético, como el transporte y la pesca.
En este contexto, Cuerpo ha confirmado que durante noviembre se mantendrá el descuento de 20 céntimos por litro en las gasolineras, después de que la evolución de los precios de la gasolina y el gasóleo haya superado el umbral previsto para activar las ayudas. El ministro ha defendido esta medida como un alivio para los consumidores ante el encarecimiento de los carburantes.
De cara al invierno, el paquete de protección también contempla medidas para contener el impacto en la tarifa de último recurso (TUR) del gas. Además, Cuerpo ha explicado que el marco vigente prevé una reducción automática de impuestos si el precio de la electricidad supera el 15%, un mecanismo similar al contemplado para los carburantes y el gas. Sin embargo, ha precisado que, según los últimos datos publicados, la luz y el gas todavía no han rebasado ese límite, por lo que las medidas correspondientes se han activado únicamente en los carburantes.
El petróleo vuelve a tensionar los carburantes: el diésel acusa especialmente el impacto de la guerra
El estallido de la guerra de Irán a comienzos de marzo desencadenó una escalada del precio del petróleo y de los carburantes, aunque su evolución ha estado marcada por fuertes oscilaciones. El barril de Brent, referencia en Europa, cotizaba en torno a los 71 dólares a finales de febrero y llegó a superar los 120 dólares durante abril, en plena incertidumbre sobre el suministro internacional y el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Posteriormente, el precio retrocedió hasta situarse en torno a los 70 dólares en junio, antes de recuperar terreno durante el verano y volver a rondar los 100 dólares en octubre.
El encarecimiento también se trasladó a las estaciones de servicio españolas, aunque con diferencias entre combustibles. Durante la primera semana del conflicto, el gasóleo llegó a encarecerse alrededor de un 14%, frente a una subida cercana al 8% de la gasolina, según los datos recogidos por medios nacionales. A finales de marzo, el diésel acumulaba un incremento aproximado del 40% desde el comienzo de la guerra, casi el doble que la gasolina.
La evolución posterior demuestra que la cotización del crudo no explica por sí sola lo que pagan los conductores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constató que, en julio, mientras el Brent bajaba un 2,4% mensual, las cotizaciones internacionales de referencia de la gasolina y el gasóleo subían un 9% y un 20%, respectivamente. Las restricciones a las exportaciones rusas y las dificultades para aumentar los suministros de diésel contribuyeron a esta divergencia.
La presión volvió a intensificarse durante septiembre. Según los datos del IPC publicados por el INE, el gasóleo se encareció un 34% interanual y la gasolina un 27%, cifras que reflejan la persistencia del impacto energético pese a las oscilaciones del mercado. Ante esta situación, el Gobierno ha mantenido las ayudas fiscales a los carburantes, con descuentos de hasta 20 céntimos por litro en octubre y su prórroga en noviembre.
FACUA cuestiona los precios de los carburantes y alerta de su impacto en toda la cadena de suministro
La escalada de los precios de los combustibles reavivaba las críticas de FACUA-Consumidores en Acción, que reclama una mayor intervención de las administraciones para evitar que las consecuencias de la guerra se traduzcan en un encarecimiento injustificado para los consumidores. La asociación viene cuestionando la evolución de los precios en las estaciones de servicio y la posibilidad de que algunas compañías aprovechen las tensiones internacionales para ampliar sus márgenes comerciales, incluso cuando las cotizaciones del petróleo experimentan descensos.
Entre las medidas que ha defendido FACUA en estos meses figura la fijación de precios máximos para los carburantes. La organización también ha criticado las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno, al considerar que reducir los impuestos no garantiza que el ahorro llegue íntegramente a los consumidores. En este sentido, advierte de que las ayudas pueden terminar beneficiando parcialmente a las empresas si estas ajustan sus precios de venta y absorben parte de la rebaja tributaria.
Las denuncias se producen en un mercado en el que el precio final de la gasolina y el diésel no depende exclusivamente de la cotización del barril de petróleo. También influyen las cotizaciones internacionales de los productos refinados, los costes de transporte y distribución, los impuestos y los márgenes comerciales. Por ello, las bajadas del crudo no siempre se reflejan de manera inmediata en los surtidores, mientras que las subidas pueden trasladarse con mayor rapidez. FACUA reclama transparencia para que los consumidores puedan conocer mejor cómo se forman los precios y qué parte del encarecimiento responde a los costes y cuál a las decisiones comerciales de las compañías.
El transporte, uno de los canales de transmisión del encarecimiento
El combustible constituye uno de los principales costes operativos del transporte de mercancías, una actividad esencial para conectar las explotaciones agrícolas y ganaderas con las industrias transformadoras, los centros logísticos y los establecimientos comerciales. Cuando el gasóleo se encarece, las empresas transportistas deben asumir un mayor gasto para mantener sus rutas, lo que reduce su rentabilidad y puede obligarlas a revisar las tarifas que cobran a sus clientes.
La repercusión puede extenderse a los precios finales mediante varios mecanismos. Si un transportista aumenta sus tarifas para compensar el gasto adicional en combustible, el productor o distribuidor que contrata sus servicios puede terminar incorporando ese incremento a sus propios costes. Si estos aumentos se acumulan en distintas fases de la cadena, parte de la presión puede acabar trasladándose al precio que paga el consumidor en el supermercado.
No obstante, ese traslado no es automático ni necesariamente proporcional, ya que depende de los contratos, los márgenes empresariales, la competencia y la capacidad de cada eslabón para absorber los sobrecostes. También influye el combustible utilizado en las labores agrícolas, la maquinaria industrial y otras actividades necesarias para producir y distribuir alimentos.
Precisamente para seguir esta evolución, el Gobierno ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile los precios en las distintas fases de la cadena alimentaria. El objetivo es identificar si los incrementos responden a costes efectivos y evitar que la crisis energética sirva de justificación para subidas injustificadas.
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