El accidente ferroviario de Adamuz, la DANA, la pandemia, y múltiples tragedias más han protagonizado la historia de España durante las últimas décadas cubriendo de luto al país pero también sacando a relucir lo mejor que tiene la ciudadanía como es la solidaridad y la empatía. Sin embargo, de cada una de ellas también se ha desprendido la cara más amarga de una clase política que ha convertido el dolor de tantísimas víctimas en estrategia política y rédito electoral.
Y es que desde la más remota en el tiempo hasta la más reciente que aún mantiene el foco de la investigación en aquel juzgado de Catarroja, desde el Partido Popular (PP) han conseguido mantener la misma postura basada en desviar la responsabilidad a otras administraciones y hacer de las víctimas y sus familiares un arma arrojadiza contra las otras formaciones en la oposición. Si se atiende a un orden cronológico, puede que el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles al estrellarse el avión en Turquía en 2003 o el accidente de Metrovalencia en julio de 2006 que se llevó la vida de 43 personas fueran de las primeras tragedias en las últimas décadas en las que las víctimas se vieron forzadas a alzar la voz ante un PP que no solo las ninguneó sino que no colaboró en la reparación del daño.
Ejemplo de ello fueron las numerosas críticas que partieron de los familiares de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 hacia el ministerio de Defensa, en aquel año al mando de Federico Trillo (PP) y también hacia la que ocuparía el cargo años después también con el mismo partido, María Dolores de Cospedal. En 2018, cuando se conoció que todavía quedaban restos de los fallecidos sin identificar y en territorio turco, las familias denunciaron las mentiras que se estaban vertiendo desde la cartera de Defensa, liderada entonces por Cospedal. “Lo que no se puede consentir es que salga primero en los medios, si esto lo sabían hace mucho, ¿por qué no nos han informado antes?”, fue una de las preguntas que los familiares lanzaron, en este caso, Mari Paz Fernández, viuda del comandante José Manuel Ripollés.
Trasladando el foco hasta Valencia, el gobierno de Francisco Camps fue también receptor de un buen grueso de críticas a consecuencia del accidente que en julio de 2006 conmovió a la capital del Túria cuando un tren de Metrovalencia descarriló dejando 43 muertos. La gestión “opaca y deshonesta” que hizo el PP que en el año del trágico accidente gobernaba tanto en la autonomía como en la ciudad -encabezado por Rita Barberá- fue el motivo que llevó a las familias de las víctimas y los 47 heridos a manifestarse y a protestar contra el abandono y el desprecio que tanto Camps como Barberá les sometieron. Cabe recordar, en este sentido, que la comisión de investigación concluyó señalando a 13 responsables, entre los que figuraron Camps; Juan Cotino, conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, responsable por el uso partidista de las visitas a las familias; Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat; o José Vicente Dómine Redondo, entonces vicepresidente del Consejo de Administración y Director General de Transporte, entre otros.
Ya en la segunda década de este siglo, en 2013 el descarrilamiento de un Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol desafió la gestión de la Xunta de Galicia, liderada en aquel momento por el PP de Alberto Núñez Feijóo, y del Gobierno de España, bajo el mandato de Mariano Rajoy. La tragedia de Angrois volvió a evidenciar la ausencia de compromiso de los populares con las víctimas de las tragedias que han sacudido al país cuando ellos estaban en el poder. De esta forma, en la comisión de investigación sobre el accidente que se llevó a cabo en el Congreso, las víctimas señalaron a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y a diferentes cargos del PP. El presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, subrayó la falta de “depuración de responsabilidades”. “Nadie ha colaborado, ni nadie ha dimitido. Esa es la responsabilidad política. En vez de asumirla luego les hemos tenido de presidenta del Congreso, de ministro de Justicia o de eurodiputado”, señaló durante una sesión de la comisión de investigación en 2018 Domínguez. Por su parte, la vocal de la asociación Cristina Liras, al ser preguntada por la gestión que llevó a cabo la Xunta de Feijóo, esta lamentó las “patadas” y la “hipocresía” del Ejecutivo autonómico.
Más reciente en la línea temporal, bien sonadas han sido no solo las múltiples denuncias que los familiares de aquellas 7291 personas que fallecieron durante la pandemia en las residencias de ancianos han presentado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino los insultos y desprecios que esta ha vertido contra las víctimas. Pese a que la investigación sobre los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ que impedían derivar a pacientes contagiados de las residencias de ancianos a hospitales se remonta a varios años atrás, hace apenas una semana la lideresa regional se refería a las asociaciones de víctimas como “plataformas de frustrados”. Una tónica, lamentablemente, recurrente en la presidenta madrileña que en diferentes ocasiones también les ha tildado de “rebotados” o “resentidos del PSOE o Más Madrid”.
Al hilo de todo ello, bien conocida ha sido la nefasta gestión que el PP de Carlos Mazón ha hecho de la DANA que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. Tuvo que pasar un año entero desde la tragedia, con mentiras confirmadas y la investigación de la magistrada estrechando el cerco, para que el expresidente valenciano presentara la dimisión, con 12 manifestaciones mensuales a sus espaldas exigiendo que lo hiciera. Sin embargo, el desprecio sigue. A día de hoy, Mazón sigue aforado como diputado del PP y su formación sigue sin pedirle el acta.
Con todo estos ejemplos, el PP todavía guardaba un as en la manga para 2025. La crisis de los cribados del cáncer de mama puso en la lupa a la Junta de Juanma Moreno Bonilla. Centenares de mujeres salieron a las calles de toda la autonomía para protestar contra lo que había sido una gestión negligente del PP andaluz que había derivado, en algunos casos, en la muerte de mujeres enfermas de este cáncer.
Con todo, un esquema que, pese a que pasa el tiempo, las circunstancias y el modus operandi de la justicia cambian, se repite. Una actitud mostrada por el PP durante décadas que ha puesto en evidencia, en cada una de las tragedias, su desdén con las víctimas. Además, cabe no olvidar el uso partidista que desde el PP, especialmente el de Ayuso, se ha hecho con las víctimas de ETA. En diciembre, este periódico publicaba una entrevista con Gorka Landaburu, víctimas de la banda armada. Preguntado precisamente por este asunto, Landaburu respondía lo siguiente: “No podemos admitir ni que se muestren fotos de asesinatos, muchas víctimas no están de acuerdo con que se utilice constantemente el terrorismo que ya no existe para intereses particulares e intereses electorales de Ayuso y del PP. A las víctimas se les respeta, no se puede utilizarlas como arma arrojadiza del interés particular del momento”.