El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo la retirada de la inmunidad al eurodiputado Luis Alvise Pérez para poder seguir investigándole por una querella presentada por dos antiguos compañeros de su lista electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF). La causa estaba relacionada con presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.
La decisión ha sido trasmitida por el magistrado de la Sala de lo Penal Manuel Marchena a través de un auto en el que figura la petición a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Según presenta el texto, la investigación se centraba en unas declaraciones realizadas por Alvise en un podcast en el que, presuntamente, animó a sus seguidores a perseguir y pedir explicaciones a dos eurodiputados que habían formado parte de su candidatura, Diego Solier y Nora Junco.
El líder de SALF les acusó de haberse dejado sobornar en una votación relacionada con el rearme europeo. En esas declaraciones, según ha informado el Supremo, Alvise llegó a decir a sus seguidores que les persiguieran y les gritaran en bares llamándoles “criminales” y “corruptos”, asegurando además que eran ellos quienes debían hacerlo.
"Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", expresó el eurodiputado.
Los dos eurodiputados también culpabilizan a Alvise de la filtración de datos personales y de contacto que les provocó “un constante acoso de mensajes a través de las redes sociales, con reiteradas amenazas, insultos y difamaciones".
Marchena ha señalado que Alvise, tras la filtración de dichos datos, “no se ha limitado a emitir o expresar sus opiniones en un debate político en el que los límites de la protección del honor y la imagen cederían frente a la libertad de expresión, como presupuesto inderogable para el eficaz ejercicio de la función parlamentaria".
"Los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad", ha señalado el magistrado.
Además, el juez ha recordado que la inmunidad parlamentaria decae cuando los dos denunciantes, "también europarlamentarios y antiguos compañeros de lista electoral, se han visto obligados a variar sus rutinas, algunas de ellas concebidas precisamente para facilitar el contacto telemático con su electorado".
El instructor ha tomado esta decisión después de que Alvise reconociera ante el Supremo haber publicado esos mensajes, aunque ha negado que su intención fue acosar a sus excompañeros. Por su parte, los querellantes han ratificado las acusaciones durante su declaración.
Esta circunstancia ha supuesto el tercer suplicatorio solicitado por el Supremo contra Alvise, que en esos momentos tenía abiertas varias causas judiciales. Entre ellas figuraban investigaciones por presunta financiación ilegal de SALF, el supuesto acoso en redes a la fiscal Susana Gisbert, las presuntas amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.
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