El Tribunal Supremo, tras quedar el 'caso mascarillas' visto para sentencia, ha rechazado este lunes la petición de libertad provisional realizada por la defensa de Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos en Transportes, el último día del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, al entender que continúa el riesgo de fuga.

En un auto, los magistrados que juzgaron a Koldo, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama consideran que "no se advierte ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga". A ello añaden que, una vez concluido el juicio, el tribunal se encuentra "en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa".

Cabe recordar que fue la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, a finales de la pasada semana quien reclamó, en su informe final, la libertad del exasesor de Ábalos, argumentando que no existe riesgo de fuga después del juicio y que percibe "agravio comparativo" con Aldama, el único de los tres acusados que está libre.

"Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal", defendió la defensa del exasesor, que permanece en prisión provisional como Ábalos desde el pasado mes de noviembre, ambos en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

En contra, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP se opusieron a la petición de Koldo e incidieron en que el riesgo persiste, sobre todo cuando ya ha finalizado el juicio y, en consecuencia, se habrían afianzado los indicios existentes contra el acusado, recuerda el Alto Tribunal.

El fallo, aún por determinar

La pasada semana, el Supremo dejó visto para sentencia el ‘caso mascarillas’, sobre el que Ábalos enfrenta 24 años prisión, Koldo 19 y medio y Aldama siete. A lo largo del juicio, que ha durado 14 sesiones y ha tenido más de 70 testigos, las preguntas giraron en torno a la presunta comisión de mordidas e irregularidades sobre los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

Los presuntos delitos que pesan sobre los tres principales acusados radican en pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. En el caso del presunto conseguidor de la trama, el empresario Aldama, está acusado de los tres primeros presuntos delitos, de los cuales se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que se le aplicó la atenuante de confesión y, motivo por el cual, la acusación del PP vino defendiendo la rebaja de pena a cinco años y dos meses.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, estableció que los acusados conformaron una "verdadera organización criminal" en la que, en cualquier caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno", como apuntó Aldama en su declaración. "No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", explicó.

Luzón incidió en que Ábalos, por su parte, era "denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama". Al tiempo, hizo hincapié en el "matiz" del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, que aseguró que "quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama".

Las defensas del exministro y de su exasesor negaron la existencia de una organización criminal, mientras que el abogado del empresario señaló que dicha organización "no es solo a nivel vertical", sino que "es transversal", y apuntó a otros dirigentes, como a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE e imputado en la Audiencia Nacional.

A su vez, Aldama declaró que pagaba 10.000 euros al mes a Ábalos y a Koldo en concepto de “obras públicas”; algo que ambos negaron, siendo este último quien sí manifestó que manejaba dinero en efectivo proveniente de sus labores de asistente al Ministerio, precisando que operaba con sus gastos del Ministerio y de la Secretaría de Organización del PSOE, un dinero que adelantaba y que, posteriormente, se le reintegraba en metálico.

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