El CGPJ se enfrenta a un nuevo bloqueo por los nombramientos en la Sala Penal del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, podría enfrentarse a un nuevo bloqueo, después de haber estado en funciones durante casi seis años, hasta el verano de 2024, por la falta de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular (PP) para designar magistrados. Aquellas negociaciones saltaron por los aires tras filtrarse una conversación de Ignacio Cosidó, senador del PP, en la que celebraba el principio de consenso con los socialistas porque supondría “controlar la sala segunda desde detrás” y esta sala es la que está volviendo a generar la polémica.

El problema que ahora aflora se arrastra desde el 13 de abril de 2023, cuando el juez Miguel Colmenero se jubiló forzosamente al superar el límite de edad máximo para seguir desempeñándose en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por aquel entonces, al estar en funciones, el CGPJ no pudo sacar a concurso la plaza, movimiento que finalmente se produciría el 23 de julio de 2025. Sin embargo, los bloques de magistrados han sido incapaces de ponerse de acuerdo en el último año, tal y como recoge El País, para designar a su sucesor.

La decisión no es baladí, pues el puesto que está en el aire corresponde a la sala encarga de juzgar a los aforados. Recientemente, ha sido la encargada de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y se encuentra juzgando las derivadas del caso Koldo que afectaban a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en disposición de acta de diputado en el momento del inicio del juicio. Una plaza delicada que ha frustrado el último intento de acuerdo que han comandado los vocales progresistas.

Discrepancias y nuevas variables

El proceso avanza lento y se han postulado 14 juristas, quienes ya comparecieron en noviembre del pasado año ante el CGPJ para hacer valer su candidatura. Desde entonces, solo dos se han caído del proceso y ambos sectores se culpan mutuamente. Los conservadores acusan a los progresistas de querer elevar a Silvina Bacigalupo, quien fuera exasesora del PSOE y cuñada de la exvicepresidenta Teresa Ribera. Por el contrario, los progresistas aseguran que el desencuentro no responde a nombres particulares, sino a la pretensión de los conservadores de colocar a otro hombre conservador en la Sala.

Este lunes, se produjo otro intento de retomar las negociaciones, pero fracasó. Fuentes del sector progresistas apuntan a El País que esto se debe a que los conservadores se levantaron de la mesa e insisten en que no se cierran a Bacigalupo ocupe el puesto, sino que buscan que sea una mujer progresista, entendiendo que hay otros perfiles válidos si el problema es un nombre propio concreto. Los conservadores, por su parte, reconocen que todavía no existe acuerdo, pero aseguran que están dispuestos a dialogar para llegar a un punto común.

El terreno negociador podría mejorar notablemente en los próximos meses, gracias a la suma de otras jubilaciones en la Sala Segunda. Concretamente, los jueces Andrés Palomo y Ángel Hurtado se irán en junio y, tres meses más tarde, llegará el turno de Juan Ramón Berdugo. Además, también se jubilará próximamente el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Pablo Lucas, lo que deja abierta la puerta a que el intercambio de cromos sea mayor y de más posibilidades, algo que no gusta en el sector progresista, favorable a cubrir las vacantes según van surgiendo.