El grupo parlamentario de Sumar-En Comú Podem ha presentado este martes un dictamen jurídico que fundamenta su propuesta de una ley de amnistía para los delitos cometidos en el contexto del procés catalán entre 2013 y 2023. El documento, elaborado por una veintena de juristas, argumenta que la amnistía es una herramienta política útil para pacificar el conflicto y que tiene encaje en el marco constitucional.

En concreto, el informe encargado por Sumar a expertos juristas sobre la amnistía defiende que su posible aplicación garantiza la igualdad ante la ley y justifica su puesta en marcha por el beneficio social que comporta a la hora de resolver un conflicto entre Cataluña y el Estado, dado que la vía penal desplegada en su día fue "ineficaz" y agravó el problema con "una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad".

"En el marco de las opciones políticas legítimas se encuentra la articulación de una política criminal que tenga en cuenta el coste social del conflicto político catalán y apueste por contribuir a su superación mediante la enuncia a la persecución penal de ciertos delitos", reflexiona dicho dictamen elaborado cinco juristas.

La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha participado en el acto de presentación del dictamen en Barcelona, junto con el diputado Ernest Urtasun y los coordinadores del informe, los profesores de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés y Manuel Cancio Meliá. Díaz ha destacado que la iniciativa de Sumar busca "abrir un espacio de diálogo" y "superar la judicialización" del conflicto político.

La amnistía “no vulnera” la separación de poderes

El dictamen jurídico, de 40 páginas, plantea que la amnistía se aplique solo sobre "aquellas acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña" y que se extienda tanto a los condenados como a los procesados, investigados o imputados por estos hechos. Asimismo, incluye como amnistiables algunas de las actuaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el referéndum ilegal del 1-O.

El informe justifica la amnistía por "la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales" y por "la necesidad de restablecer la convivencia democrática". Además, sostiene que la amnistía no vulnera el principio de separación de poderes ni el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que se trata de una medida legislativa excepcional y motivada por razones de interés público.

El dictamen también defiende que la amnistía no implica una renuncia al cumplimiento de la legalidad ni una aceptación tácita de la independencia de Cataluña, sino que supone un reconocimiento del carácter político del conflicto y una invitación al diálogo. Así, el informe apela al "espíritu democrático" y al "respeto mutuo" entre las partes para alcanzar una solución pactada.

Los casos en los que se apoya el informe

El informe está firmado por cinco juristas: Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha; Antoni Llabrés Fuster, profesor titular de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears; Javier Mira Benavent, profesor titular de Derecho Penal de la Universitat de València; Guillermo Portilla Contreras, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén; y Rafael Rebollo Vargas, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Autonoma de Barcelona.

Asimismo, el dictamen se apoya en el silencio de la Constitución sobre la medida de gracia y en diversas sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC) para defender el encaje jurídico de este perdón, casos entre los que destaca la absolución del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la amnistía fiscal o de militares republicanos.

En dicho documento, explican que se han producido amnistías de tipo no político, como las fiscales en el caso de España para la afloración de "dinero negro", pero que "mayor utilidad social" cabe atribuir a las "amnistías políticas", que suelen dictarse tras un cambio de régimen, como la Ley española de 1997, o "superar un determinado conflicto político sin que la Constitución haya sufrido ninguna transformación".

En este último caso, alude al caso de la normativa aprobada por el Parlamento inglés relativa al conflicto norirlandés, cuyos parámetros son "muy distintos" a la amnistía que defienden promulgar en Cataluña, en alusión a que el caso irlandés implicó a grupos armados como la Fuerza Voluntaria del Úlster y el Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Por otro lado, el dictamen del grupo de expertos de Sumar apunta a que el punto de inflexión que inició el conflicto fue la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Estatut de 2006, como la mención a la realidad nacional de Cataluña, aprobado en el Parlament y validado por referéndum, a instancias de un recurso del PP.

A su juicio, esa "discordancia" entre el fallo del TC y el resultado de la consulta a la reforma estatutaria fue el motivo esgrimido para que en 2013 el parlamento catalán aprobara una resolución que llamaba a explorar el proceso de ejercicio del "derecho a decidir", sin que en ningún momento se planteara utilizar "la violencia como instrumento de negociación" con el Estado.

La lista de delitos amnistiados

En concreto, el documento se refiere a delitos contra la administración pública, contra la administración de Justicia, contra la Constitución o contra el orden público en el Código Penal. Estos últimos incluyen los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos imputados -este último delito solo a 8 de los 12-- a los miembros de los CDR procesados por la Audiencia Nacional.

Se trata en concreto de las personas encuadradas en la denominada 'Operación Judas'. Todos ellos, según el juez Manuel García Castellón, formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica, una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

Entre los beneficiados por la amnistía se encontrarían también los imputados en la causa que el mismo magistrado de la Audiencia Nacional instruye sobre Tsunami Democrátic, y en la que se encuentra pendiente de cuantificar el impacto de sus acciones.

De hecho, Sumar recoge en su dictamen el alcance de sus acciones, recordando que la concentración masiva en el Camp Nou de diciembre de 2019 -supuestamente promovida por Tsunami- llevó a la imputación penal de "más de 700 personas". "Los cortes de carretera, por su parte, dieron lugar a más de 250 causas", asegura el partido.

El dictamen también propone incluir en la amnistía los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas, así como la infracción de diversos artículos de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o de la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana.

El dictamen llega en plenas negociaciones para la investidura de Sánchez

La propuesta de Sumar se produce en un momento clave para las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que depende del apoyo de ERC y Junts, dos formaciones que reclaman la amnistía como condición para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, el PSOE se ha mostrado reticente a avalar esta medida y ha insistido en que debe ser "impecable" con la Constitución.

El propio Sánchez ha afirmado este martes que no conoce el contenido del dictamen de Sumar y que espera que sea "respetuoso con el marco constitucional". El presidente en funciones ha asegurado que su prioridad es "recuperar la convivencia" en Cataluña, pero ha evitado pronunciarse sobre la viabilidad jurídica o política de la amnistía.

Por su parte, ERC y Junts han valorado positivamente el gesto de Sumar, pero han advertido de que el dictamen jurídico no es suficiente para desbloquear la situación. Ambos partidos han exigido al PSOE que se comprometa con una ley de amnistía efectiva y que garantice su tramitación parlamentaria. Así, han instado a Sánchez a dejar de lado las "excusas" y a asumir su responsabilidad.

El dictamen jurídico presentado por Sumar es solo un primer paso para elaborar una proposición de ley sobre la amnistía, que aún debe ser consensuada con los demás grupos parlamentarios. La formación morada ha asegurado que no tiene intención de "colgarse medallas" ni de tener el "copyright" sobre esta iniciativa, sino que pretende contribuir al diálogo y a la solución del conflicto catalán.