El grupo parlamentario Sumar ha dado un paso más en su agenda laboral al preparar una proposición de ley para limitar la capacidad de las comunidades autónomas en materia de horarios comerciales. La iniciativa, impulsada por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, busca poner fin a lo que considera una “barra libre” que permite la apertura generalizada de comercios en domingos y festivos, especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid.
La propuesta llega en un contexto marcado por el modelo liberal implantado en Madrid bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, cuya normativa de 2012 permite a los establecimientos abrir sin limitaciones cualquier día del año. Este sistema, defendido históricamente por el Partido Popular como motor económico, ha sido duramente cuestionado por Sumar, que considera que prioriza el consumo frente a los derechos laborales y la conciliación.
Ibáñez ha argumentado que el aumento del trabajo en domingos no responde a un avance social, sino a una dinámica que precariza las condiciones laborales, especialmente en sectores feminizados. Según ha explicado, esta situación dificulta la conciliación familiar y reduce el tiempo de descanso, afectando de forma directa a la calidad de vida de los trabajadores. Aun reconociendo que el domingo puede ser el único día disponible para algunos consumidores, ha insistido en la necesidad de abrir un debate sobre los límites de este modelo.
La reforma que prepara Sumar pretende, por tanto, recortar la autonomía de las comunidades en este ámbito y establecer un marco más restrictivo que garantice el equilibrio entre actividad económica y derechos laborales. En este sentido, Ibáñez ha lanzado un mensaje directo a los partidos conservadores, apelando incluso a su identidad ideológica: ha defendido que el domingo debería ser un día de descanso y no de consumo masivo.
El debate sobre los horarios comerciales se produce en paralelo a otra tensión dentro del Gobierno de coalición, esta vez relacionada con la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Esta iniciativa busca evitar la manipulación de las horas trabajadas y permitir a la Inspección de Trabajo realizar controles en remoto, una medida que Sumar considera clave para combatir el fraude laboral.
Sin embargo, la propuesta no ha contado con el respaldo del Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, ni del Consejo de Estado, que ha emitido un informe desfavorable. Desde Sumar han criticado duramente esta posición, acusando a Economía de haber presionado para frenar la reforma y cuestionando la lealtad del PSOE en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno.
Ibáñez ha sido especialmente duro en este punto, denunciando que el bloqueo de la reforma favorece el mantenimiento de prácticas laborales abusivas. Según su análisis, España sigue registrando un elevado número de horas extras no remuneradas, lo que evidencia un problema estructural en el mercado laboral. En este sentido, ha advertido del riesgo de asumir discursos próximos a la patronal y a la derecha política, que minimizan estas situaciones. La iniciativa sobre los horarios comerciales y el conflicto por el registro horario reflejan, en conjunto, una disputa más amplia sobre el modelo económico y social en España.
