El año que viene es año electoral, con lo que no es disparatado empezar a hablar de sprint final de legislatura. En los próximos meses Sumar centrará sus políticas dentro del Gobierno de coalición en vivienda, uno de los ámbitos en los que ha intentado hacerse fuerte y que no le ha traído pocas diferencias con el PSOE, o en el aspecto laboral. Así lo reflejó el movimiento en la reunión mantenida el pasado lunes en aras de ver qué rumbo tomarán los próximos meses.
Con esta hoja de ruta los magentas intentarán, por un lado, demostrar que son una fuerza de peso y que lo han sido durante estos años y, por otro, insuflar ánimos en un “momento anímico muy difícil”, en palabras esto último del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
En Sumar consideran que el momento que atraviesan los socialistas tampoco es sencillo, con las investigaciones en curso y los escándalos que han afectado a exdirigentes del partido que han sido condenados, como el que fuera responsable de Transportes, José Luis Ábalos.
En la práctica, la forma de exhibir músculo con sus socios pasa por sacar adelante cuestiones relativas al problema habitacional o relacionadas con el trabajo, como se ha señalado. En concreto, esperan que el PSOE ceda en puntos del macro decreto sobre la vivienda, por ejemplo. Más en detalle, fuentes autorizadas reflejan a Público que el partido de Pedro Sánchez estaría más proclive a incluir la prórroga de alquileres.
Otro de los compromisos de Sumar tiene que ver con la reforma del registro horario. La intención de las siglas pasa porque este se apruebe antes de verano y aseguran que están ya buscando un acuerdo con el Ministerio de Economía para conseguirlo y viendo qué elementos del texto se pueden perfeccionar aludiendo al informe del Consejo de Estado. Con todo, no se plantearían cambiar los elementos centrales de la norma.
Los esfuerzos de la izquierda alternativa pasan también por dar la batalla en los Presupuestos Generales del Estado en lo que respecta a la prestación universal por crianza. “Es el principal mecanismo para erradicar la pobreza infantil en este país. Tenemos la evidencia científica, tenemos la evidencia económica y tenemos un clamor social para conseguirlo”, pronunció Bustinduy el pasado lunes durante la reunión de Sumar en el Congreso.
"Campaña orquestada para desmoralizarnos"
Durante el encuentro, el responsable de Consumo llamó al resto de ministros, diputados y dirigentes de la coalición a “abandonar toda resignación” y evitar que cuaje “la campaña orquestada que se ha puesto en marcha para desmoralizarlos” y que “renieguen de su legado”.
“La legislatura es difícil, el momento político es adverso, el mundo va como va, pero no hay muchos países que estén a la vez defendiendo el orden multilateral, denunciando el genocidio en Gaza o la guerra ilegal en Irán, y que a la vez estén apostando por ampliar la red de protección social como estamos haciendo en España”, indicó.
En la misma línea se pronunció el líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, que en su caso reivindicó la “impugnación y no la resignación”. “No nos da la gana que el autoritarismo entre en nuestro país”, sostuvo, si bien quiso dejar claro que “al fascismo no se le combate diciendo ‘que viene el lobo”, sino sacando adelante medidas progresistas. Aquí, evidenció que la prioridad de cara a esta recta final de la legislatura, y también de cara a las cuentas generales, ha de ser “vivienda, vivienda y vivienda”.
En esta dirección, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pretende que los próximos presupuestos sean “los más sociales de la historia” y que tienen que incluir nuevas partidas para la construcción de vivienda pública. Entretanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que los números deben dar “certidumbres” ante el acceso de todo el mundo a un techo.
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