España

Sol amanece pendiente del Congreso y de las amenazas de Ayuso de desalojar la acampada por la vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este jueves que recurrirá a la Justicia para levantar la manifestación

Manifestantes por la vivienda en la Puerta del Sol. EP
Manifestantes por la vivienda en la Puerta del Sol. EP

La que será recordada como la semana de la vivienda llega a su día de más tensión. La Puerta del Sol amanece este viernes con todos los ojos puestos en la Carrera de San Jerónimo, donde un paseo de cinco minutos desde la plaza en el corazón de Madrid conduce al Congreso de los Diputados. De allí, los miles de acampados esperan que salga el ‘sí’ a los dos decretos anunciados por el Gobierno el martes que, a pocas horas de empezar la sesión extraordinaria, sigue sin estar asegurado.

Los manifestantes llevan presionando a los partidos desde Sol desde el pasado sábado, y su estancia frente a la Real Casa de Correos podría tener las horas contadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves que va a pedir a los tribunales que ordenen el desalojo cautelar de los miles de jóvenes y activistas que acampan frente a su despacho. Su partido le dio un ultimátum de 48 horas a la Delegación del Gobierno central, al que exigen que aplique las competencias para movilizar a la Policía que no tiene el Ejecutivo regional.

Queda esperar a que se confirme que han presentado el recurso contencioso-administrativo anunciado por Ayuso en la Asamblea de Madrid, para desalojar, según ella, a “sus señorías saltimbanquis con Macintosh”, y que se pronuncien los jueces. La presidenta calificó la acampada como “ocupación ilegal” y anunció que pedirá “medidas cautelarísimas para la inmediata disolución”.

Los bulos de Ayuso y Almeida se convierten en amenaza

“Y si no les importa”, dijo antes de soltar su infame calificativo, “por favor, que desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias”. La acampada de Sol, que no ha dejado de crecer desde el sábado hasta ocupar la mayor parte de la plaza, no bloquea ninguna vía por la que puedan pasar vehículos de emergencia, y ha respetado en todo momento el cordón que protege la entrada a la sede del Gobierno de Ayuso.

Este bulo difundido por la popular en sede parlamentaria se suma al grito que puso en el cielo el miércoles José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid envió un informe al delegado del Gobierno con supuestas “pruebas” del peligro que suponen los movimientos de vivienda para la seguridad del municipio. “Adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas, cuchillos de grandes dimensiones y posiblemente hornillos”, enumeró.

Esas peligrosas armas blancas aparecen documentadas en el informe, en el que se puede ver cómo los acampados utilizan estos cuchillos para cortar rebanadas de pan y untarles humus por encima. A la apetecible merienda que denuncia Almeida se suma que, debido a la dificultad para clavar piquetas en el suelo de cemento de Sol para fijar las tiendas de campaña, los manifestantes están utilizando para este cometido los adoquines, a los que atan cuerdas y aseguran con el peso de garrafas de agua, como muestra claramente el dossier difundido por el propio alcalde.

Todos los ojos en el Congreso

Mientras esperan a que los jueces se pronuncien sobre la denuncia de Ayuso, y que Almeida no ordene la Policía Municipal requisar sus botes de humus, los movimientos de vivienda esperarán el desenlace de la sesión extraordinaria en el Congreso, prevista a partir de las 11:00 horas. Los dos decretos aprobados por el Gobierno para apaciguar a las calles llegan a la Cámara Baja con un futuro incierto, que podría ser el de morir a las pocas horas de haber entrado en vigor.

PSOE y Sumar acordaron aprobar dos textos. Uno incluye bonificaciones fiscales a caseros e inquilinos, la prohibición de desahuciar a vulnerables hasta 2030, la limitación de las compras especulativas de los fondos buitre hasta el mismo año, y ayudas para la construcción y la compra de viviendas, entre otras medidas. El otro solo tiene la medida más relevante para los acampados, la prórroga automática de los contratos de alquiler para, en la práctica, convertirlos en indefinidos, que entró en vigor este jueves.

Cuando el martes los presentaron, por un lado, la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, y por el otro, los cinco ministros de Sumar; se daba por hecho que el segundo decreto había sido cercenado del resto de medidas para que la derecha lo tumbara este viernes, en la sesión que pidió el Ejecutivo. Sin embargo, a pocas horas de que comience, el primero de los decretos tampoco tiene asegurado el ‘sí’ del Congreso.

Podemos anunció que haría lo que le pidieran los movimientos de vivienda acampados en Sol y en otras plazas de España. Pese a que la mayoría de las organizaciones critican los decretos -especialmente el primero- por ser insuficientes, el Sindicato de Inquilinas pidió el voto a favor de los partidos a ambos. Esto despejó la duda sobre los morados, pero la pieza que falta en las matemáticas parlamentarias del Gobierno sigue siendo, como de costumbre, el ‘sí’ de Junts y el PNV, ya que el del Partido Popular ni está ni se espera. No obstante, el PNV ya ha anunciado que no apoyará el decreto de los alquileres indefinidos, aunque el primero sí.

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