El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados a petición propia para dar cuenta de la evolución de diferentes ámbitos. Las materias abordadas el Consejo Europeo, principalmente la crisis comunitaria de la vivienda; la situación legislativa actual, una vez confirmada la ruptura de Junts per Catalunya con la coalición; y los avances en materia de lucha contra la corrupción, especialmente relevante con las visitas a los juzgados que protagonizan actualmente los dos principales partidos, han vertebrado el discurso. Sin embargo, el mayor choque ha llegado en el último de los puntos: la situación de los servicios públicos.
La gestión de casi la totalidad de los servicios públicos está depositada en manos de las Comunidades Autónomas, mayoritariamente bajo dominio de gobiernos del Partido Popular (PP), y la apuesta decidida por el neoliberalismo privatizador está detonando profundas crisis que el jefe del Ejecutivo no ha querido dejar pasar. La crisis de cribados del cáncer, que se ha extendido desde Andalucía hasta Madrid, derivada de un abandono del servicio público en favor de servicios privados; la decadencia educativa, con barracones hechos centros y sin plazas de guardería; o la renuncia al cuidado de la dependencia, con ancianos hacinados en residencias y sin profesionales, han servido como ariete.
Hay gobierno de CCAA usando dinero de la gente para satisfacer a las élites
Miles de millones de euros más (300.000 millones adicionales) ha destinado el Gobierno central a las autonomías desde la coalición llegó a la Moncloa. Concretamente, 40.000 millones más a Sanidad, un incremento del 41% del presupuesto educativo o un incremento de 8.116 millones para dependencia. “Si el Gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, ¿por qué en muchos lugares las listas de espera y la calidad del servicio están empeorando?”, se ha preguntado Sánchez, quién se ha respondido al momento: las CCAA están usando ese dinero para hacer negocios privados.
“Hay gobiernos autonómicos que están usando el dinero de la gente para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizás sean legales pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país”, ha cargado el jefe del Ejecutivo, señalando expresamente a la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su homólogo de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Ambos responsables de un incremento disparatado de las derivaciones y el presupuesto que recala en clínicas privadas, mientras las listas de espera de la sanidad pública no paran de crecer.
Una forma de corrupción que hace daño a la mayoría
"Partidos políticos que recortan y privatizan los servicios públicos a cambio de favores o apoyos económicos de amplio espectro”, ha denunciado directamente lo que considera un tipo de corrupción. “Es posible que esta forma de corrupción no sea ilegal, en sentido estricto, pero es absolutamente inmoral y hace un daño tremendo a la mayoría de nuestro país", ha expuesto. "Se sufre a diario en las listas de espera, en las aulas, los hospitales masificados, la falta de plazas en escuelas infantiles públicas, en las residencias de mayores y en los bolsillos de millones de españoles de clase media y trabajadora", ha desarrollado.
Frente a la venta de lo público
El mandatario socialista ha presentado datos de múltiples territorios, gestionados todos ellos por la alianza de extremas derechas de PP y Vox, para exponer lo que considera un proceder para nada casual. “Lo que quieren es que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a una clínica privada, pagada por con los impuestos de todos, o con el dinero de su propio bolsillo”, ha espetado.
“No es por casualidad, ni por imposición de Bruselas, ni por la presión inevitable de una recesión económica. Es el resultado de un plan premeditado de las derechas para desmantelar nuestro Estado del Bienestar […] Un plan para proteger el negocio privado de unos, aunque eso implique dañar los intereses de la mayoría social”, ha achacado la decadencia de los servicios públicos en CCAA como Madrid o Andalucía. “Ya no son los hombres de negro los que recortan nuestros servicios públicos, son los hombres del azul del Partido Popular”, ha lamentado Sánchez.
No vamos a dejar a PP y Vox destruir la España de lo público
“Allí donde gobiernan”, ha resumido, “las derechas están replicando la política de recortes y privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional con el objetivo evidente de desmantelar lo público y convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada”. Sin embargo, ha asegurado que la coalición “no va a dejar pasar ni una más”. “Hasta aquí hemos llegado”, ha garantizado. “Vamos a exigir a las CCAA transparencia absoluta […] Vamos a defender con uñas y dientes el Estado del Bienestar […] Y cada incumplimiento que veamos, si no hay acuerdo, lo defenderemos en los tribunales”, ha advertido.
Porque defender España no es cantar himnos a pleno pulmón, ni pasear la bandera del aguilucho, ni invertir un 5% de nuestro PIB en armamento, ni criminalizar a los inmigrantes […] Defender España es apostar por esas escuelas públicas que abren cada mañana, mejorar esos centros públicos de salud que nunca cierran ni cerraron en lo peor de la COVID, invertir en esas residencias en las que las cuidadoras públicas llaman por su nombre a quienes ya casi no recuerdan el suyo”, ha contrapuesto. “Esa es la España que más merece nuestra defensa […] La España que nos iguala y nos integra […] La España de lo público y que PP y VOX no van a destruir porque no les vamos a dejar”, ha concluido.
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