El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en condición de candidato a la investidura designado por el rey, pisará el acelerador durante esta semana para atar los apoyos necesarios para su reelección. Ha llegado el momento de la verdad, una vez transcurrido el tiempo de Alberto Núñez Feijóo que el PSOE ha decidido mirar desde la frontera de saberse ganador de un fracaso ajeno.

Sánchez no será el único que avanzará en sus planes de gobernabilidad: frente a él, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, potencial socio de la nueva coalición saliente de una investidura aún sin fecha, notificará este martes su plan de amnistía para contentar a los partidos nacionalistas catalanes, quienes se erigen como condición sine qua non para que la aritmética sea favorable a los designios de la izquierda parlamentaria.

Concretamente, la agenda del presidente-candidato arrancó antes de la cumbre de la Alhambra con un encuentro bilateral con Yolanda Díaz. Un gesto de deferencia con la líder del partido más próximo a los ideales del PSOE que llegaba 24 horas después de que los magentas notificasen sus quejas y dudas sobre el proceso de investidura que se avecinó con el encargo del rey.

Hay puntos por pulir: jornada de cuatro días, endurecimiento del despido, medidas para la conciliación laboral, intervención del mercado del alquiler, cesta de la compra o subida del salario mínimo interprofesional, entre otras. No obstante, ambos partidos, aún alejados de la letra pequeña del acuerdo, son conscientes de que no hay alternativa a un entendimiento que aleje la repetición electoral del horizonte de futuribles.

El calendario del candidato

El presidente del Gobierno notificó al rey que aspira a contar con los apoyos necesarios. Ya ha demostrado hasta en dos ocasiones en lo que va de legislatura que es una opción factible: lo consiguió en la Constitución de las Cortes, atando la mayoría progresista en la Mesa del Congreso con una presidencia importante para Francina Armengol. Lo hizo, nuevamente, en la consecución del cambio del reglamento del Congreso que avalaba el uso de las lenguas cooficiales tanto en las sesiones plenarias como en las notificaciones oficiales de la Cámara Baja.

Aquellas victorias no pueden homologarse a la investidura, advierten los socios. Será una investidura cocida desde Madrid, Barcelona e incluso Waterloo, donde Carles Puigdemont se esfuerza en capitalizar los logros que deriven de las negociaciones en clave catalana. La ley de amnistía parece más cercana, aunque aún falten por alicatarse los aspectos técnicos de la herramienta, pero el independentismo catalán quiere más. El ansiado referéndum divide a las partes, y la búsqueda de eufemismos empieza a surgir: mesa de negociación para la independencia de Cataluña es el término que ha ido dejando caer Esquerra Republicana de Catalunya, socio fiable en la pasada legislatura actualmente inmerso en una guerra fratricida con los capitaneados por Miriam Nogueras en la Carrera de San Jerónimo.

Con este contexto como telón de fondo, y sabedor de que las negociaciones deberán cocinarse a fuego lento y desde la discreción, el presidente del Gobierno arranca este lunes su ronda de contactos tanto con los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso como con los agentes sociales. La primera cita de la semana será con los sindicatos -a las 12.00 horas con UGT y media hora después con CCOO-. Ya por la tarde, el plato fuerte, con una audiencia con el anterior candidato, Alberto Núñez Feijóo, en el que la renovación del CGPJ, la ausencia de pactos de Estado y las riñas del pasado marcarán la tónica del enclave.

El martes, Sánchez volverá a triplicarse para acelerar el proceso: arrancará a las 11.30 horas con el BNG, seguirá con el PNV de Aitor Esteban (13.00 horas) y despejará la tarde para escuchar a representantes del tercer sector. El miércoles, el candidato escuchará las demandas del mundo de la cultura, de la CEOE, de UPN, Coalición Canaria y ERC. El viernes, tras dejar libre el 12 de octubre, día de la Hispanidad, Sánchez sentará a la mesa a EH Bildu, Junts per Catalunya y organizaciones medioambientales.