Cuando faltan quince días para que termine el plazo de solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, el Gobierno se apunta un tanto con las cifras récord que está consiguiendo. Más de 900.000 personas han presentado la solicitud desde el 16 de abril, cuando se abrió el proceso para que los extranjeros que ya viven en España puedan obtener su permiso de residencia y trabajar de forma legal.
El Ejecutivo hace de estas cifras el principal logro de su agenda en lo que queda de legislatura, en medio de la tormenta judicial que asola al PSOE, especialmente esta semana. Moncloa reivindica su posición en cuanto a la migración, que es una de las banderas que marcaron la visita del Papa León XIV a España la pasada semana.
El mensaje les ayuda también a confrontar con el Partido Popular, que trata de sacar la cabeza por encima del Gobierno en medio del goteo de casos que asolan a los socialistas. Las cifras permiten que el Ejecutivo señale a una oposición que, en contra del criterio de las entidades sociales y de la Iglesia católica, trataron de tumbar la regularización extraordinaria. El momento es especialmente duro contra el discurso de la derecha, en medio de los pactos del PP con Vox para introducir la prioridad nacional, que precisamente discrimina a los migrantes en el acceso a servicios públicos, que ya han llegado a Extremadura, Aragón y Castilla y León y está al caer en Andalucía.
Las cifras récord de la regularización
Desde que se solicita, la Administración tiene tres meses para tramitar el expediente. Por el momento, según los datos oficiales que recoge El País, se han admitido unas 360.000 solicitudes. Este dato aún está lejos de las cifras de otras regularizaciones, pero lo que sí se ha roto ya es el récord de solicitudes. El Gobierno presentó el proceso bajo la consigna de que ayudaría a medio millón de extranjeros a regularizar su situación, por lo que las cifras actuales también deja corta esa previsión.
Además, la velocidad con la que se esperaba que se desarrollase el proceso también se ha superado. A 22 de mayo ya había más de 550.000 solicitudes, la previsión del Ejecutivo, de las que se habían admitido a trámite unas 91.000, un 16% del total. Menos de un mes después, a pesar de que se han sumado otras 350.000 peticiones, el porcentaje de aceptadas se ha disparado al 40%.
Esto también revela que el proceso para obtener la documentación necesaria para acogerse a la regularización también ha sido arduo, y que las personas que lo esperaban no han podido acceder al trámite oficial hasta ahora. Las cifras también han superado los cálculos de otras organizaciones que colaboran con el proceso. Un informe de Funcas situó en más de 800.000 las personas que viven en España en situación irregular, y algunos documentos internos del Gobierno llegaron a hablar de la posibilidad de obtener 750.000 solicitudes.
El principal cuello de botella para que las cifras tarden en aumentar está en las oficinas de Extranjería. La nómina de inmigrantes irregulares va creciendo con los años, pero las administraciones no consiguen más celeridad a la hora de conceder algunos de los trámites necesarios para estos procesos, como los que sirven para demostrar el requisito de cinco años de estancia que acredita el arraigo en el país. La última vez que hubo un proceso similar, en 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió casi 700.000 peticiones, concediendo un total de 576.506. Antes, había habido otros cinco: tres bajo el Ejecutivo de José María Aznar y dos durante el de Felipe González.
El optimismo del Gobierno y el boicot de la derecha
En esta ocasión, el proceso llegó impulsado por las organizaciones que intentan ayudar a los cientos de miles de personas que viven y trabajan en España, pero no cuentan con los mismos derechos y obligaciones que el resto. Todo se cristalizó en una Iniciativa Legislativa Popular de más de 700.000 firmas, que se presentó en el Congreso de los Diputados en 2023. Contó con el apoyo de sindicatos, patronal y la Iglesia católica. La presión de esta última fue la que hizo que el PP, en un principio, permitiera su tramitación en la Cámara Baja, en abril de 2024.
Pero ahora, presionados por la ultraderecha, los populares se oponen al proceso, y lo han tratado de combatir en los tribunales. Fueron el PP de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, Vox y otras organizaciones ultras las que lo recurrieron ante el Supremo, que les dio un jarro de agua fría a finales de mayo rechazando la suspensión cautelar, lo que quiere decir que no se cerró el proceso inmediatamente, y se dejó en manos de que el Alto Tribunal decidiera en más tiempo.
Mientras llega ese momento, en el Gobierno son “cautos y optimistas”. Moncloa valoran el buen desarrollo del procedimiento, y confían en que es necesario para sacar del empleo ilegal a cientos de miles de personas, fomentando el crecimiento del mercado laboral. Según varios estudios, el beneficio fiscal de la regularización superará los 4.000 euros por extranjero, lo que supone 1.440 millones de euros solo con las solicitudes que ya se han tramitado.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.