El Partido Popular ha añadido un nuevo argumento a su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno: la existencia de un supuesto “mercado negro” de citas, empadronamientos y trámites administrativos. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige paralizar el proceso, al que acusa de haber abierto la puerta a redes informales que se aprovechan de la necesidad de miles de personas en situación administrativa vulnerable.
La iniciativa parlamentaria sostiene que la falta de previsión del Ejecutivo ha derivado en un escenario de colapso, con largas colas en ayuntamientos, consulados y oficinas públicas. A partir de ahí, el PP construye un relato en el que vincula la regularización con la aparición de intermediarios que cobran por facilitar empadronamientos, reservar citas o agilizar gestiones que deberían ser gratuitas y accesibles para cualquier ciudadano.
Entre los ejemplos que esgrimen los populares figuran pagos de 350 euros por conseguir un empadronamiento o de hasta 600 euros por acceder a una cita previa. Para el principal partido de la oposición, estos casos demostrarían que el procedimiento diseñado por el Gobierno ha convertido “los derechos básicos” en un privilegio de pago para quienes no pueden esperar o no tienen medios para sortear la burocracia.
Del “efecto llamada” al supuesto colapso
El argumento del “mercado negro” no aparece de forma aislada. Se suma a una larga lista de reproches con los que el PP ha tratado de desgastar la regularización desde que el Gobierno decidió activar la medida. Primero fue el “efecto llamada”, una de las fórmulas más recurrentes de la derecha en materia migratoria. Feijóo ha acusado al Ejecutivo de incentivar nuevas llegadas al trasladar, según su tesis, la idea de que la irregularidad puede terminar siendo recompensada.
A esa idea se ha añadido otra: el supuesto desbordamiento de los servicios públicos. El PP ha advertido de que la regularización puede tensar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención municipal, especialmente en ayuntamientos que, según los populares, no han recibido medios suficientes para afrontar el incremento de trámites. Bajo ese enfoque, la formación conservadora intenta presentar la regularización no como una respuesta a una realidad ya existente, sino como una amenaza añadida para administraciones que llevan años funcionando con recursos limitados.
El partido también ha utilizado el argumento de la seguridad. En el Congreso, el Senado y distintos debates públicos, los populares han insistido en que el proceso no puede beneficiar a personas con antecedentes penales y han tratado de vincular la regularización con la lucha contra la multirreincidencia. Esta línea discursiva desplaza el centro del debate desde los derechos laborales, la integración o la economía sumergida hacia una asociación entre inmigración irregular y delincuencia que la derecha viene explotando cada vez con más intensidad.
Junto a ello, el PP ha llevado el asunto al plano europeo. La delegación popular ha denunciado en Bruselas que una regularización “masiva” tendría consecuencias para el conjunto de la Unión Europea, alimentaría la actuación de mafias de trata de personas y enviaría un mensaje equivocado a terceros países. De este modo, los populares han tratado de internacionalizar su rechazo y presentar una decisión del Gobierno español como un problema de alcance comunitario.
La proposición no de ley registrada por el Grupo Popular reclama la implantación inmediata de sistemas tecnológicos antifraude en la gestión de la cita previa. Entre las medidas planteadas figuran mecanismos de verificación de identidad, limitación de reservas, trazabilidad de accesos y herramientas para impedir el acaparamiento masivo de turnos por parte de bots o intermediarios.
El PP también pide una auditoría urgente del sistema de citas administrativas para detectar “disfunciones”, puntos de captura por redes informales y posibles responsabilidades en su diseño y ejecución. Además, plantea revisar el modelo de cita previa obligatoria como única vía de acceso a determinados servicios públicos, al considerar que se ha convertido en una barrera que favorece la exclusión y facilita la actuación de intermediarios.
La derecha cambia de terreno: de los derechos a la seguridad
La nueva PNL encaja en una estrategia más amplia de los populares para frenar una medida que puede beneficiar, según los cálculos oficiales, a entre 500.000 y 1,3 millones de personas. El partido ha desplegado su oposición en varios frentes: el Congreso, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los órganos parlamentarios vinculados a la seguridad nacional.
En esa línea, el PP ya impulsó en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional la creación de una ponencia específica para supervisar el proceso de regularización. La propuesta salió adelante con los votos de PP y Vox, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu se pronunciaron en contra. Junts y PNV no participaron en la votación.
El argumento del “mercado negro” funciona ahora como una nueva capa en ese mismo discurso. Los populares no se limitan a denunciar problemas de gestión, sino que responsabilizan directamente al Gobierno de haber permitido que se consoliden redes que capturan citas mediante bots o intermediarios y las revenden después a personas necesitadas de regularizar su situación.
A esa acusación se suman otras ideas repetidas por el PP en los últimos meses: que la regularización se ha aprobado “a ciegas”, que supone un “premio” a la irregularidad, que no garantiza empleo ni integración, que puede favorecer la precariedad y que puede derivar en guetos si no va acompañada de políticas públicas suficientes. El resultado es un marco de rechazo casi total en el que cada problema real o potencial —desde la cita previa hasta la presión sobre los servicios sociales— se convierte en una razón para frenar el proceso.
Una regularización convertida en campo de batalla
La ofensiva popular llega en un contexto en el que la política migratoria se ha convertido en uno de los principales espacios de confrontación entre bloques. Mientras el Gobierno defiende la regularización como una vía para reconocer derechos, aflorar economía sumergida y dar respuesta a una realidad social ya existente, PP y Vox han optado por situar el foco en el riesgo de saturación de los servicios públicos, la seguridad y el supuesto efecto llamada.
El PP sostiene que el Ejecutivo puso en marcha el procedimiento sin medios administrativos suficientes y sin prever la avalancha de solicitudes que podía producirse tras la aprobación del decreto. A su juicio, las colas registradas en distintos puntos del país serían la prueba de una “manifiesta incapacidad” del Estado para gestionar el proceso con garantías de legalidad, eficacia e igualdad.
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