Mariano Rajoy comparece este jueves en el Congreso para presentar, de nuevo, una batería de propuestas sobre corrupción y transparencia. Es la séptima vez que el PP presenta unas medidas similares. En realidad, se pueden situar ya entre sus promesas incumplidas más antiguas. Y es que el Presidente ya prometió en el primer debate sobre el estado de la Nación que protagonizó como jefe del Ejecutivo que pondría en marcha estas medidas regenerativas y a menos de un año ya para las próximas elecciones, ni una sola de aquellas promesas se ha concretado.

La ley de Transparencia, un 'bien' de la vicepresidenta
Pero esto no es algo que esté en el debe sólo del Presidente. En realidad, quien más se ha llenado la boca con la palabra transparencia ha sido a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que en los últimos días de mayo de 2013 se presentó ante los diputados para defender la Ley de Transparencia y a partir de ese momento convirtió este asunto en una de sus banderas de enganche, podría decirse, de cara al futuro de su carrera.., que cada vez parece más lanzada a cotas mayores (y por encima de ella sólo aparece un puesto).

Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso el día en el que presentó su propuesta de Ley de Transparencia. Foto Congreso.es Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso el día en el que presentó su propuesta de Ley de Transparencia. Foto Congreso.es



Entre las principales propuestas que hará Rajoy este martes estará, una vez más, la propuesta de una 'ley de ejercicio de altos cargos' con la que, al menos en teoría, se pretende dar una vuelta de tuerca más al control de las incompatibilidades y de los bienes de los altos cargos. Lo curioso es que esta ley, que ya entró en el Congreso en febrero de 2014, sigue allí, durmiendo el sueño de los justos..., por bloqueo del propio PP, que la entierra con continuas ampliaciones de los plazos de enmienda.

Una ley de limpieza.., sin efecto retroactivo
La idea de esta ley sería que se conozca en qué situación patrimonial está un alto cargo cuando llega, y en qué situación está cuando sale. La Ley de Transparencia que presentó, como decimos, Soraya Sáenz de Santamaría en 2013, no va a entrar en vigor hasta dentro de dos semanas. Y la ley de 'ejercicio de altos cargos' que quiere 'reimpulsar' Rajoy lo hará también con un pecado original: no tendrá efecto retroactivo. O lo que es lo mismo, tal y como está redactada, nada menos que 256 altos cargos, que fueron nombrados antes de que la ley se aprobara en el Congreso, no han tenido, ni tendrán que hacer públicas, sus declaraciones patrimoniales en el momento en el que ocuparon el cargo.

En este listado, que les ofrecemos en su integridad pinchando aquí, hay algunos casos que resultan especialmente llamativos por el cargo que ostentan, por su repercusión mediática, o por sus responsabilidades en el control económico de los demás ciudadanos.

Los hombres y las mujeres de la vicepresidenta
Así, y teniendo en cuenta el rédito que su 'jefa' busca obtener de ello, quien primero puede ser señalado en este 'listado de eximidos' de la transparencia es la mano derecha de Sáenz de Santamaría, su amigo personal y de su esposo, Jaime Pérez Renovales. El subsecretario de la Presidencia del que ya les hemos hablado en otros momentos en ELPLURAL.COM, precisamente por su facilidad para moverse en la 'puerta giratoria' que lleva de lo público a lo privado y vuelta, no tendrá que exponer cual era su situación económica cuando llegó al cargo.

Ni tampoco lo harán otros muchos de los que la rodean. Como su directora de Gabinete, María González Pico, o la adjunta, Edelmira Barreira.

En Hacienda exentos totales
No menos sorprendente resulta que en este 'esfuerzo' por la transparencia, el Gobierno haya decidido que no tenemos que conocer la situación de bienes cuando tomaron posesión quienes nos fiscalizan a todos. Nos referimos a todos los altos cargos de Hacienda. Por ejemplo, la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar  Platero, o el director del Gabinete del propio ministro, Felipe Martínez Rico.

Entre el listado, también sobresale que no se vayan a hacer públicas las situaciones patrimoniales y de bienes de los directores generales de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, o de la Policía, Ignacio Cosidó. O también, de la Secretaria General del CNI, Beatriz Méndez de Vigo, otro de los altos cargos que se benefician de esta opacidad, y que dependen de Sáenz de Santamaría.