La próxima declaración en sede judicial que realizará la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, estará inmersa en el foco mediático y político. Sin embargo, de ella caben destacar las principales claves que hasta el momento han trascendido de cómo será este proceso.
Begoña Gómez ha sido citada a declarar el próximo 5 de julio a las 10:00 horas de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en Plaza de Castilla, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios.
La citación de Gómez se ha acordado para que se enmarque tras las comparecencias pertinentes, además de aplazar las declaraciones previstas de otros testigos reubicándolas, por ende, al domingo 16 de junio. Este último punto resulta algo inusual, dado que no es habitual que se agenden testificales en un domingo en el marco de un caso de instrucción sin carácter de urgencia.
A puerta cerrada, grabada y con presencia de ultraderecha
Los puntos a tener en cuenta de esta citación a declarar en calidad de investigada vienen de la mano de, por un lado, que ésta se realizará de forma presencial, descartando la posibilidad de que se vaya a producir telemáticamente debido a la condición no pública de Begoña Gómez. Asimismo, la comparecencia se realizará a puerta cerrada, sin permitir el acceso de los medios de comunicación, aunque sí se grabará y, a posteriori, se facilitará a las partes interesadas.
De la misma manera, y en cuanto a la duración del juicio, podría verse alterada por diversos factores, teniendo en cuenta así que la citada a declarar no tiene la obligación de contestar a todo, pudiendo acogerse así al derecho a no declarar.
En cuanto a la parte contraria, en la sala del juzgado, además del juez instructor Juan Carlos Peinado, habrá presencia de miembros pertenecientes a grupos de ultraderecha que impulsaron la denuncia contra Gómez. De esta manera, habrá representantes de las organizaciones ultracatólicas y ultraconservadoras Manos Limpias, Hazte Oír y Movimiento de Regeneración de España, además del fiscal José Manuel San Baldomero. Por parte de la defensa, el abogado de la esposa de Pedro Sánchez, Antonio Camacho.
El juez Peinado impidió al fiscal realizar una pregunta clave
Este miércoles se ha dado a conocer a la vez que el magistrado Peinado llegó a impedir preguntar en su primera diligencia a un testigo por las pruebas de la investigación en la querella presentada por Manos Limpias. A renglón seguido, el juez vetó que la Fiscalía lo hiciera, según recoge el sumario.
El juez preguntó al periodista citado, director de El Confidencial, Nacho Cardero, que, si podía, sin entrar en detalles, señalar si conocía a los empresarios con los que se relacionó Begoña Gómez. En el momento en el que el comunicador pretendía responder a la pregunta, el magistrado vetó la contestación de éste.
A continuación, fue el fiscal quien retomó el interrogatorio a Cardero: “Sobre las cartas, ¿en su investigación se ha revelado si fueron determinantes o el grado de influencia que pudieron alcanzar?”. Volvió a ser en el momento de la respuesta del periodista cuando el juez volvió a interrumpir: “No, no conteste a esa pregunta”, reiteró, defendiendo así a que se trataba de “contenido jurídico”.
El trabajo de los investigadores concluyó con que una parte de la querella que el juez había admitido a trámite se basaba en informaciones falsas, mientras que la Guardia Civil no había encontrado indicios de delito de tráfico de influencias sobre la otra parte.
Cabe remarcar en este sentido que el informe de la UCO, del que se hizo eco en exclusiva este periódico, desvelaba que fueron varios los gobiernos autonómicos y municipales que cerraron acuerdos con las distintas empresas de Juan Carlos Barrabés, vinculado al PP y que se relaciona en el marco de la investigación de Begoña Gómez.
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