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El PSOE y Sumar han alcanzado finalmente un acuerdo para sacar adelante un paquete de medidas sobre vivienda. Después de muchas horas de negociación que han retrasado el Consejo de Ministros, los socios del Ejecutivo de coalición aprobarán todas las medidas reclamadas por el Sindicato de Inquilinas, pero lo harán fragmentándolas en dos decretos, tal y como han trasladado fuentes del socio minoritario a ElPlural. “Los partidos del Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadana y avanzar en derechos”, confirman desde Moncloa.
Por un lado, uno de los reales decretos incluirá el groso de las medidas que han ido transcendiendo, plasmando la prórroga de los alquileres, medidas para frenar los desahucios y la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones, además de las bonificaciones fiscales para caseros e inquilinos y abordajes para la vivienda pública. El otro texto contendrá la propuesta más determinante y que más conflicto genera entre los socios, la referida al establecimiento de renovaciones automáticas que, en la práctica, transforme los arrendamientos en indefinidos.
Así, Sumar intenta que se dé luz verde a todas las demandas formuladas por el movimiento de vivienda acampado en la Puerta del Sol y concentrado en otras muchas plazas de España. La fórmula utilizada, alumbrando dos normas diferentes, se ha visto en anteriores ocasiones en el seno del Consejo de Ministros, cuando alguno de los partidos, especialmente el minoritario, no ha aceptado dejar fuera del decreto principal algún aspecto. Si bien esta estrategia ha terminado por resolverse con el más ambicioso de los textos muriendo en el Congreso de los Diputados, a manos de las derechas nacionales e independentistas.
Los encargados de salir a explicar lo pactado, de lo que aún falta por conocer los detalles, serán la ministra portavoz, Elma Saiz; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; a quienes acompañará el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, previsiblemente para abordar lo relacionado con Ceuta. Destaca la no presencia de ningún miembro del Gobierno de Sumar en la comparecencia, aunque es posible que su pronunciamiento se realice desde otro emplazamiento.
En un plazo máximo de 30 días, el Congreso de los Diputados está obligado a pronunciarse sobre ambos decretos, pero lo hará antes. El reparto de sillones no confiere una mayoría parlamentaria al bloque progresista, por lo que es más que previsible que el decreto referido a los alquileres indefinidos decaiga. En el aíre está que hará Junts per Catalunya, cuyos votos son determinantes, con el otro conjunto de medidas. Sea como fuere, los acampados parecen haber decidido mantener sus tiendas de campaña montadas con vistas al fin de semana.
Votación acelerada
El Gobierno, a sabiendas del malestar social y de lo tensionado de la situación, solicitará al Congreso de los Diputados que se celebre un pleno extraordinario para la convalidación de ambos decreto el próximo viernes. Con la mayoría en la Mesa de la Cámara Baja y la pretensión de la mayoría de Grupo de abordar la problemática lo antes posible, no se espera que haya ningún inconveniente para que la cita se celebre para cerrar la semana. Una celeridad que, no obstante, da menos espacio a las fuerzas para negociar con el resto de formaciones.
Por el momento, Junts no ha aclarado si apoyará ambos, uno o ninguno de los decretos. El primero de ellos, según ha confirmado Moncloa, incluye la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. El segundo contiene la renovación automática de los alquileres.
