El PSOE edulcora en el Congreso la ley de Bildu contra los pisos turísticos ilegales

El control de los pisos turísticos ilegales vuelve a situarse en el centro del debate parlamentario. El PSOE ha registrado en el Congreso varias enmiendas a la proposición de ley presentada por EH Bildu que pretende impedir que las plataformas digitales anuncien alojamientos turísticos que no cuenten con licencia o número de registro oficial. Con estas modificaciones, los socialistas buscan suavizar algunos de los puntos más ambiciosos del texto impulsado por la formación abertzale.

La iniciativa de Bildu tiene como objetivo frenar la proliferación de viviendas turísticas que operan al margen de la normativa, un fenómeno que diferentes administraciones vinculan al encarecimiento del mercado del alquiler en muchas ciudades españolas. Para ello, el partido propone que las plataformas digitales asuman responsabilidades directas en la verificación de los anuncios que publican.

La proposición establece que empresas y plataformas intermediarias deberán asegurarse de que las viviendas ofertadas disponen de licencia turística o del correspondiente número de registro administrativo. En caso contrario, podrían enfrentarse a sanciones económicas dentro de un nuevo régimen punitivo diseñado específicamente para combatir estas prácticas.

Además, el texto plantea reforzar los mecanismos de vigilancia para detectar anuncios irregulares. Entre las medidas incluidas se encuentra la creación de una unidad especializada encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y de controlar la actividad de las plataformas digitales.

Eliminar la unidad de inspección

Uno de los puntos clave de la propuesta de Bildu se recoge en el artículo 25, donde se establece la creación de una unidad estatal dedicada a la inspección y control de las viviendas de uso turístico. Este organismo tendría entre sus funciones analizar el cumplimiento de la legislación y realizar comprobaciones periódicas a las empresas que prestan servicios relacionados con este tipo de alojamientos.

A través de estas revisiones, la unidad podría verificar si las viviendas anunciadas en las plataformas cuentan con licencia o registro oficial. La intención del grupo proponente es reforzar la capacidad de las administraciones para detectar irregularidades en un mercado que ha crecido de forma exponencial en los últimos años.

Sin embargo, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda para eliminar por completo ese apartado del texto. Según la propuesta registrada en la Cámara Baja, los socialistas plantean suprimir el artículo que contempla la creación de dicha unidad de control. En la misma línea, Junts también ha registrado una enmienda con el objetivo de retirar esta medida, lo que indica que existen reticencias en varios grupos parlamentarios sobre el alcance del sistema de inspección planteado en la iniciativa.

Las modificaciones propuestas por el PSOE van más allá de ese punto concreto. Los socialistas han registrado otras dos enmiendas de supresión que afectan a elementos relevantes del proyecto legislativo. Una de ellas propone eliminar la disposición adicional tercera, que también estaba vinculada al desarrollo de la unidad especializada de inspección.

Una normativa más amplia

La segunda enmienda plantea retirar la obligación de que el Ministerio de Vivienda - o en su caso el de Derechos Sociales y Consumo - apruebe en un plazo de tres meses un régimen sancionador específico para las empresas que incumplan las obligaciones previstas en la proposición de ley.

Desde el PSOE justifican esta decisión señalando que un régimen sancionador de este tipo debería integrarse en una normativa más amplia y completa. A su juicio, este tipo de regulación debe quedar recogida en una ley de carácter “omnicomprensivo”, que aborde de forma global la cuestión de los alojamientos turísticos y las responsabilidades de las plataformas digitales.

Además de estas supresiones, los socialistas han introducido ajustes técnicos en el texto con el objetivo de garantizar que la futura normativa respete el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La regulación de los alojamientos turísticos depende en gran medida de las administraciones autonómicas, responsables de conceder licencias y establecer los requisitos para su explotación.