El primer fallo sobre la guerra sucia contra Podemos deja una pregunta: ¿quién dio la orden?

La Audiencia Nacional ha puesto por escrito lo que durante años fue denunciado como una operación de las cloacas contra Podemos. La sentencia del caso Dina condena al comisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de prisión por entregar a periodistas de su entorno archivos procedentes de la tarjeta de un móvil robado a Dina Bousselham, colaboradora estrecha de Pablo Iglesias. El objetivo de aquella entrega, según el fallo, no era informar sobre un asunto de interés público ni impulsar una investigación policial formal, sino alimentar publicaciones dirigidas al “descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

La resolución tiene una importancia que va más allá de la pena impuesta a Villarejo. Por primera vez, una sentencia judicial da por acreditado que material robado fue utilizado para dañar políticamente a Podemos en uno de los momentos más sensibles de la historia reciente: 2016, cuando la formación de Iglesias aspiraba a superar al PSOE y a disputar el poder en España. Aquella posibilidad alteró el tablero político y encendió todas las alarmas en los aparatos del Estado y del viejo bipartidismo. La tarjeta de Dina Bousselham acabó convertida en munición contra un partido que amenazaba con romper equilibrios consolidados durante décadas.

El fallo describe que Villarejo descargó los archivos de la tarjeta en un lápiz de memoria y creó dos carpetas, denominadas “Dina 2” y “Dina 3”, antes de entregar ese contenido a periodistas de su círculo de confianza. A partir de ahí, Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones basadas en ese material. La sentencia considera probado que esas publicaciones redundaron en el descrédito de Podemos y de Pablo Iglesias. Es decir, la Justicia no solo condena una revelación de secretos: fija judicialmente la existencia de una operación de daño político construida sobre material privado sustraído.

Villarejo, condenado; la cadena de mando, pendiente

La gran pregunta que deja abierta la sentencia es evidente: ¿actuó Villarejo por cuenta propia o dentro de una estrategia más amplia? El fallo castiga al comisario como autor de la filtración, pero no llega a determinar quién impulsó, permitió o amparó la maniobra. Y esa ausencia es precisamente el punto político más relevante. Porque Villarejo no era un policía cualquiera. En el momento de los hechos era uno de los nombres centrales del entramado policial que aparece vinculado a algunas de las operaciones más oscuras de la etapa de Mariano Rajoy.

El comisario forma parte del mismo universo que la Operación Cataluña y el caso Kitchen. Tres frentes distintos, pero con un patrón reconocible: uso de mandos policiales, manejo de información sensible, filtraciones a medios afines y objetivos políticos concretos. En Cataluña se trataba de desgastar al independentismo. En Kitchen, de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas para neutralizar pruebas comprometedoras sobre la financiación irregular del partido. En Podemos, de sembrar sospechas contra una fuerza emergente que podía alcanzar el Gobierno.

La sentencia del caso Dina no afirma que Villarejo recibiera una orden directa de sus superiores para filtrar la tarjeta. Incluso señala que no consta una investigación formal encomendada al comisario sobre Podemos. Pero esa mención, lejos de cerrar el debate, lo agranda. Si no había investigación policial alguna, ¿qué hacía un comisario manejando, copiando y entregando a medios material privado de una dirigente del entorno de Iglesias? ¿Por qué ese material acabó convertido en noticias contra Podemos? ¿Quién se benefició políticamente de aquellas publicaciones?

El caso obliga a distinguir entre responsabilidad penal y responsabilidad política. La primera, de momento, alcanza a Villarejo. La segunda sigue proyectándose sobre un Ministerio del Interior dirigido entonces por el PP y sobre una cúpula policial que ya aparece bajo sospecha en otras causas. La condena resuelve una parte del camino recorrido por la tarjeta robada, pero no despeja el origen completo de la operación ni la arquitectura que pudo hacerla posible.

Una guerra sucia sin muertos, pero con víctimas democráticas

La guerra sucia contra Podemos no se pareció a las viejas operaciones de Estado manchadas de sangre. Fue otra cosa: una guerra de reputación, de intoxicación y de titulares. Una guerra sucia sin muertos, pero no sin víctimas. Su objetivo no era eliminar físicamente a un adversario, sino erosionar su credibilidad, contaminar el debate público y condicionar la percepción ciudadana en un momento electoral decisivo.

Ese tipo de operación tiene una eficacia particular porque actúa en varios planos al mismo tiempo. Primero aparece una filtración, después una noticia, luego una tertulia, más tarde una sospecha instalada en el imaginario colectivo. Aunque los hechos se desmonten años después, el daño político ya está hecho. La sentencia llega cuando Podemos ya no ocupa el lugar central que ocupaba en 2016 y cuando Pablo Iglesias ha abandonado la primera línea institucional. Esa distancia temporal también forma parte del problema: las cloacas actúan en tiempo real; la reparación judicial llega tarde.

El papel de los medios mencionados en la sentencia también merece una reflexión incómoda. El fallo acredita que Villarejo entregó material robado a periodistas de su confianza para que se elaboraran y publicaran informaciones en descrédito de Podemos. No se trata de cuestionar el derecho a publicar informaciones de interés público ni de criminalizar el periodismo de investigación. Se trata de señalar una frontera básica: cuando el origen de una información es material privado sustraído y canalizado por un policía implicado en operaciones políticas, el periodismo puede convertirse en correa de transmisión de una maniobra parapolicial.

La historia del caso Dina tuvo, además, una segunda derivada: el intento de convertir a Pablo Iglesias en sospechoso. Durante la instrucción, el foco llegó a desplazarse desde Villarejo hacia el entonces vicepresidente del Gobierno por haber conservado durante meses la tarjeta que le habían entregado periodistas del Grupo Zeta. Aquel giro judicial terminó desinflándose y el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias. La sentencia actual devuelve el caso a su eje original: el uso de material robado para atacar políticamente a Podemos.

Queda ahora la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia contra la formación morada. Allí se acumulan mensajes, testimonios y documentación que apuntan a maniobras más amplias, entre ellas montajes policiales como el dirigido contra Miguel Urbán, al que se vinculó falsamente con una supuesta financiación mediante cocaína. Son episodios que muestran que el caso Dina no fue necesariamente una anomalía aislada, sino una pieza de un engranaje mayor.

La condena a Villarejo es, por tanto, un hito, pero no un punto final. La Audiencia Nacional ha certificado que hubo una operación de descrédito contra Podemos mediante material robado. Falta saber si el ejecutor actuó solo, quién conocía sus movimientos, qué papel tuvo la cúpula policial y hasta dónde llega la responsabilidad política del Gobierno del PP. La sentencia responde a una parte de la verdad. La pregunta decisiva sigue abierta: ¿quién dio la orden?