Arranca el juicio del ‘caso Dina’: Iglesias declara como testigo con Villarejo y dos periodistas en el banquillo

La Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio por una de las piezas más controvertidas del conocido como ‘caso Dina’. En el banquillo se sentarán el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas acusados de haber participado en la difusión de información procedente de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

El procedimiento judicial busca esclarecer el recorrido que siguió la tarjeta microSD del teléfono móvil de Bousselham desde que fue sustraído en 2015 hasta que parte de los archivos que contenía comenzaron a aparecer publicados en diferentes medios de comunicación durante el año siguiente.

La vista oral arrancará a las 10.00 horas en la sede judicial de la calle Génova, en Madrid, y se prevé que se prolongue al menos hasta el jueves. Durante las sesiones declararán varios testigos relacionados con el caso, entre ellos el propio Iglesias, que entonces era líder de Podemos, y el exresponsable jurídico del partido José Manuel Calvente.

La acusación pública está representada por la Fiscalía Anticorrupción, que solicita penas de prisión para los tres acusados. En concreto, el Ministerio Público reclama cinco años de cárcel para Villarejo y tres años para cada uno de los periodistas, a quienes atribuye un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía plantea que los tres procesados indemnicen de forma conjunta y a partes iguales a Bousselham con 5.000 euros y a Iglesias con 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados.

El robo del móvil en 2015

El origen de la causa se remonta al 1 de noviembre de 2015, cuando fueron robadas diversas pertenencias de Bousselham y de su entonces pareja en un establecimiento de IKEA situado en la localidad madrileña de Alcorcón. Entre los objetos sustraídos se encontraba el teléfono móvil de la entonces asesora de Podemos.

Según recoge el auto de apertura de juicio oral firmado en su momento por el magistrado Manuel García Castellón, quien dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 6, el caso analiza el recorrido que siguió posteriormente la tarjeta microSD que había estado insertada en ese dispositivo. De acuerdo con el relato de hechos recogido por la Fiscalía, el 19 de enero de 2016 una persona cuya identidad no ha sido determinada entregó en la sede del Grupo Zeta un sobre que contenía dicha tarjeta de memoria.

El material fue examinado en las instalaciones del grupo editorial por los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, además de por un directivo de la empresa y por su presidente, Antonio Asensio. Según el escrito del Ministerio Público, tras revisar el contenido se decidió no publicar ninguna información procedente de la tarjeta. El presidente del grupo editorial optó entonces por ponerse en contacto con Iglesias al considerar que el soporte de almacenamiento podía pertenecer a su entorno político.

La copia de la tarjeta y el contacto con Villarejo

Los fiscales sostienen que, después de esa entrega inicial a Iglesias - que previamente habría visualizado el contenido en la sede del grupo editorial -, los dos periodistas acusados fueron contactados por Villarejo entre enero y abril de 2016.

El comisario, según la acusación, mantenía una relación habitual como fuente informativa con ambos profesionales. En ese contexto, siempre según la versión del Ministerio Público, los periodistas le habrían facilitado una copia de la tarjeta microSD sabiendo que se trataba de un funcionario policial en activo del Cuerpo Nacional de Policía.

La Fiscalía sostiene que los acusados conocían el tipo de archivos que contenía la tarjeta. Entre los documentos almacenados había información interna relacionada con el partido Podemos, datos bancarios, archivos de audio y vídeo y documentación de carácter personal e íntimo de Bousselham.

Entre ese material se encontraban también fotografías privadas de la exasesora y conversaciones de grupos de mensajería en los que participaban dirigentes de la cúpula del partido político. El escrito de acusación añade que Villarejo habría utilizado esa información “en abuso de sus funciones” relacionadas con labores de inteligencia policial. Según la Fiscalía, el comisario realizó varias copias del contenido y las facilitó posteriormente a periodistas de su entorno profesional.

El objetivo, de acuerdo con el relato del Ministerio Público, habría sido elaborar informaciones que perjudicaran la imagen pública de Podemos y de su entonces secretario general, Pablo Iglesias. Para sostener esta acusación, la Fiscalía recoge en su escrito varios artículos publicados durante 2016 en distintos medios digitales. Estas publicaciones, según la acusación, demostrarían que parte de los archivos almacenados en la tarjeta sustraída acabaron siendo difundidos públicamente meses después del robo del teléfono móvil.