La vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la política española y ya está empezando a monopolizar una precampaña electoral marcada por las protestas sociales, los anuncios de nuevas movilizaciones y el enfrentamiento entre los diferentes partidos del arco parlamentario, a veces muy ajenos a lo que ocurre fuera de las paredes del Hemiciclo. Con el acceso a un hogar cada vez más difícil para buena parte de la población, especialmente para los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas, la calle gana protagonismo como espacio de presión para pedir un cambio y como escenario desde el que la ciudadanía reclama soluciones.
El encarecimiento de los alquileres, la dificultad para ahorrar para una entrada hipotecaria y la escasez de vivienda disponible han puesto de relevancia una situación ya insostenible para muchos españoles. En este contexto, las movilizaciones por el derecho a la vivienda adquieren una dimensión política que trasciende las reivindicaciones sectoriales y amenaza con condicionar el discurso y la agenda de los partidos durante los próximos meses. La precampaña se desarrolla, así, entre dos escenarios cada vez más conectados, como son unas instituciones que ven lo que ocurre desde la distancia, y las calles, donde miles de ciudadanos expresan su frustración. La capacidad de cada formación para interpretar ese malestar y convencer a los votantes de que dispone de respuestas eficaces puede resultar determinante en las urnas, siempre teniendo en cuenta las diferentes posiciones ideológicas con respecto a lo que hay que hacer con el mercado de las que parte cada formación.
De la protesta y la batalla electoral...
La movilización del pasado 3 de octubre confirmó la dimensión nacional del conflicto. Decenas de miles de personas salieron a la calle en distintas ciudades para reclamar alquileres asequibles, mayor protección para los inquilinos y una ampliación del parque de vivienda pública. En Madrid, la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en unas 70.000 personas, mientras que los organizadores elevaron el cálculo hasta las 500.000. Las diferencias en las estimaciones no restaron relevancia a una jornada histórica que imploró un cambio.
Las primeras movilizaciones llegaron después de que el Congreso rechazara dos decretos de mínimos impulsados por el Ejecutivo para abordar la crisis habitacional, y fueron la seguidilla a las acampadas en diferentes puntos de España en reivindicación directa tras el desahucio de Maricarmen Abascal, recientemente fallecida a los 87 años tras ser sacada de la vivienda en la que llevaba residiendo 70 años. El bloqueo parlamentario alimentó la indignación de las organizaciones de inquilinos, que interpretaron la votación como una muestra de la distancia entre las necesidades sociales y la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas. Entre sus reivindicaciones figuran rebajas de los alquileres, contratos más estables, límites a las prácticas especulativas y una mayor intervención pública para garantizar el acceso a un hogar.
...a la huelga general
A todo ello se suma la preparación de nuevas acciones y de una huelga general por la vivienda prevista para el 11 de noviembre, una convocatoria que aspira a trasladar el conflicto más allá de las plazas y las avenidas y a implicar a otros sectores sociales. La última huelga general de 24 horas convocada conjuntamente por los principales sindicatos (CCOO y UGT) tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, es decir, hace ya casi 14 años. Esta vez, una nueva jornada de paro general de 24 horas ha sido convocada conjuntamente por CCOO, UGT y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en protesta por la crisis de la vivienda y los salarios.
La derecha también tendrá que posicionarse ante una cuestión difícil de esquivar. Aunque PP y Vox han cuestionado las medidas planteadas por el Ejecutivo, el malestar por el precio de la vivienda obliga a presentar propuestas concretas. La promesa de construir más inmuebles o facilitar el desarrollo urbanístico ya son viejas propuestas de estas dos formaciones, que deberán medirse a las demandas de quienes reclaman resultados inmediatos en sus alquileres y mayores garantías frente a los desahucios. El principal interrogante a apenas un mes de la huelga es si la movilización conseguirá traducirse en cambios legislativos y, al mismo tiempo, en una participación electoral capaz de alterar las previsiones de los partidos. El 11 de noviembre servirá para medir estos parámetros. Por ahora, la calle marca el ritmo. Las concentraciones, las acampadas y las nuevas convocatorias han desplazado otros debates que hasta hace semanas estaban sobre la mesa, como la crisis de Ceuta, y han obligado a los partidos a reaccionar ante una demanda que difícilmente desaparecerá con la campaña electoral.
Moncloa intenta recuperar la dirección
En este escenario, Pedro Sánchez ha situado la vivienda en el centro de su estrategia ante las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre y tras el revés parlamentario de sus decretos, Moncloa ha mantenido la iniciativa con nuevas medidas y aprobó el 6 de octubre otro real decreto-ley destinado a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. Con las Cortes Generales disueltas, quedaba el mecanismo de la Diputación Permanente, donde el Ejecutivo no necesita del apoyo de Junts, y se aprovechó esa vía ante las críticas de la oposición.
Pero no todo es de color de rosa: las críticas de quienes consideran insuficiente la actuación del Gobierno después de años de dificultades habitacionales son muy sonoras, y la oposición, por su parte, responsabiliza al Gobierno de no haber resuelto el problema y defiende enfoques alternativos, con mayor énfasis en el aumento de la oferta, la construcción y los incentivos al mercado. El debate no gira únicamente en torno a la gravedad de la crisis, sino también sobre quién debe asumir sus costes y qué instrumentos son más eficaces para resolverla. Por todo ello, el 29 de noviembre será una fecha clave para saber el efecto político de toda esta presión, aunque el problema seguirá existiendo después de las urnas.
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