Los presidentes autonómicos del Partido Popular, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde este martes a la quita de deuda a las comunidades autónomas, han trasladado su rechazo al anteproyecto de ley orgánica del Estado, avanzando así que darán la "batalla" tanto política como judicial para evitar que la norma salga adelante. Sin embargo, algunos de ellos no han especificado si se acogerán finalmente o no a ella.
La iniciativa estatal supondrá la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda autonómica que tienen la regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y también parte de su deuda bancaria, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común.
Conociendo la negativa previa de los territorios del PP, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la normativa no conllevará "ningún agravio con ninguna parte del territorio" ni tampoco "un beneficio" para Cataluña, y ha vaticinado que las mismas regiones gobernadas por los 'populares' que hoy repudian la condonación se acogerán en el futuro. Y es que la propuesta surge de las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura Pedro Sánchez en otoño de 2023, en un acuerdo en el que figuraba el compromiso de los socialistas de impulsar una quita de deuda para Cataluña que, al mismo tiempo, sería exportable al resto de comunidades autónomas.
Al conocerse los detalles de la iniciativa, algunas regiones como Galicia o Canarias -donde el PP no ostenta la presidencia pero sí forma parte del Gobierno, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria)-, han anunciado, una "batalla" para evitar que se lleve a cabo. Por su parte, Clavijo ha adelantado que abrirá "una batalla jurídica" y política contra el anteproyecto,
Desde Galicia, también lo ha transmitido el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, que ha dejado la puerta abierta a un frente judicial al indicar que explorarán "todas las medidas": "Lo primero que tenemos que hace es instrumentar todos los recursos a nuestro alcance para poder revertir esa situación", ha expresado.
Decisiones en el aire
En el ejemplo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, siendo la región que más se beneficiaría de la medida junto a Cataluña, ha asegurado que su Gobierno no va a "asumir" una quita de la deuda regional que responde a "una operación política" para que Sánchez "se mantenga en el poder".
Por su parte, el Madrid de Isabel Díaz Ayuso presume de que su región es la más solidaria del país al aportar el 75% del Fondo de Garantía y, sobre la quita de deuda, auguran que lo que en realidad esconde esta medida, a su parecer, es "pagar entre todos el chantaje que Sánchez le ha aceptado al independentismo para seguir en Moncloa, y que en realidad es solo el pago de las arras previo a hacernos pagar el cupo catalán", según ha avanzado El Economista.
Como también la ha criticado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha dicho que la medida es en realidad "un reparto de la deuda de los catalanes entre todos los españoles", por lo que se trata de un "mal negocio" para su región.
De la misma forma, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha negado que el dinero que se ahorrarán las comunidades al acogerse a la quita pueda destinarse a políticas sociales, como defiende el Gobierno, y ha vaticinado que la medida no llegará a recibir el visto bueno del Parlamento. Pero al ser preguntada sobre si su Gobierno se acogerá a la propuesta, la líder autonómica ha dicho no querer "entrar a hablar sobre el tema".
En la misma línea se han pronunciado los Ejecutivos de la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla y León y Extremadura, de Carlos Mazón, Fernando López Miras, Alfonso Fernández Mañueco y María Guardiola, respectivamente, que han dicho que la norma es "inaceptable por el fondo y la forma" y esconde una "cesión" y un "parche hecho a medida" de los socios independentistas de Pedro Sánchez, lo que en su conjunto es una "aberración".
Un caso diferente es el de La Rioja, donde su presidente, Gonzalo Capellán, anunció este lunes que cumplirá con la quita -en su caso, de 448 millones de euros-, a pesar de estar en contra por considerarla "injusta".
¿Cómo es el procedimiento de la quita de deuda?
Una vez aprobada la ley, la ministra Montero ha indicado que habrá un plazo "suficientemente amplio" para que las CCAA que así lo deseen se acojan a la condonación, y debe ser así, porque el Estado debe hacer una planificación de la nueva deuda que asuma, identificando qué tipo de deuda es y los plazos de devolución.
La decisión de trasladar la deuda al Estado es voluntaria y requiere diálogo y cooperación con las comunidades, según ha explicado el Gobierno. Asimismo, el procedimiento de la asunción de deuda variará dependiente de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA.
En concreto, si la comunidad no tiene deuda del FLA, debe informar sobre su cartera de deuda con terceros, quienes deben dar su consentimiento para que el Estado pueda asumir esa deuda mediante subrogación.
Si la comunidad cuenta con deuda del FLA, el Estado la va cancelando por orden de antigüedad, empezando por los préstamos más antiguos (hasta amortizar el de 2019), y luego cancelando el préstamo del FLA de 2024 y los anteriores (2022, 2023, 2022, 2021 y 2019).
La mayoría de comunidades han accedido a los fondos del FLA en algún momento durante estos años, pero no todas se han financiado a través de este instrumento, como es el caso de Madrid, por lo que la propuesta de condonación de la deuda incluye tanto el endeudamiento que mantienen las regiones con el Estado a través del FLA como parte de la deuda bancaria que puedan tener.
