El Partido Popular y Vox se niegan a condenar las soflamas fascistas que el pasado viernes, 21 de noviembre, se escucharon por las calles de Madrid en una manifestación capitaneada por la Falange Española con motivo de los 50 años de la muerte de Francisco Franco, que se conmemoraban el día anterior.
Los asistentes a la marcha atestaron proclamas contra el Gobierno salido legítimamente de las urnas y el sistema democrático en un recorrido en el que dejaron claro por su añoranza con una dictadura que coartaba las libertades. Bajo el lema Contra el genocidio del 78 emitieron llegaron a desear la muerte al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al grito de “tiro en la nuca”.
Todos los grupos del Senado firmaban una declaración institucional para condenar estos hechos, a excepción de la ultraderecha y la derecha ‘popular’, tal y como demuestra el documento el que ha tenido acceso ElPlural.com.
El texto, que se reproduce de forma íntegra a continuación, cuenta con la rúbrica del Grupo Socialista, Izquierdas por la Independencia (ERC y Bildu), el Grupo Plural (Junts, Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente y BNG), PNV y la Izquierda Confederal (Más Madrid, Elvissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai). Sin embargo, no así de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ni la que encabeza Santiago Abascal.
Marcha falangista
Varias zonas de la ciudad, con especial agresividad en las inmediaciones de la sede del PSOE, Ferraz, se llenaron la semana pasada de bengalas rojas -color junto al negro de la Falange- loas al dictador y Caras al Sol.
Los socialistas recordaron que no es la primera vez que ocurría un episodio de estas características, no solo contra su casa, sino también contra la de otros partidos, mientras que el conjunto de la izquierda no dudó en condenar lo acontecido. Entretanto, Delegación de Gobierno anuncia la incoación de sanciones a quienes lanzaron las consignas.
Declaración institucional
La declaración institucional que pedía la condena a estos actos rezaba así:
El pasado 20 de noviembre grupos de neonazis y falangistas se personaron frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid en la marcha de Falange con ocasión de la conmemoración de la muerte del dictador Francisco Franco. Una movilización en la que los participantes realizaron el saludo fascista, acompañado de proclamas preconstitucionales, de la exhibición de banderas de la Falange o franquistas y en la que profirieron gritos y soflamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros tanto del Gobierno como del PSOE. Gritos como “Pedro Sánchez, hijo de puta”, “Sánchez, tiro en la nuca” y cánticos del Cara al Sol protagonizaron un episodio más de odio y violencia contra el PSOE y ante su sede.
Una manifestación al más puro estilo fascista que en una fecha tan señalada de nuestra historia reciente, 20 de noviembre, constituye un recordatorio de los “episodios más oscuros” de la historia de España. Una concentración que la Delegación del Gobierno en Madrid no autorizó y respecto de la cual ha incoado un proceso sancionador y estudia la posible existencia de responsabilidades penales al proferirse mensajes de extrema gravedad, abiertamente antidemocráticos y racistas que, además, incluían amenazas de muerte.
Unos hechos que, sin perjuicio de su gravedad, no constituyen hechos aislados, sino que constituye parte de una estrategia dirigida a “deshumanizar” al presidente del Gobierno y, por extensión, a todos los socialistas. Y que se suman a los ataques sufridos por las Casas del Pueblo y por los simpatizantes del PSOE.
Una espiral fruto de un clima del odio impulsado desde la ultraderecha y animado y beneficiado por clamoroso silencio de quienes deberían sumarse a su condena de manera rotunda, aún a costa de quebrar la España que la sociedad ha construido durante estos 50 años de democracia.
Y es que como defendimos los socialistas en la moción ante el Pleno del Senado del pasado 8 de octubre, aunque si contar con el apoyo preciso para que prosperara, la convivencia está siendo amenazada por comportamientos inadmisibles en una democracia, fruto de la más absoluta intolerancia con quienes piensan o incluso hablan diferente, atacando claramente la libertad y el pluralismo político. Son comportamientos que se focalizan en el principal partido del Gobierno de España y que, de una forma totalmente antidemocrática, reflejan que no se asume el resultado electoral del 23 de julio de 2023.
Esos comportamientos arrancan con la violencia verbal, en particular hacia el presidente del Gobierno, pero también hacia muchos miembros de su partido político. Violencia que se escucha desde las tribunas parlamentarias, en las comparecencias públicas y, de forma muy virulenta, en las redes sociales con un acoso escalofriante, especialmente cuando se dirige a mujeres, con un lenguaje denigrante que no se puede consentir. Mensajes en muchos casos guerracivilistas cuyo trasfondo agresivo, violento y hasta bélico traen a nuestra memoria evocaciones que manifiestan una estremecedora falta de respeto a víctimas como las del franquismo.
La violencia verbal es el paso previo para que se produzca la violencia física: dirigentes políticos hostigados en las redes o en la calle; cientos de sedes del Partido Socialista y de otras formaciones políticas ultrajadas, en algún caso con riesgo para la integridad física de sus mílitantes; y también, agresiones físicas y verbales a algún dirigente de esa organización.
En muchas ocasiones, el hostigamiento se ejerce desde el anonimato; en otras, agitadores de ultraderecha que se hacen pasar por periodistas (a sueldo de pseudomedios de comunicación financiados con dinero público mediante publicidad institucional por algunas administraciones), capaces de reventar ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados o no respetar la mínima intimidad de cualquier persona.
Este tipo de conductas no solo se dirigen a políticos, e incluso a los militantes de base de estos partidos políticos, sino también a profesionales de los medios de comunicación, ONGs, Sindicatos, Plataformas Ciudadanas, que son también objeto de acoso físico o en redes, tratando de amedrentar a quienes, con el amparo constitucional, quieren ejercer su libertad de informar y de opinar.
Los discursos agresivos y de odio son violencia verbal y el caldo de cultivo para la violencia física, pero hay otro comportamiento que no podemos pasar por alto: el silencio, que puede entenderse como complicidad, y la falta de condena que se convierten en una acción connivente, por cuanto los violentos no sienten ningún reproche moral por sus acciones. Los partidos políticos deben ser contundentes a la hora de condenar la violencia, con independencia del color político del agredido. Hechos como la contundente condena realizada por el PSOE ante la reciente agresión sufrida por la sede del Partido Popular en Huesca o la declaración institucional de esta Cámara del 9 de octubre de 2024 de apoyo unánime a varias eurodiputadas, diputadas y senadoras del Partido Popular ante el acoso del que fueron objeto no debe constituir la excepción, sino la norma para el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático.
Por otro lado, todo forma parte de una estrategia para desmovilizar a parte de la ciudadanía a la hora de votar y, lo que es también gravísimo, disuadir a quienes quieren acercarse a la política, como consecuencia del estado de miedo que pretende generarse, lo que supone un grave atentado contra la democracia misma.
Consideramos que estos hechos y actitudes son intolerables desde un punto de vista democrático, desde la defensa de los derechos humanos y desde los valores de la Constitución
Por todo ello, el Senado:
Condena las graves amenazas y los insultos proferidos contra el presidente del Gobierno el pasado 20 de noviembre ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como los ataques sufridos por diferentes partidos políticos, incluyendo el ataque a sus sedes, el acoso físico y virtual y las agresiones físicas y verbales a sus cargos.
Rechaza los ataques de análoga naturaleza dirigidos contra profesionales de los medios de comunicación, ONG“s, Sindicatos, Plataformas Ciudadanas y contra cualquier ciudadano o ciudadana que de manera libre y democrática quiere participar en los debates públicos.
Denuncia que dichos ataques forman parte de una campaña orquestada con el fin de atacar las bases de la convivencia democrática.
Conmina a las formaciones políticas a no usar mensajes que promuevan el odio hacia los adversarios políticos e invita a trabajar a todas las fuerzas políticas para expulsar del debate político el insulto y el odio en aras de reforzar nuestra convivencia y los valores democráticos.
