PP, Vox y Junts vuelven a tumbar el escudo social: todas las medidas que desaparecen

Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya volverán a juntar sus votos este jueves para tumbar el escudo social, como hicieran hace justo un mes. Una lista de medidas clave para la población más vulnerables se irán por el sumidero por la negativa de las tres extremas derechas de prorrogar un paquete de abordajes centrado en la vivienda, los suministros básicos energéticos, el empleo y los impuestos, las ayudas a las víctimas de las catástrofes naturales y a empresas afectadas por ellas y el aumento de la financiación para las Comunidades Autónomas.

La explicación pública otorgada para justificar imponer este castigo a las clases trabajadoras no es otra que el fantasma de la okupación, en el caso de PP y Junt. Por su parte, Vox, que vota sistemáticamente en contra de toda medida que sea presentada por el Gobierno, ni siquiera se molesta en explicar el porqué, pues no lo hay. Con este movimiento, los únicos que podrán hoy respirar tranquilos serán los pensionistas, que verán certificada la revalorización de sus pensiones, esta sí con los suficientes apoyos, que fue separada del ómnibus para su aprobación.

Lista de medidas de vivienda que caerán

La principal de las medidas, por su afectación, que se verá afectada por el voto en contra de la triple entente será la suspensión de desahucios y cortes de recursos básicos contra familias vulnerables. Esta moratoria da cobertura a más de 60.000 familias, la mayoría de ellas con menores a cargo, de cara a que no puedan ser desalojadas sin tener una alternativa habitacional, compensado la renta al propietario, ni ser víctimas de cortes de los suministros básicos (agua, luz y gas) con los que las multinacionales energéticas engrosan sus beneficios.

La pinza de nacionalistas centra en esta cobertura su voto en contra, pese a que se han introducido modificaciones, con respecto al texto de hace un mes, que excluían a los propietarios de una o dos viviendas de la afectación. Es decir, aquellos caseros que gozasen de una o dos viviendas en régimen de alquiler no tendrían obligaciones acarreadas por esta moratoria, sino que correspondería a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia. Pero ni con esas se ha conseguido convencer a la triple entente.

Además, también en materia de vivienda, decae la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 del plazo para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos con un gran tenedor de por medio, la continuación con el traspaso de dinero a CCAA para el impulso de viviendas sociales y la compensación a propietarios contemplada en los 300 millones de euros en avales. En lo referido a suministros, el bono social energético no se prorrogará ni se flexibilizarán los requisitos para ser considerado un operador de hidrocarburos fiable.

Golpe al empleo y el alivio impositivo

Otra de las pata que se verá tocada será la del empleo. Con la muerte del decreto ómnibus, las empresas que reciban ayudas y subvenciones públicas -paguitas en el idioma de los que votan este jueves en contra- dejarán de tener la obligación de no despedir mientras reciben dinero de todos los españoles. Los autónomos, por su parte, no podrán acogerse régimen de módulos del IRPF e IVA ni al régimen simplificado y especial para el sector primario porque no se prorrogarán los umbrales de facturación.

Tampoco se sostendrán las bonificaciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos o para la instalación de parques de recarga, las deducciones contempladas por realizar obras de mejora de la eficiencia energética, ni la exención de tributar por IRPF las indemnizaciones por daños causados por incendios forestales. Para las empresas tampoco se permitirá más que las pérdidas sufridas durante la Covid-19 (2020 y 2021) no computen a efectos de disolución ni que no se tengan en cuenta las pérdidas provocadas por escenarios naturales inesperados para la disolución.

Ni ayudas a la DANA ni más financiación

Además de todo lo citado anteriormente, el alargamiento de la vida de las ayudas directas y a la reconstrucción para personas, empresas y municipios afectados por la DANA y la exención en el IRPF y el Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas a las personas afectadas por esta catástrofe también morirán este jueves.

Asimismo, las Comunidades Autónomas, en gran mayoría gobernadas por el PP, y los Ayuntamientos dejarán de percibir millones de euros para destinar a servicios públicas y a la ciudadanía al no aprobarse la actualización de las entregas a cuenta para estas administraciones. Tampoco verá la luz el régimen de endeudamiento autonómico.