Los pactos entre Partido Popular y Vox siguen a la orden del día. El último ejemplo de estos acuerdos y sus consecuencias se ha producido en el Parlamento de La Rioja, donde derecha y extrema derecha se han aliado para aprobar la derogación de la Ley de Protección Animal autonómica. Una iniciativa que ha sido propuesta por los populares y respaldada por los dos diputados de Vox. En este sentido, los dos representantes ultras no han dudado en aprovechar la dependencia del PP para pedir que esta medida no sea un “lavado de imagen” y se deroguen otras, insistiendo especialmente en la Ley de Violencia de Género.

Para ser más precisos, el portavoz de Vox, Ángel Alda, ha afirmado que derogar una ley con un "efecto tan limitado" es un "lavado de imagen" del PP, por lo que han instado al presidente popular, Gonzalo Capellán, a presentar unos “plazos para derogar otras leyes ideológicas”, citando expresamente medidas como la Ley de Igualdad, la Memoria Democrática, la Ley Trans, de Cambio Climático y Contra la Violencia de Género.

De esta manera, Alda ha mostrado su "agrado" y ha confiado en que "esto sea algo más que un gesto" y el Partido Popular "se aleje de los planteamientos auspiciados por la izquierda”. “No somos el enemigo, pero nos tratan como tal”, ha sentenciado la dirigente ultra.

Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento riojano, Cristina Maiso, ha defendido la tramitación por vía de urgencia, y en lectura única, por la "simplicidad" de la proposición de ley de derogación de esta ley, dado que sólo tiene un artículo. Así, ha justificado la decisión argumentando que la norma “está generando muchos problemas y no está sirviendo a la finalidad para la que nació” y que dicha “inseguridad” hace que la ley “no pueda permanecer ni un minuto más”.

“Estamos aquí porque el PP tiene el mandato de hacer cambiar las cosas”, ha subrayado, añadiendo que derogar esta ley “es mucho más urgente que declarar un parque natural", en relación a la Ley del Parque Natural del Alto Najerilla aprobada por el pasado Gobierno socialista. En este sentido, Maiso ha anunciado que los populares “fomentarán un proceso para tener una buena ley que respete a los animales y los derechos de los sectores que trabajan en ellos", sin dar más datos.

Además, uno de los argumentos utilizados para justificar la derogación es que la ley autonómica entra en contradicción con la estatal, que estará vigente a partir de septiembre de este año, y que no se ha logrado “reducir el abandono animal”. Un ejemplo de esto es que la ley autonómica no diferencia entre animales de compañía y animales destinados a actividades específicas como deporte, pastoreo o caza, mientras que la ley estatal sí establece esa distinción.

En concreto, el primer "desajuste" que ha citado Maiso es que "no diferencia entre animales de compañía y de uso". "En La Rioja no queda excluido ningún animal y la nacional excluye los usados en actividades específicas, deportivas, pastoreo o de caza", ha indicado.

En cuanto a la esterilización, ha explicado que la “ley riojana marca su obligación y la estatal dice que se promocionará”. Con respecto a la muerte de un animal, la autonómica indica que será necesario un certificado veterinario que determine que no ha habido signos de violencia, cuando la estatal sólo marca la baja por muerte.

Duras críticas entre los partidos de la izquierda

Una derogación que ha generado un profundo malestar entre los diferentes partidos progresistas del parlamento riojano. De esta manera, el socialista Jesús María García ha denunciado la “metamorfosis” de Capellán, quien anunció una actitud "impecable" pero ha presentado una proposición para derogar derechos. “No sé si se da cuenta de que está menospreciando el trabajo de la sociedad riojana", le ha dicho, señalando la presencia de la Asociación Protectora de La Rioja, que hizo un esfuerzo "encomiable" para presentar la ley frente al Parlamento, con el respaldo de 24.000 firmas.

Además, ha afirmado que esta acción también desvaloriza el trabajo de los diputados de la pasada legislatura, quienes dedicaron dos años y siete meses a la elaboración de ponencias y enmiendas, algunas de ellas acordadas entre varios partidos. "Hay personas, aunque sean minoría, que tratan a los animales como si estuvieran en campos de concentración, y ahora les dan vía libre", ha recriminado.

Para la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, esta es "la primera de las vergüenzas del Partido Popular", ya que están derogando una ley que fue resultado de una iniciativa legislativa popular, una ley que importaba a los ciudadanos. Ha agregado que esta acción se lleva a cabo de manera apresurada porque "querían anunciarlo durante la campaña electoral". Ha cuestionado a Capellán sobre si considera que están gobernando para unos pocos. Moreno opina que al PP parece no importarle el bienestar animal y considera que podrían haber optado por la opción de reformar la ley.

Por su parte, el diputado de Podemos, Raúl Pérez, ha advertido al presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, que está comenzando la legislatura por un camino muy peligroso y ha considerado que traen la derogación de una ley que surgió de una iniciativa legislativa popular y lo hacen de manera urgente, mediante una lectura única.

Además, Pérez ha calificado la derogación como una "chapuza" porque la Ley de Protección Animal estatal entrará en vigor el 29 de septiembre. Hasta entonces, existe un "vacío legal sin precedentes en La Rioja" y se abre la posibilidad de sacrificio, abuso y maltrato hacia los animales. “Puedes juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales”, ha sentenciado, parafraseando a Paul McCartney.

La polémica ley estatal entrará en vigor el 29 de septiembre

Por últimos, estas críticas del PP y Vox se asemejan a los argumentos escuchados durante la tramitación de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales en el Congreso, la primera norma estatal sobre un tema que ya estaba regulado a nivel autonómico. Dicha ley, aprobada en marzo, ha sido objeto de diversas controversias, desde un primer borrador que generó descontento entre cazadores y veterinarios hasta cambios posteriores, como la exclusión de los perros de caza, que desilusionaron a los defensores de los derechos de los animales.

Entre las novedades que presenta la ley estatal, que se aplicarán independientemente de las normas autonómicas, se incluyen la obligatoriedad para todos los dueños de perros de realizar un sencillo test de conocimientos caninos y contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, se establece la esterilización obligatoria de todos los gatos, excepto aquellos registrados en un registro estatal de criadores, y se prohíbe la venta de gatos, perros y hurones en tiendas de animales. Esta ley entrará en vigor el 29 de septiembre.