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El Partido Popular ha recurrido a sus alcaldes para reforzar las candidaturas al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una decisión con la que Alberto Núñez Feijóo busca incorporar a dirigentes con experiencia municipal, pero que choca con el régimen de incompatibilidades recogido en los propios estatutos de la formación, que impide simultanear un escaño en la Cámara Baja con la alcaldía de municipios de más de 20.000 habitantes.
Entre los nombres más destacados figuran Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de lista por Barcelona; María José Catalá, alcaldesa de Valencia; Pilar Miranda, regidora de Huelva; y Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Todos ellos concurrirán a los comicios como candidatos al Congreso, pese a que sus respectivos municipios superan ampliamente el límite de población establecido por el partido.
La contradicción aparece recogida expresamente en el artículo 12 de los estatutos del PP, aprobados en 2025, que establece que la condición de diputado al Congreso o al Parlamento Europeo es incompatible con el cargo de alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes. Se trata de una restricción interna que va más allá de la legislación electoral española, que sí permite compatibilizar ambas responsabilidades.
No obstante, los estatutos contemplan una vía para sortear esta prohibición. El mismo artículo permite autorizar excepciones en supuestos extraordinarios cuando así lo demanden los intereses generales del partido. La decisión corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, por lo que los dirigentes afectados necesitarán acogerse a esta posibilidad si consiguen un escaño y pretenden conservar sus alcaldías.
El reglamento también atribuye al Comité de Derechos y Garantías la vigilancia del cumplimiento del régimen de incompatibilidades y la resolución de las cuestiones que puedan plantearse. De esta manera, el PP dispone de mecanismos internos para permitir la acumulación de responsabilidades, aunque sus propias normas establecen que estas autorizaciones deben responder a circunstancias extraordinarias.
Feijóo recurre al poder municipal del PP
La incorporación de alcaldes forma parte de la estrategia diseñada por Génova para las elecciones del 29N. El Comité Electoral Nacional aprobó este martes las candidaturas al Congreso y al Senado, que incluyen 236 alcaldes en ejercicio, según los datos facilitados por el propio Partido Popular. No todos ellos se encuentran afectados por la incompatibilidad estatutaria, que depende tanto de la cámara a la que concurran como de la población del municipio que gobiernan.
El caso de Madrid resulta especialmente significativo. Feijóo ha incorporado a la candidatura al Congreso a Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, en el puesto 14; Rocío García Alcántara, regidora de Alcobendas, en el 16; y Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, en el 18. Las tres gobiernan municipios que superan los 20.000 habitantes, por lo que también quedarían sujetas a las restricciones internas si obtienen un escaño.
La lista madrileña incluye igualmente a Belén Rodríguez, alcaldesa de Villa del Prado, y Aránzazu Povedano, regidora de San Martín de Valdeiglesias. Sin embargo, sus municipios no alcanzan el umbral de población fijado en los estatutos, por lo que no se encuentran en la misma situación que sus compañeras de candidatura.
La apuesta por los dirigentes municipales también se extiende a la Comunidad Valenciana. Junto a María José Catalá, que encabeza la lista por Valencia, figura Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, como número dos, mientras que José Javier Sanchis, alcalde de Algemesí, ocupa la sexta posición. Ambos municipios se vieron afectados por la dana de octubre de 2024 y sus alcaldes han adquirido protagonismo político por la gestión de aquella emergencia.
La situación es diferente en el Senado. Entre los candidatos populares a la Cámara Alta figuran Gema Igual, alcaldesa de Santander; Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid; y Emma Buj, alcaldesa de Teruel. En estos casos no existe la misma incompatibilidad, ya que los estatutos del PP permiten expresamente compatibilizar la condición de senador con responsabilidades en corporaciones locales y provinciales.
La dirección popular ha defendido la incorporación de estos perfiles por su trayectoria política y experiencia en la gestión pública. El partido también ha anunciado una renovación del 60% de sus cabezas de lista al Congreso, con 31 nuevos candidatos entre las 52 circunscripciones. En el Senado, el porcentaje de renovación supera el 70% entre sus números uno.
Esta renovación también alcanza a los gobiernos autonómicos del PP. Nueve consejeros de diferentes ejecutivos regionales han sido incluidos en las candidaturas, una decisión que obligará a varios presidentes autonómicos a introducir cambios en sus equipos para afrontar la próxima legislatura.
La apuesta de Feijóo por los alcaldes responde así a una estrategia de reforzar las listas nacionales con dirigentes que ya ocupan responsabilidades institucionales. Sin embargo, el partido tendrá que decidir qué sucede con aquellos que consigan representación en el Congreso y pretendan continuar al frente de sus ayuntamientos.
Por ahora, la inclusión en las candidaturas no supone por sí misma una infracción de los estatutos, puesto que la incompatibilidad se produce al ejercer simultáneamente ambos cargos. La cuestión llegará después de las elecciones, cuando los candidatos que resulten elegidos deban optar entre sus responsabilidades o solicitar una excepción.
El PP ha situado así a varios de sus alcaldes ante una disyuntiva creada por sus propias normas internas: renunciar a una de las dos responsabilidades o acogerse a la autorización extraordinaria que los estatutos reservan a los casos en los que lo demanden los intereses generales de la formación.
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