El PP presenta su ley de vivienda: facilitar los desahucios a bancos y fondos buitres y eliminar la protección de vulnerables

El Partido Popular (PP) defenderá la próxima semana en el Congreso de los Diputados su propuesta para combatir la crisis de la vivienda. La ley presentada por los de Alberto Núñez Feijóo, que ya ha sido aprobada por su mayoría absoluta en el Senado, recoge como principales abordajes facilitar los desahucios de las viviendas propiedad de fondos buitre, bancos y empresas inversoras y eliminar casi por completo la protección de las familias, a las que se dejaría de considerar vulnerables si, entre todos sus miembros, reúnen 900 euros.

La proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística del PP contempla que las grandes fortunas especuladoras puedan acudir a un juicio verbal rápido para exigir la “inmediata recuperación” de las viviendas de su propiedad a cuyos inquilinos no reconocen, mecanismos al que, hasta ahora, tenían acceso las personas físicas, pero no las jurídicas. Además, también establece reducir la suspensión de los desahucios a un mes, en el caso de propietarios físicos, y a tres meses, cuando afecte a bancos y fondos.

El servicio del PP a los responsables directos del encarecimiento de la vivienda no se detiene ahí, sino que también acaba casi por completo con los mecanismos a los que pudiesen acogerse las familias que atraviesan peor situación. Concretamente, apuesta por reducir de 3 veces a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual máximo, que funciona como umbral para que los tribunales puedan entender que una familia se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, aunque muchas veces los jueces directamente lo obvia.

El IPREM se ubica actualmente en los 600 euros, lo que significa que cualquier hogar que lo supere 1,5 veces (900 euros) no se considera vulnerable. Los neoliberales entienden que una unidad familiar compuesta por un único adulto con varios menores, mayores o enfermos a cargo (u otras situaciones límite similares) que cobre 901 euros y con ello tenga que hacer frente al pago de la vivienda, los suministros básicos, la cesta de la compra y demás gastos no se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Eliminación de zonas tensionadas

Los favores a los especuladores no se detienen en la agilización de los desahucios y la desprotección de los vulnerables. La ley del PP también apuesta por eliminar las zonas tensionadas y el índice de los precios de referencia de los alquileres, dos mecanismos contemplados en la ley de Vivienda, impulsada en 2023, con las que se pretende contener la subida disparada de los arrendamientos cuando se renuevan los contratos. Los de Feijóo consideran que estos abordajes son perjudiciales y deben ser eliminados para incentivar el mercado.

Otras cuestiones que los neoliberales consideran que hay que fulminar son los controles a las constructoras. La propuesta establece que, en las obras de edificación de nueva construcción, si bien seguirá siendo necesaria una licencia, el transcurso de tres meses sin resolución expresa por parte de la administración competente determinará silencio positivo. Esto significa se podrá proceder con la construcción, aunque no haya una resolución expresa.

Lo mismo se contempla para los edificios existentes que alteren su configuración arquitectónica y produzcan variación de la composición general exterior, volumetría, estructura o cambien los usos característicos del edificio. Es decir, será más sencillos acometer reformas, muchas de ellas destinadas a transformar edificios destinados a viviendas habituales en nuevos emplazamientos turísticos. Además, la ley propone suprimir la referencia a los procedimientos de evaluación ambiental en la Ley del Suelo de 2015. A su vez, la propuesta plantea la creación de una plataforma para agilizar la emisión de los informes sectoriales.

Una larga lista de propuestas con el sello de las entidades bancarios y los fondos buitre que, una vez más, llega al Congreso de los Diputados de la mano del Partido Popular, que buscarán el apoyo de otras formaciones habitualmente entregadas a los intereses del capital (Vox y Junts per Catalunya). La ciudadanía, especialmente los vulnerables, no solo quedan relegados a la nada en las recetas de Feijóo, sino que son castigados por el mero hecho de ser clase trabajadora.