El PP llevará al Pleno del próximo martes en el Congreso una ley para que los asesinatos de la banda terrorista ETA sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, lo que impediría su prescripción y reforzaría la exigencia de esclarecimiento. A su vez, la ley también contempla la prohibición de los homenajes a los autores de esos atentados.

Los 'populares' recuerdan que en el año 2022 el Parlamento Europeo ya solicitó a España la aplicación de estas medidas para evitar que los crímenes de la banda terrorista queden impunes. En concreto, el Comité de Peticiones aprobó el 21 de abril de 2022 un informe sobre la existencia de 379 asesinatos de ETA aún sin resolver, que incluía una quincena de recomendaciones a las autoridades españolas.

El citado informe solicitaba la adopción de cualesquiera que fuesen las medidas necesarias para el esclarecimiento de los crímenes de ETA aún pendientes de resolución, y también para evitar su impunidad jurídica, social y moral.  Reconocer los asesinatos de la banda terrorista como crímenes de lesa humanidad también era un punto recomendado, así como condicionar los beneficios penitenciarios a que se colabore con la Justicia, e impedir los actos de homenaje a los terroristas y la humillación de las víctimas.

En su proposición de Ley Orgánica sobre Crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas, el PP señala que la correcta comprensión de la ley requiere conocer el contexto normativo europeo, "que ha evolucionado hacia un marco más sólido y coherente con el objeto de reforzar la consideración de que los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad", y "del respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, así como un ataque contra los principios de la democracia y el Estado de Derecho".

En este sentido, el PP considera "necesario" el emprendimiento de una acción legislativa que dé percha y cumplimiento a las indicaciones y peticiones del marco europeo.

Antecedentes de esta cuestión

Los de Alberto Núñez Feijóo indican en el texto que el informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se fundamenta en una visita de información realizada en España, celebrada del 3 al 5 de noviembre de 2021, en relación con los casi cuatrocientos asesinatos de ETA todavía sin resolver, que constituyen el 44 por ciento del total de efectuados por la banda.

El PP también recuerda que existe un antecedente directo que ha tenido en cuenta para el desarrollo de las medidas contempladas en la ley: otro informe del Parlamento Europeo, aprobado el 19 de noviembre de 2020, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en los ejercicios 2018 y 2019. En el mismo, pide a las autoridades españolas tomar las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo "sean humilladas por actos como los homenajes a etarras que se ha producido en los últimos años en España" y reclama que "las instituciones pertinentes", ya sea a nivel local, autonómico o estatal, "proporcionen las salvaguardas necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de los sectores sociales relacionados con el agresor".

Por otra parte, Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha presentado una interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que defienda ante el pleno las medidas que va a llevar a cabo para acabar con aquellos actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a miembros de la banda terrorista ETA.

Según puede leerse en el escrito presentado por el diputado de UPN, Alberto Catalán, los navarros argumentan que durante los últimos meses se han producido a lo largo del territorio Navarro y en el País Vasco actos en apoyo a la banda terrorista ETA, algo que, a su juicio, supone una "humillación" a la democracia y a las víctimas.

La interpelación registrada debería debatirse el próximo miércoles durante la sesión de control al Gobierno, el primero de 2024, y que tendrá lugar en el Congreso. Sin embargo, Marlaska ya ha anunciado su ausencia en esta sesión, por lo que el Ejecutivo tiene la posibilidad de posponerla si UPN está de acuerdo o transferir la responsabilidad de respuesta a otro miembro del Gobierno.