El PP lucha contra la regularización de migrantes en Europa y compra el discurso a Meloni

La decisión del Partido Popular (PP) de asumir el discurso de la extrema derecha, con la pretensión de rascar votos a un Vox que crece a su costa, es definitiva. El viraje tiene efectos clave sobre las personas migrantes, cuya regularización los de Alberto Núñez Feijóo ya aglutinan con otro conjunto de medidas para tildarla de “decadencia”. A la par, la mandamás del partido, Isabel Díaz Ayuso, se despacha a gusto calificando de “dictadura” a la democracia mexicana y otorgando la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos y su Gobierno responsable de asesinatos a sangre fría de manifestantes y migrantes.

El PP han izado la bandera de la radicalidad y alimentan el odio en España y en Europa. La ciudadanía española es de sobra conocedora del volantazo ultraderechista y en Bruselas se ha convertido ya en costumbre que los supuestos conservadores españoles voten en contra de su propio partido comunitario, como sucediera en el caso del Mecorsur o de la garantía europea del derecho al aborto. La neofascista Georgia Meolini, presidenta de Italia y del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), marca ahora el paso internacional a Feijóo, guiado en España por Ayuso.

La regulación, para la agrupación europea liderado por la ultraderechista italiana, generará un “efecto llamada” en Europa. Así consta en una carta remitida por ECR al Gobierno europeo, firmada por los dos tránsfugas del partido de Alvise Pérez, en la que se critica la medida porque "socava la credibilidad del control migratorio de la UE" y podría "desencadenar un goteo" de migración a Europa dado que "las personas regularizadas podrían acceder a la ciudadanía española y europea". En ella, además, la agrupación europea se permite ingerir en la soberanía española y tildar al país de “falta de rigor fronterizo”.

Los extremistas añaden que “en un espacio Schengen sin controles fronterizos interiores" las "regularizaciones repetidas y a gran escala" provocan un "efecto llamada", minan la confianza entre los Estados miembros en materia de gestión eficaz de fronteras y migración, y dificultan "la aplicación efectiva de los retornos" y de una política de visados condicionada. Por su parte, la Comisión respondió que “es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España".

La Comisión retrocede un paso

No obstante, la Comisión Europea ha cedido a las presiones y ha dado un paso atrás en la defensa de la soberanía de los países. Lo ha hecho puntualizando que, si bien no puede inmiscuirse en las decisiones tomadas por España, solicita a Pedro Sánchez que garantice que la aplicación de la regularización no tendrá “consecuencias negativas” en el resto de los Veintisiete, aludiendo a la posibilidad de que estas personas acaben instalándose en otro Estado de la Unión Europea.

"La migración es un reto compartido entre los Estados miembro y la Unión Europea (...). Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión", ha expuesto el comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, Magnus Brunner.

Asimismo, ha expuesto que un "permiso de residencia no es un cheque en blanco" para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y ha advertido de que existen "reglas claras" que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales, por ejemplo que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro "debe regresar al país en donde se otorgó el permiso". Tesis ya conocidas y contempladas por el Gobierno español.

"Eso es lo que esperamos ver ahora en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembro", ha remachado el comisario responsable de migración, quien ha querido dejar claro que la gestión migratoria debe responder a una "visión estratégica" del conjunto de la Unión, que garantice también una migración "segura, legal y, sobre todo, bajo control". "En una Unión de 27, las decisiones de un Estado miembro por supuesto que afectan al resto", ha zanjado Brunner su cambio de parecer.