El teléfono móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fue espiado por el sistema israelí Pegasus, según ha adelantado eldiario.es este jueves. Este caso se suma al espionaje que también sufrieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Es más, este hecho se produce cuando el grupo de investigadores Citizen Lab anunció el espionaje a distintos dirigentes catalanes, abogados y periodistas y, acto seguido, se activaron las alarmas para analizar los dispositivos de los miembros principales del Gobierno central. El Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), continúa con las labores de investigación sobre el caso, ya que el resto de ministros continúan a la espera de conocer los resultados. 

Contexto en el que actuó Pegasus contra el Gobierno de España

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, alertó de que se produjeron “intrusiones consumadas” con una “extracción de un determinado volumen de datos de los terminales”, unas intervenciones por parte del software que fueron calificadas de “ilícitas” y “externas”. “Son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial de ningún organismo oficial”, detalló.

Tal y como explicó en rueda de prensa el ministro, el objetivo de Pegasus es acceder al contenido de los teléfonos móviles y a toda la información del usuario: fotografías, detalles de ubicación, correos electrónicos y conversaciones, entre más datos de interés. En el caso del presidente, Pegasus consiguió extraer 2,6 gigas; mientras que en el caso de la titular de Defensa fueron 9 megas de información.

El contexto en el que se espiaron los teléfonos de Sánchez y Robles fue en plena crisis diplomática con Marruecos en mayo por la acogida del Frente Polisario, Brahim Gali, lo que también detonó en una crisis migratoria a orillas de Ceuta con una movilización de hasta 10.000 personas. Por otro lado, coincidió a finales de junio con la concesión de los indultos a los altos mandos del procés catalán encarcelados en noviembre de 2017.