La Mesa del Parlament ha acordado este martes trasladar a Fiscalía las incomparecencias en la comisión de investigación sobre la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña del expresidente del Senado Pío García-Escudero y del exportavoz del PP en la Cámara Alta Ignacio Cosidó.
Lo ha acordado el mismo día en que ha recibido la notificaciónla Fiscalía que archiva la causa contra miembros del anterior Gobierno central y mandos policiales por no haber comparecido en la comisión de investigación sobre los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), han detallado fuentes parlamentarias.
El Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, archivó el 30 de enero esta causa, que iba dirigida contra responsables políticos y policiales durante los atentados del 17A, como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido; el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, y la actual, Teresa Cunillera, entre otros.
El fiscal concluyó que el Reglamento del Parlament dispone que las comparecencias solo pueden ser requeridas en relación a cuestiones que son competencia de la Generalitat, y consideró "extremadamente dudoso" que analizar los atentados fuera de su competencia.
Fuentes parlamentarias han señalado que, pese al archivo de estas causas, han decidido llevar a Fiscalía las incomparecencias de García-Escudero y Cosidó --en este caso, en la comisión sobre el 155, y no de los atentados-- porque el Reglamento del Parlament prevé que se dé conocimiento de estos casos.
Acuerdo del TC
Además, la Mesa también ha recibido la notificación sobre el acuerdo del Tribunal Constitucional (TC) contra el presidente de la Cámara, Roger Torrent; el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós.
La decisión del TC, que alcanzó por unanimidad el 28 de enero, acordó dirigirse a Fiscalía para que estudie si procede abrir diligencias contra ellos sobre si han podido desobedecer al tramitar resoluciones que reiteran la defensa de la autodeterminación y la reprobación de la Monarquía, tras conocerse la sentencia del 1-O.
