La corrupción es una de las materias que vertebra el debate político español históricamente, volando a un lado y otro de la red en los intercambios de reproches de izquierda y derecha sistémica, libre de abordajes decididos que frenen su propagación. Los grandes partidos y sus líderes atraviesan en la actualidad un momento de repunte de casos y la exigencia de la ciudadanía es la asunción de medidas que, de una vez por todas, frenen estas prácticas o, por lo menos, persigan y castigan con severidad a sus perpetradores. Sumar movió ficha en esta dirección, pero las derechas destrozaron el tablero.
Los magentas presentaban este martes en el Congreso la Proposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción que, entre otras cosas, pretendía funcionar como el motor de una nueva estrategia integral de combate de esta lacra e impulso de la integridad pública. Alejándose de los discursos maximalistas del “mal endémico”, “todos los políticos roban” o “tú harías lo mismo si estuvieses ahí”, el órgano tenía el mandado de fomentar una cultura de buen gobierno, prevenir e investigar posibles casos y mejorar los mecanismos de integridad de las administraciones públicas. Actuaciones que no gustan a las derechas españolas y catalana.
Una vez más, Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya ha juntado sus votos por un bien mayor a su impostada discusión nacionalista y, como hicieran con la reducción de la jornada laboral, han tumbado la iniciativa. Y es que es más rentable utilizar la corrupción como arma arrojadiza, estrategia que construye casi en solitario el actual discurso del PP, aunque solo la que puede afectar a terceros y no a ciudadanos particulares que residan con Isabel Díaz Ayuso, que trabajar para erradicarla y correr el riesgo de que manche las alfombras que presumen de limpieza.
Sea como fuere, el Estado y las diferentes administraciones se han quedado si una institución independiente y con capacidad investigadora y sancionadora propia, con multas que podían alcanzar en cotas altas el millón de euros, que persiguiese a los que se prodigan como buenos servidores públicos mientras se llenan los bolsillos con dinero público. No obstante, en última instancia, ha sido la ciudadanía la que ha perdido un mecanismo más de control que la dotase de seguridad y, de alguna manera, le permitiese recuperar la confianza en sus servidores, huyendo así de los discursos antipolíticos que difumina la triple entente ultraderechista que ha tumbado la ley.
Los cinco controles a la corrupción que recibieron el no de las derechas
Las funciones otorgadas a la oficina eran claras y pivotaban en torno a cinco bloques. El primero de ellos se refería a la concienciación y sensibilización, cuyos principales abordajes eran la difusión de valores de ética pública e integridad, a la par que velar por su cumplimiento; realizar campañas y programas de sensibilización en los diferentes niveles educativos y en las administraciones; formar al personal, elaborar guías y facilitar asesoramiento; y colaborar con los diferentes órganos competentes y e intercambiar valoraciones con organizaciones externas.
La segunda función, una de las más importantes y con mayor recorrido, era la de prevención. Identificar los riesgos de corrupción y detectar las conductas inapropiadas a través de la recolección de datos, realización de estudios y análisis, crear un sistema preventivo, elaborar estrategias y códigos de conducta, a más de “cualesquiera otras actuaciones que contribuyan a prevenir el fraude y la corrupción”, eran las principales implicaciones. Desde aquí se busca evitar la comisión del delito, que ante la sospecha de su comisión da paso a la función de investigación.
Las labores de investigación abordaban diferentes materias: casos de uso o destino irregular de fondos públicos (malversación), uso en beneficio privado, particular o de terceros, de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público que tengan o puedan tener como resultado el uso o el destino irregular de fondos públicos (información privilegiada), a infracción de los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad en la provisión de los puestos de trabajo en el sector público (prevaricación). La oficina era la encargada de investigar, realizar un seguimiento y verificar estos posibles delitos para, en caso de sospecha, tramitar las denuncias de oficio.
La cuarta de las funciones era la de evaluación, con la que se pretendía conocer el impacto de las medidas contra la corrupción existentes, proponer otras nuevas y elaborar correcciones para convertir las ya existentes eficaces. “La evaluación deberá contribuir a garantizar los máximos niveles de integridad, honestidad y transparencia en los procesos de contratación pública, convenios, encargos a entes instrumentales, subvenciones, toma de decisiones, en la correcta prestación de los servicios públicos y en la planificación y gestión eficiente de los bienes, competencias y recursos públicos”, recoge la ley.
La última función era la de protección, que buscaba velar porque los trabajadores públicos pudiesen desempeñar sus funciones, denunciar e informa de conductas corruptas de terceros manteniéndose en el anonimato, garantizándose así que no se tomasen consecuencias contra ella. Todas estas funciones nunca verán la luz, pues la oficina que las aglutinaba murió este martes a las manos de las tres derechas. Concienciar, prevenir, investigar, evaluar y proteger al que denuncia, cinco verbos que relacionados con la corrupción no gustaron a PP, Vox y Junts.
