El Gobierno de España busca impedir los ‘pelotazos’ en materia sanitaria, un ‘modus operandi’ que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso conoce bien en tanto en cuanto parte de su núcleo familiar ha acudido a él -solo hay que recordar los negocios de su hermano Tomás durante la pandemia del Covid, o los de su novio, Alberto González Amador- o al que algunas empresas han recurrido bajo su amparo.
Uno de los casos más llamativos y alarmantes que han tenido lugar en los últimos meses es el de Ribera Salud, el gigante sanitario del que El País publicaba en exclusiva que su antiguo CEO, Pablo Gallart, había pedido a los colaboradores cambiar las prioridades clínicas para obtener unos rendimientos adicionales y extraordinarios.
En otras palabras, el alto directivo de la compañía solicitaba la ampliación de las listas de espera. Además de esto, han ido saliendo a la luz distintas formas de actuación en la misma línea, como el uso de herramientas o utensilios de un solo uso que, sin embargo, se utilizaban más de una vez, al menos en el hospital de Torrejón de Ardoz.
En la región capital, la contratación ‘a dedo’ es un habitual. Tal es así que hay informes que cifran en más de los 400.000 acuerdos por esta vía al año entre 2016 y 2020. El colectivo ciudadano Audita Sanidad situaba que más del 99% de la contratación pública en materia sanitaria de la Autonomía fue menor, siendo uno de los hospitales más beneficiados el Ramón y Cajal, uno de los más importantes de Madrid y el conjunto del país.
Los puntos calientes de la normativa
Contra este modelo, resultado de la privatización que fomenta la Comunidad de Madrid, desde Moncloa se han puesto manos a la obra para acabar con ella. Para ello, derogará la ley de 1997 que aprobó el Ejecutivo de José María Aznar y que puso una alfombra roja, precisamente, al conocido como modelo Alzira (conocido así por el lugar en el que se originó). Han sido, dice Mónica García, “muchos años” de lucha para sacarlo adelante.
El departamento que dirige García pondrá coto al mercado persa sanitario y reforzará el control del gasto de centros hospitalarios que gestionan compañías externas a través de una serie de cláusulas sobre las que, en resumen, solo se permite la privatización cuando se produce por razones de fuerza mayor no sea posible la prestación pública.
También si la misma garantiza la sostenibilidad financiera de las partes -priorizando que los hospitales y, en definitiva, la salud de la ciudadanía, no se vea resentida- y la eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Asimismo, se intentará por todos los medios que se cumplan con los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. “Solo si es viable, si no se puede hacer con los servicios públicos”, profundizaba la responsable de Sanidad.
En la práctica, la normativa reciente favorecerá que las compañías que construyan un hospital puedan quedarse con su gestión, no solo sanitaria, sino tampoco de cocina, limpieza, lavandería, etc. Para revertir algunas situaciones, la Alta Inspección Sanitaria asesorará a las autonomías interesadas para recuperar servicios externalizados. En última instancia, se mejorará la transparencia sobre los procesos privatizadores y los expertos analizarán, en el plazo de un año, los celebrados hasta el momento.
La normativa afectará únicamente a los procesos que se desarrollen desde la entrada en vigor de la norma. Antes de ella deberían pedirse los informes correspondientes a los órganos consultivos. Una vez aprobado en consejo de ministros, el texto tendrá que someterse a la tramitación del Congreso de los Diputados.
Una medida "nuclear"
La ministra de Sanidad la califica de “nuclear” para el sistema sanitario: “En un triunfo de la sociedad civil, va a blindar el sistema da salud de las garras especuladoras y privatizadoras (…) Responde al grito de la sanidad no se vende, se defiende”.
Entre los casos que destaca se encuentran, precisamente, los del CEO de Ribera. “Esta semana le ponemos coto, a la ampliación de la lista de espera, a la reutilización de material…”. García también se refería en la rueda de prensa anterior al Consejo de Ministros a los cribados de cáncer de Andalucía. “Durante demasiados años la sanidad se ha conducido al beneficio privado”.
La ministra detallaba de igual manera la “evidencia científica” de que la privatización va en detrimento de la sanidad en su conjunto: “Y esta ley pone fin a esta deriva. Cierra la etapa de Aznar, le damos portazo a este modelo que ha permitido que el lucro entrara en la sanidad pública”. “Ponemos fin a la ambigüedad, a quienes decían que la sanidad privada era más rentable, a engrosar listas de espera”, evidenciaba.
Todo aquel que quiera externalizar cualquier servicio, ahora, tendrá que demostrar que no se puede prestar de otro modo y, aun así, pasará por un comité de expertos, en favor de la “transparencia y la rendición de cuentas”,
Asimismo, cuando se recupere la sanidad pública, esto “dejará de ser una carrera de obstáculos”, por lo que Sanidad aporta el paraguas jurídico. “Es un homenaje a la trayectoria de miles y miles de ciudadanos que han salido a la calle durante muchos años”, insistía.