El PP continúa añadiendo muescas a su hemeroteca de rechazo a propuestas del Gobierno, esta vez con la paralización de la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia que ambos Gobiernos ratificaron en enero de 2023. A través de su mayoría absoluta en el Senado, los de Alberto Núñez Feijóo han elevado un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros se encuentra en el marco de la Carta Magna. Este último veto, no obstante, no es ni mucho menos el único de los neoliberales a las iniciativas del Gobierno que han tumbado o intentado tumbar a pesar de tener cierto alcance y trascendencia sociales.
Esta reciente propuesta de los 'populares' ha sido refrendada por la Cámara Alta con 146 votos a favor, los del PP y Vox, y 112 en contra, incluidos los socialistas, mientras que también ha habido dos abstenciones, la de la senadora de UPN María del Mar Caballero y el senador por El Hierro Aniceto Armas. Esta es la segunda ocasión en la que el Senado se dirige al Constitucional sobre este tratado, después de haberlo hecho en febrero de 2025. El alto tribunal se inhibió entonces al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y por tanto no podía ser ratificado.
La principal queja que ponen los 'populares' es el artículo 2.4 del Tratado, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro país, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución. Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron el pasado mes de abril a un acuerdo para que la invitación consista en "participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado" y no propiamente en el mismo.
Un sinfín de casos con Bruselas de por medio
Esta ha sido la última, pero la cantidad de ocasiones en las que los 'populares' se han opuesto a medidas del Ejecutivo que tenían cierta trascendencia en el espectro político y social del país, llegando a elevarlas a las instituciones europeas, se cuentan por decenas. Las peticiones a la Comisión Europea tras cada decisión aprobada por el Gobierno de Sánchez o cada vez que España ha hecho frente a escenarios complejos que requerían de la voluntad y el consenso político no son nuevas.
Por ejemplo, tanto el acuerdo entre el Ejecutivo de Sánchez con Podemos para la regularización de 500.000 migrantes como la tragedia ferroviaria sufrida en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero son algunos casos recientes que ponen forma a esta estrategia maquinada por el PP de Alberto Núñez Feijóo con el objetivo, en buena parte de las ocasiones, de desprestigiar medidas que han salido adelante y desplazar el foco de la responsabilidad que asumía su formación. Para el primero de los ejemplos, Bruselas ya dio portazo a los populares, remarcando que la competencia para la regularización masiva de migrantes la tiene España. Un varapalo europeo que llegó después de que la derecha española solicitara al Ejecutivo comunitario que revise la medida para saber si esta va en contra de los acuerdos de política migratoria europea y tras calificar de “indecente” la regularización. "Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración", defendía en su momento el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner. Respecto al accidente ferroviario de Adamuz, el PP también llegó a solicitar a la Comisión Europea una evaluación detallada del uso de los fondos europeos destinados al mantenimiento de la red ferroviaria en España. Tanto la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, como el eurodiputado Borja Giménez Larraz quisieron incidir en esta materia ante lo que consideraban un "colapso" de la red.
Otro ejemplo más distante en el tiempo (noviembre de 2023) recuerda cómo el PP acudió a Europa como el último clavo al que aferrarse después de que PSOE y Junts pactaran la amnistía como condición para recibir el voto favorable de los neoconvergentes a la investidura del presidente del Gobierno. A razón de ello, la secretaria general del PPE y la delegación española de Renew (Ciudadanos) enviaron una misiva en la que calificaban el acuerdo como el inicio de una “era de desestabilización política” y “clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. Tan solo un día después, la Comisión Europea contestaba defendiendo que no había motivo alguno para actuar en la ley. Asimismo, alegaron que la amnistía es un asunto de ámbito nacional cuyo control les corresponde a las autoridades competentes nacionales, empezando por el Parlamento y terminando por el Tribunal Constitucional, que avaló la ley en junio de 2025.
En línea con lo expuesto, otros ejemplos se han podido materializar con la DANA que sufrió la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y que, pese a recaer la gestión sobre el Ejecutivo autonómico de -entonces- Carlos Mazón, los populares trataron de verter la responsabilidad en el Gobierno central y en la que en ese momento era todavía ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera, y quien optaba a hacerse con el cargo de vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. Ribera tuvo que hacer frente en el Parlamento Europeo a una audiencia encargada por el PP, en la que trató de responsabilizarla de la DANA. "Le correspondía haber evitado la tragedia porque es responsable de la prevención, la preparación y la respuesta de los desastres climáticos. Es responsable de la inversión en la gestión los ríos, la prevención de inundaciones y alertas climáticas", fueron las palabras que expuso Montserrat en aquella ocasión en la Eurocámara, en el enésimo episodio de esta estrategia de los de Alberto Núñez Feijóo.
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