A veces, los políticos llevan sus decisiones a extremos imposibles sin pensar en las consecuencias. Le ocurre a la presidenta de la Comunidad de Madrid que, con la que está cayendo, ha emprendido una cruzada para fomentar las actividades taurinas en la región, protagonizando una situación esperpéntica que atenta al sentido común.

Esta acción se remonta al 17 de julio cuando Isabel Díaz Ayuso firmó junto a su correligionario José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, un protocolo para blindar las corridas de toros, entre otras decisiones. La presidenta se refirió entonces al equipo de la antigua alcaldesa, Manuela Carmena, manifestando que “habían intentado por todos los medios acabar con los espectáculos taurinos en la capital. Y a la vista está, que no lo consiguieron”.

El apoyo a los toros de Díaz Ayuso se concretó en un curioso análisis, en el que reivindicó que son una demostración de libertad y una prueba inequívoca de que una sociedad es libre y madura.

En esa línea, el miércoles, la consejería de Justicia e Interior que dirige el consejero y juez Enrique López, aprobó los permisos necesarios que necesitaba la empresa organizadora de los primeros festejos de la feria de Alcalá de Henares, previstos para este sábado y domingo,con un aforo de 4.000 aficionados. Poco debió importarle que algo más tarde la Comunidad de Madrid hubiera anunciado que el número de contagios por el COVID se había duplicado en 24 horas, con un total de 116.000 pacientes confirmados y más de 15.000 ciudadanos fallecidos. También había aumentado los ingresos en los hospitales de la región, algo muy preocupante para la atención sanitaria.

El lunes, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, se había opuesto a la celebración del acto pidiendo que se evaluara el riesgo para la salud pública. Y a este ruego contestó la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, en desacuerdo total con el titular de Justicia e Interior, desaconsejando la lidia por la gran afluencia de público y recomendando al alcalde que no la autorizara. De ese modo, desplazaba el balón hasta territorio municipal.

El negocio de los toros deja en la región unos 414 millones de euros al año, lo que explicaría el interés por mantener las corridas anunciadas en Alcalá de Henares. Una muy mala imagen para algunos bolsillos es lo que provocaría una resolución negativa.

Si finalmente se hubiesen celebrado las corridas de toros, las imágenes nocivas que se hubiesen proyectado traspasarían fronteras. En Europa no entienden demasiado esto de la fiesta de los toros. Y no está bien visto que un país que está peleando por los fondos europeos y pidiendo anticipos para salvarnos a todos de la crisis, dedique tiempo y dinero a algo que allí muchos consideran salvaje y medieval.

Un espectáculo que reuniría a miles de ciudadanos cuando los niveles de contagios en la Comunidad de Madrid son muy altos, mientras siguen cerrados al público las graderías de los campos de fútbol…

No habría que descartar tampoco que los países frugales nos mirarían con mejores ojos si algunos de los políticos que están en el ajo fueran más serios y algo menos necios.