Tras más de una semana de intensas movilizaciones sociales reclamando acciones efectivas en materia de vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen, este viernes los dos reales decretos en el ámbito habitacional aprobados el martes por el Consejo de Ministros aterrizarán en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el voto en contra de Junts, anunciado en la noche del jueves después de una reunión de la Ejecutiva del partido, impedirá que ambos salgan adelante. De esta forma, la negativa de los posconvergentes tumbará medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, la prórroga de los alquileres hasta finales de 2028 o la regulación de los arrendamientos de temporada.
Desde Junts se ha explicado que rechazarán los dos reales decretos y se ha reclamado la retirada del conocido como ‘decreto Maricarmen’ para “elaborar un nuevo texto que comience a revertir la grave situación de la vivienda”, argumentando, entre otras razones, que muchas de las medidas reducirán la oferta de alquileres y calificando algunas de las iniciativas de “expropiación”. Una postura que los posconvergentes han dado a conocer tras crear incertidumbre durante los últimos días sobre cuál sería finalmente su sentido del voto, pero que sigue la línea de su postura tanto en el Congreso como en el Parlament de Cataluña de oposición a toda ley o iniciativa que suponga una mayor regulación en materia habitacional, ponga coto a la especulación inmobiliaria o pueda favorecer a los inquilinos frente a los propietarios. En definitiva, a intervenir el mercado.
Junts se alinea con PP y Vox para tumbar todas las medidas de vivienda del Gobierno en el Congreso
Una ocasión reciente y especialmente sonada en la que Junts demostró priorizar los intereses de los propietarios respecto a los de los inquilinos desde la Cámara Baja fue su rechazo al decreto ley impulsado por Sumar en mitad de la crisis por la guerra de Irán para prorrogar dos años los alquileres que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027 y poner un tope máximo en la subida anual de su precio del 2%. Junto con PP y Vox, los posconvergentes tumbaron la iniciativa que se calcula que habría beneficiado a 2,6 millones de personas que contaban con arrendamientos que vencían entre el 21 de marzo de 2026 y finales del año que viene.
Entonces, los posconvergentes justificaron su decisión argumentando, entre otras cuestiones, que el decreto dejaba desprotegidos a los propietarios ante los casos de impago, asegurando que no exigía que el inquilino estuviera al corriente de pago. “Se reconoce un derecho automático sin condicionarlo al cumplimiento de la obligación principal del contrato”, afirmó la diputada de Junts en el Congreso Marta Madrenas. Asimismo, manifestó que la iniciativa podría generar “inseguridad jurídica sistémica” debido a su choque con algunas normativas vigentes.
Sin embargo, la intervención más recordada del debate sobre el decreto votado en abril fue la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en la que acusaba a los posconvergentes de moverse en función de sus intereses económicos. “¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí, es pequeñita, pero muy efectiva. 50 pavos. Pudiera ser más. Esta es su bandera, la que comparten con PP y Vox para fastidiar a casi tres millones de personas”, sostuvo en referencia a los siete diputados de Junts en la Cámara Baja, a quienes criticó por mentir dando a entender que en el texto se hablaba de expropiación y de un tope del 0%.
Aquel mismo mes de abril, apenas una semana antes de tumbar la prórroga de los alquileres, Junts también se alineó con el PP y Vox para dar luz verde a una proposición de ley que recortaba la protección a las familias vulnerables ante desahucios al reducir el máximo de ingresos mensuales que puede ganar una persona para que se considere que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, para que se pueda evitar su desalojo, de los 1.800 a los 900 euros. Por otro lado, la iniciativa también supondría eliminar la designación de zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT) y, por ende, el tope del precio del alquiler.
Además, la propuesta pretendía suprimir el artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permite que los inquilinos vulnerables puedan prorrogar su alquiler durante un año al mismo precio y condiciones estipulados si el arrendador es un gran tenedor. Igualmente, reducía el plazo para ofrecer una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad que se enfrentan a un desahucio de los dos meses establecidos actualmente a un mes.
Unos meses antes, en enero de 2026, los posconvergentes coincidieron en su sentido de voto con PP y Vox para evitar que el Congreso aprobara el real decreto ley 16/2025, el cual prorrogaba la moratoria de desahucios hasta el próximo 31 de diciembre. La caída de esta iniciativa, que ahora se recupera en el 'decreto Maricarmen', supuso el fin de la suspensión extraordinaria de desalojos en los casos de personas sin alternativa habitacional activada en 2020 con motivo de la pandemia de la Covid.
La oposición de Junts a las medidas en materia habitacional promovidas por el Gobierno y sus socios no es nueva. La ley de vivienda de 2023, que introdujo la figura de las zonas tensionadas y la regulación de precios del alquiler en todo el Estado, también se encontró con el rechazo de los posconvergentes, aunque no pudieron impedir su aprobación. Desde el partido liderado por Carles Puigdemont se denunció que el texto invadía competencias que correspondían a las comunidades autónomas, aunque también apuntaron que estaban en desacuerdo con intervenir de forma directa el mercado del alquiler.
La posición de Junts en Parlament: de su rechazo a regular los alquileres temporales a su oposición a prohibir la compra especulativa
Al igual que en el Congreso, los posconvergentes también han votado en contra de medidas que favorecen a los inquilinos y pretenden frenar la especulación inmobiliaria en el Parlament, como es el caso del grueso de la ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo debatido el pasado mes de diciembre, que incluía tanto la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones como la creación de un Registro de Grandes Tenedores. Estos puntos y el resto de la norma salieron adelante a pesar del rechazo de los posconvergentes.
De la misma manera, la Cámara catalana aprobó en abril un decreto ley para endurecer el control y la transparencia sobre la regulación del precio de los alquileres que tampoco contó con el apoyo de Junts. La medida establece que los propietarios de viviendas arrendadas deberán informar a las personas que vayan a alquilarlas del importe máximo que pueden cobrarles según la ley de vivienda de 2023, así como de su condición de grandes tenedores en caso de serlo.
Otra iniciativa respecto a la cual Junts se ha mostrado claramente en contra se trata de la prohibición de la compra especulativa en Cataluña pactada entre el Govern de Salvador Illa y los Comuns, la cual el Parlament decidió tramitar por lectura única para que se pudiese aprobar de forma definitiva antes de que finalizara el período de sesiones en julio. Sin embargo, los posconvergentes y los populares la paralizaron al presentar recursos en contra de la proposición de modificación de la ley de urbanismo catalana que recoge la propuesta ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). En estos momentos, las formaciones de izquierdas se encuentran trabajando en cambiar el texto para reforzar sus garantías jurídicas en función de las conclusiones que en agosto pronunció el órgano.
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