El movimiento de vivienda se manifiesta contra PP, Vox y Junts por impulsar el desahucio de "60.000 familias": "Son secuaces del rentismo"

El Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya se aliaron este martes para tumbar el conocido como decreto ómnibus, que contenía, más allá de la revalorización de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prórroga de la suspensión de desahucios y cortes de recursos básicos contra familias vulnerables. Esta normativa daba cobertura a más de 60.000 familias que ahora “podrán ser expulsadas de sus casas sin una alternativa habitacional”, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, que se manifestará en la tarde de este miércoles frente al Congreso de los Diputados y la sede de Junts en Barcelona.

“Es totalmente inaceptable que el Parlamento se haya posicionado del lado del rentismo, la especulación y la patronal inmobiliaria”, expone el sindicato de vivienda, que señalada directamente a las tres derechas de “seguir actuando como los secuaces de los que nos agobian y nos exprimen todos los meses”. “Se ha posicionado abiertamente del lado del rentismo, eligiendo reforzar el negocio de la patronal inmobiliaria en vez de ampliar medidas ante el mayor problema social de la población”, inciden en el comunicado en el que anuncian las concentraciones, que se iniciarán a las 18:30 horas.

“Su voto en contra de la renovación de esta moratoria deja claro que actúan como secuaces de la patronal inmobiliaria y de los grandes propietarios”, exponen a la alianza de derechas. Una moratoria que, si bien estaba funcionando como un parche que ni siquiera los tribunales respetaban a la hora de aprobar lanzamientos, como quedó claramente constatado con el desalojo, a manos de un fondo buitre, de dos niños huérfanos por violencia de género y su abuela, era la única y mínima protección para las más de 60.000 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“Han acabado, incluso, con la poca protección que existía para frenar los desahucios, una de las pocas barreras que teníamos mientras nos precipitamos al abismo”, lamentan desde el Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres. Una posición que se torna más cruel al atender al contexto de subida de precios del alquiler continuada, de expansión de los fondos buitre y las viviendas de uso turístico, de gentrificación de los barrios y de multiplicación de desahucios contra la clase trabajadora. “El mensaje del Congreso es claro: la vivienda es un negocio, no un derecho”.

Críticas y exigencias al Gobierno

La triple entente de derechas es la precursora de la caída de la moratoria antidesahucios, pero el Gobierno tampoco se libra de las críticas, centradas en sus escasas actuaciones regulatorias y que verdaderamente auxilien a los inquilinos. Es más, el Ejecutivo y el Ministerio de Vivienda ya han sido criticados en más de una ocasión por premiar a caseros especuladores e intentar no enfadar a los propietarios, práctica totalmente incompatible con la defensa del derecho a una vivienda digna a un precio asequible.

“El Gobierno, durante los últimos seis años, ha sido incapaz de mejorar mínimamente las condiciones de quienes vivimos de alquiler”, traslada el Sindicato de Inquilinas. “En lugar de impulsar políticas contundentes y firmes contra el negocio de la vivienda, continúa evitando lo urgente: proteger a las inquilinas”, ahondan, recordando que, a parte de los desahucios de familias vulnerables, también un millón y medio de inquilinas se enfrenta este año a la expulsión por la finalización de sus contratos de alquiler, dejando las viviendas libres para especular y a las familias en la calle.

“Mientras podría decretar alquileres indefinidos o, como mínimo, aprobar una prórroga obligatoria para los más de 600.000 contratos que caducan este año, el Gobierno prefiere anunciar nuevos privilegios fiscales para los caseros”, critican desde el movimiento de vivienda. “Son totalmente incapaces de proteger a las personas que vivimos de alquiler”, suman a su denuncia. Por todo ello, exigen una lista de medidas urgentes:

• Aprobación de la moratoria antidesahucios.
• Aprobación de una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler.
• Aprobación de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -que se votará en febrero en el Congreso- para regular los contratos de temporada y por habitación y acabar con las estafas inmobiliarias.

“La única forma de acabar definitivamente con todos los desahucios es garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Hace falta bajar los precios del alquiler, dar estabilidad a los inquilinos, recuperar las viviendas turísticas y vacías, sacar los pisos de las manos de los fondos buitre y grandes tenedores y poner fin a las cláusulas abusivas y las estafas inmobiliarias”, zanjan ambos sindicatos de vivienda.