Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, se ha convertido en el hombre más cuestionado de la política nacional durante esta semana. ¿El motivo? Que más de 2.000 mujeres no recibieron a tiempo los resultados de sus mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama ni tuvieron la certeza de que los resultados recibidos fueran válidos en la comunidad autónoma que gobierna con mayoría absoluta. Un escándalo que ha llevado a la dimisión a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, y que tiene dimensiones de impacto más allá de Despeñaperros, en tanto que sacude los cimientos de Génova al poner al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en la delicada tesitura de ver cómo se debilita uno de sus principales activos políticos. A su vez, dentro de Andalucía, la crisis no se ha terminado de cerrar: pese al cese de la consejera y al anuncio de medidas para evitar que estos problemas se repitan, el daño ya está causado y el clima de incertidumbre sanitaria se ha instalado en una región que ya tenía, de por sí, un elefante en la habitación con el deterioro de sus servicios públicos, entre ellos, la propia Sanidad.

Los fallos en la comunicación, la falta de personal y el colapso de los sistemas informáticos han derivado en retrasos de meses en las revisiones de las pacientes, y algunas de las afectadas han denunciado públicamente que esos retrasos les impidieron recibir un diagnóstico temprano, un problema que en casos de cáncer puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La Junta de Andalucía reconoció el fallo tras semanas de presión mediática y política, Moreno Bonilla aceptó la dimisión de Hernández y anunció que se pondría en marcha una auditoría interna junto a un plan de choque para revisar uno a uno los expedientes pendientes. Lejos de calmar las aguas, la tardanza en la actuación y lo irreversible de la problemática ha provocado que surja un debate en torno a la legitimidad y a la credibilidad del líder andaluz y, por extensión, a la del PP a nivel nacional. Un problema de estas características rompe algunas costuras en el hormigón de Génova 13, ya que el andaluz es uno de los agentes principales del Partido Popular por las mayorías absolutas cosechadas en los últimos comicios electorales y por su perfil presuntamente 'moderado', rasgos que lo convierten no solo en uno de los primeros espadas de Feijóo, sino también en uno de sus más posibles sucesores en el futuro. Tras esta crisis, eso ha pasado a no estar tan claro.

Una crisis que reduce la credibilidad de un Moreno Bonilla que ya tiene, de por sí, un grave escollo en los servicios públicos de su región tras un constante debilitamiento de los mismos en beneficio del sector privado. En cuanto a Feijóo, sale perjudicado como efecto secundario: que un perfil tan potente en el seno del Partido Popular tenga que hacer frente a una controversia como esta nunca es bueno para la credibilidad del propio partido ni de cara a los sondeos. Por otra parte, quien saca cierta ventaja en cierto modo de esta crisis es Isabel Díaz Ayuso, quien, a pesar de las infinitas controversias que ha tenido por su cuenta, sigue siendo un peso pesado en Génova por su notoriedad y el apoyo de sus votantes y no puede descartarse en absoluto su potencialidad como sucesora de Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que ella misma haya intentado huir de esos fantasmas en el pasado.

La respuesta, a "destiempo e insuficiente"

La dimisión de la consejera de Salud andaluza, pese a ser una medida esperable, no ha cerrado la crisis sanitaria. Para la portavoz del PSOE-A, María Márquez, el gesto llega "tarde" y apunta más arriba: "No pedían la dimisión de la consejera, pedían la del presidente Moreno Bonilla". Así las cosas, la oposición exige una comisión de investigación y colectivos feministas preparan nuevas movilizaciones.

El anuncio de la renuncia de Rocío Hernández llegó apenas unas horas después de la multitudinaria manifestación del miércoles en Sevilla, donde miles de mujeres, pacientes y profesionales sanitarios marcharon bajo el lema “Nuestras vidas no pueden esperar”. Fue una de las protestas más concurridas de los últimos años en Andalucía en defensa de la sanidad pública, con gritos dirigidos directamente al presidente de la Junta y a su gestión sanitaria. La dimisión, confirmada por el propio Juanma Moreno, fue presentada como un acto de "responsabilidad política" ante una situación “muy dolorosa” que ha generado alarma social. Sin embargo, las explicaciones del presidente no convencieron ni a la oposición ni a las asociaciones de afectadas. El PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía coincidieron en que el relevo en la Consejería no soluciona el problema de fondo: los fallos estructurales en el sistema sanitario andaluz y la irreversibilidad de las consecuencias del problema en los cribados.

Cabe recordar, además, que cuando trascendió a la prensa el escándalo, el Gobierno autonómico optó por minimizar el problema y echar balones fuera. "Cuando se conoció la situación tan grave que se está viviendo en la sanidad pública andaluza, de mujeres con cáncer jugándose la vida, ustedes primero negaron el problema, dijeron que estábamos manipulando la situación", afeaba la portavoz socialista. "Dijeron que había cuatro o cinco casos. No son casos, son vidas, señor presidente", sentenció Márquez, acusando al Gobierno andaluz de tratar de "culpar a las mujeres, a los profesionales o a los partidos de la oposición" en lugar de asumir responsabilidades políticas. Además, no se trató de 'cuatro o cinco' casos, sino de más de 2.000.

Testimonios y problemas del sistema

Los testimonios particulares, los que ponen nombre, apellidos y rostro a los números, ponen de manifiesto la dureza de la situación. Una embarazada explica que debía hacerse la ecografía de la semana 34 en agosto, pero le dieron cita para septiembre. Otra madre cuenta que llegó al Materno de Málaga para el cribado del síndrome de Down y le informaron que ya no era posible hacerlo porque se había superado el plazo.

Las causas son conocidas y repetidas por los propios profesionales: vacaciones de profesionales sin cubrir, faltan administrativos, faltan enfermeras, hay reducciones de jornada no sustituidas, consultas cerradas y agendas saturadas. El CSIF denuncia que hay 6.000 mujeres pendientes de revisiones ginecológicas y más de 3.500 en lista de espera para una primera visita. Y aun con estos datos, la respuesta oficial del hospital es negar los retrasos y asegurar que "los plazos se cumplen".

En definitiva, una grave falta de recursos y de personal para dar un servicio a la altura de las necesidades de los andaluces, que suponen la comunidad autónoma más poblada del país. La plantilla de ginecología es la misma desde hace años, pero en la práctica las jornadas efectivas se reducen, creando un cuello de botella. Problemas similares existen en la educación pública andaluza con el cierre de aulas y la falta de profesorado, en beneficio de una educación privada cada vez más impulsada desde las instituciones y a la que no pueden acceder aquellas familias que no tengan el poder económico para pagar las matrículas.

Moreno Bonilla queda, así, bajo mínimos de popularidad tras esta crisis, que acentúa el ya histórico clamor del estado de la Sanidad pública en la región. Por delante, aún varios meses de legislatura, manifestaciones en el aire y una grave sensación de descontento e inseguridad sanitaria que habrá de aplacar de alguna manera si quiere revalidar su estancia en San Telmo.

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