El Gobierno ha presentado un informe preliminar relativo a la rendición de cuentas semestral que se inició en el verano de un 2020 marcado por la pandemia del coronavirus. El documento glosa los compromisos cumplidos para la legislatura, que entra en su último año, y recoge que el porcentaje de promesas ejecutadas se sitúa en el 67%. Un guarismo que supera con creces el 61% que pronosticó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el balance de julio de este 2022.

El secretario general de Presidencia, Francisco Martín, presentó este pasado jueves en el Palacio de la Moncloa un informe preliminar del programa Cumpliendo, en el que el Gobierno da cuenta de los compromisos adquiridos durante la legislatura. El documento no es definitivo, pues está expensas de registrar las promesas que han cambiado de estado en las últimas horas, como la supresión del delito de sedición del Código Penal, ratificada por el Senado.

El próximo martes 27 de diciembre, Pedro Sánchez presentará el informe final, con todos los datos correspondientes al ejercicio 2022. El presidente del Gobierno hará balance del segundo semestre del año, donde verbalizará el acelerón legislativo que ha permitido a Moncloa superar las expectativas marcadas en el mes de julio. En aquella comparecencia previa al pertinente parón estival, el jefe del Ejecutivo marcó las previsiones de cumplimiento de objetivos en el 61%. Sin embargo, el guarismo final se sitúa en el 67%. Es decir, seis puntos por encima de lo previsto a mitad de curso.

Moncloa ha cristalizado prácticamente un 70% de los compromisos contraídos desde 2020, promesas extraídas del discurso de investidura, del acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos, comparecencias del presidente del Gobierno o de ministros en sede parlamentaria o entrevistas y los relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Malversación y sedición

De los 1513 compromisos acumulados, Moncloa da por cumplidos el 66,7% de los ellos, mientras que aún quedan en proceso poco más de un tercio del total (31,2%). Es decir, en tramitación por parte de terceros (Congreso y Senado) o en negociaciones previas a su aprobación. Eso sí, a pesar de que la Cámara Alta dio luz verde a la reforma del Código Penal, que incluye la supresión del delito de sedición y a la remodelación de la malversación, no se han incorporado a este informe preliminar.

Sin embargo, existe una sustancial diferencia entre ambos en el marco de la rendición. El secretario general de Presidencia detalló que si bien la eliminación de la sedición como tipo penal se incluirá en el documento final, no ocurrirá lo propio con la malversación. ¿Por qué? La justificación hunde sus raíces en el origen de cada uno de ellos, siendo el primero un compromiso adquirido por parte del presidente del Gobierno en los primeros compases de la legislatura. En cambio, tal y como explicó Martín, la controvertida reforma responde a una iniciativa surgida a raíz de la tramitación de un determinado articulado. “Se introdujo sobre la marcha”, acota el alto cargo de Presidencia, quien subraya que esta condición le saca fuera del “mapa de compromisos” que, como sedición, sí engrosarán el informe final.

Así las cosas, la supresión de la sedición se añadirá a una treintena de nuevos compromisos adquiridos en este 2022 a tenor del “nuevo contexto social y económico” derivado de la guerra de Ucrania, así como los nacidos al calor del Debate sobre el Estado de la Nación. Por su parte, en cuanto a promesas decaídas, Presidencia ha destacado que se mantienen las mismas que en el balance de julio, un total de 12. “Ninguno de los que sigue vivo se da por decaído, ni tan siquiera en los que no ha habido acción alguna (20)”, apostilló Martín.

Plan para la rendición de cuentas

Sánchez no se limitará tan solo a la exposición de los datos ya definitivos, sino que se guarda un as bajo la manga. El jefe del Ejecutivo puso la primera piedra en términos de rendición de cuentas en su primer año de mandato con la elaboración de este tipo de informes, siendo la “institucionalización” de los mismos el objetivo final.

Así lo hará el martes y así lo avanzó el pasado jueves el secretario general de Presidencia. Martín sugirió que este proceder ha de suponer una “obligación” para todas y cada una de las administraciones del Estado. “Hay que explicar el estado del cumplimiento de los compromisos adquiridos”, continuó el secretario general de Presidencia, al tiempo que ponía el foco en la transparencia y el refuerzo de los elementos de control sujetos a informes de esta índole.

Por ello, el presidente del Gobierno presentará el próximo martes un plan a futuro para institucionalizar la rendición de cuentas. “Es un objetivo claro”, acotó Martín, que dejó en el aire el alcance y los entresijos de la medida que cultivan con mimo intramuros de Moncloa. En el Ejecutivo creen factible su viabilidad, al considerar que “no se entendería” que otra formación no concibiera esta herramienta como un “progreso indudable”.