Una jornada marcada por los retrasos, pero que se ha saldado con tenues avances en dos parcelas. El Gobierno confirma lo avanzado por Alberto Núñez Feijóo desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados: fumata blanca a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y también luz verde a la mediación de la Comisión Europea en las conversaciones para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha celebrado que, “por fin”, el jefe de la oposición se siente en una mesa para “cumplir con la Constitución” y negociar el órgano de gobierno de los jueces. “Es un buen punto de partida”, ha precisado ante los medios de comunicación la titular de Educación.

Más de 1.800 días y un sinfín de escollos después, Partido Popular y PSOE vuelven a trabajar para construir la llave que desbloqueé el órgano de gobierno de los jueces. A pesar de las constantes voladuras de puentes, en el Ejecutivo optan por una visión de futuro optimista. Al menos así lo ha expresado en rueda de prensa Pilar Alegría desde el Palacio de La Moncloa. Confían en que esta vez sea la buena y, con la mediación de la Comisión Europea, los conservadores “se avengan” a liquidar con una “anomalía constitucional” que se ha extendido durante cinco años.

Alegría ha resaltado la “normalidad democrática” y el ambiente de “respeto institucional” que ha imperado en la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Un encuentro que ha durado más de hora y media y que se ha saldado con dos avances sustanciales. Quizás más de lo esperado, a tenor de las expectativas de sendos equipos en las horas previas a la reunión. Sí se preveía que ambas partes pactaran la reforma del artículo 49 de la Constitución. Y así ha sido.

Tanto Alegría como Núñez Feijóo han exhibido la sintonía entre los dos protagonistas de la negociación en este aspecto, aunque no así en otros tales como la financiación autonómica; algo que “no parece preocuparle” al líder de la oposición. En cualquier caso, hay fumata blanca para eliminar el término “disminuido” de la ley fundamental. “Una reforma de justicia y necesaria que responde a una deuda que tenía nuestro país con las personas con discapacidad”, ha verbalizado la titular de Educación, al tiempo que recordaba el compromiso de PP y PSOE a elaborar una proposición de ley conjunta antes del próximo 31 de enero y la celebración de un pleno monográfico durante el mes de enero. “Es una prioridad que siempre hemos planteado. El presidente lo trasladó ya en la primera reunión que mantuvo con Feijóo en 2022”, ha precisado la ministra portavoz.

En cualquier caso, una de las demandas de la parte conservadora se orienta hacia la no celebración de un referéndum constitucional por parte de los aliados parlamentarios del Gobierno ni del socio minoritario de la coalición. Con todo, Alegría ha tranquilizado al  interlocutor hoy del Ejecutivo al subrayar que son necesarios 35 escaños para solicitar un plebiscito. Es decir, 9 sillones más de los que posee Sumar tras la huida de Podemos.

Bruselas como punto de partida

En cuanto a la reforma del Poder Judicial, a pesar de andar con pies de plomo, mantienen su optimismo ante la presencia de la Comisión Europea en el proceso negociador. No rehúyen a la “anomalía democrática” que supone un bloqueo que se extiende ya a los cinco años, pero celebran que por fin el PP de Feijóo abra la mano y se siente en la mesa para renovar el órgano de gobierno de los jueces. “Todo lo que sea reestablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido”, ha verbalizado la ministra portavoz.

Alegría ha recordado que hace un año, PSOE y PP acordaron la renovación del CGPJ, aunque saltó por los aires de manera unilateral por la parte conservadora. Sin embargo, el Gobierno lo considera aún como un “buen punto de partida” para retomar las conversaciones, dado que era un pacto “respetuoso” con los postulados, precisamente, de la Unión Europea. Insisten en que valoran positivamente el cambio de posición de los conservadores “tras cinco años de incumplimiento” constante con la Ley Fundamental.

La otra vertiente del acuerdo suscrito por Sánchez y Feijóo es que, en paralelo y con la misma mediación de Bruselas, se acometa una remodelación de la ley de elección del CGPJ. Alegría celebra que, al margen de esta petición, es una “buena noticia”, especialmente a la hora de recuperar la “normalidad institucional” también en el Poder Judicial. Por lo tanto, no han manifestado su rechazo a que se trabaje también en esta orientación para “consolidar aún más la independencia” de la magistratura. “Lo positivo es que desatasquemos esta anomalía”, ha precisado la ministra de Educación.

Todavía no ha habido contactos con la propia Comisión Europea. “Es muy pronto”, ha destacado Alegría, quien ha avanzado que el Ejecutivo será “totalmente respetuoso” con las decisiones que tome el órgano comunitario. Tampoco se han despejado dudas respecto a los plazos, aunque en Moncloa esperan que se acometa la renovación “lo antes posible”. “Es prioritario y urgente que se reforme de una vez por todas”, ha rematado.

Rechazo a la financiación autonómica

Entre otros aspectos, Sánchez y Feijóo han exhibido su distancia en lo relativo a la financiación autonómica. No hay acuerdo cercano. Las posturas aún están alejadas y la portavoz del Gobierno le ha afeado al líder de la oposición este veto. “Se le ha trasladado la posibilidad de llevar a cabo una mesa de trabajo, pero ha dicho que no. A pesar de su negativa, estamos convencidos de que hay que hablar y acordar sobre financiación autonómica porque eso significa hablar de Educación, Sanidad, Dependencia… En resumen, hablar de cómo mejorar la calidad de vida de los españoles”, ha apostillado.

Con todo, Alegría ha subrayado “la posición homogénea” que mantiene Feijóo en lo que respecta a las once comunidades en las que gobierna el PP a día de hoy. “Es buen momento para hacerlo ahora”, ha insistido, al tiempo que avanzaba que las autonomías percibirán este 2024 un 15% más que en 2023. Es decir, un montante total de 154 mil millones de euros. Pese a la negativa, Moncloa no renuncia al “diálogo y al acuerdo”, dado que son los “mejores instrumentos” en política y esperan que la línea que han abierto sendas formaciones este viernes no se cierre.