La solvente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la reforma del delito de sedición abrió las puertas de par en par a viejos puntos de tensión en la coalición. La Ley Trans emergió de nuevo para constatar las ensanchadas diferencias entre los socios de Gobierno, tensionadas a su vez con un nuevo retraso en la Ley de Familias. Estaba previsto que este martes se aprobara en el Consejo de Ministros el articulado del Ministerio de Derechos Sociales, pero ha sufrido un nuevo retraso y desde el departamento que dirige Ione Belarra señalan abiertamente al “ala socialista” del Ejecutivo.

El Consejo de Ministros no validará el anteproyecto de la Ley de Familias que ha impulsado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Estaba prevista su aprobación para este martes, junto con la Ley de Trata. Sin embargo, el articulado sufrirá un nuevo retraso que ha incrementado la “preocupación” en el departamento que dirige Ione Belarra por las constantes demoras.

La Ley de Familias se enmarca en el acuerdo presupuestario para el año 2023 y, según apuntan fuentes de Derechos Sociales, ya ha solventado todos los “trámites formales previos” al Consejo de Ministros. Desde el ministerio de Belarra catalogan el anteproyecto como un “hito del plan de recuperación”, lo que explica la creciente preocupación ante la enésima dilación que sufre el articulado.

Estas fuentes consultadas subrayan la importancia del anteproyecto para las “familias españolas”, que no cuentan con el apoyo suficiente para la “conciliación y para la crianza”. De la normativa de Derechos Sociales emanaban nuevos permisos para facilitar el cuidado de niños y familiares, incluyendo un incremento de las ayudas para “familias monomarentales”, considerando a estas últimas como numerosas cuando tengan dos hijos.

El anteproyecto se ha negociado hasta última hora, pero había superado todos los filtros previos al Consejo de Ministros. Precisamente esto descoloca a Derechos Sociales, que admiten que todo se torció a última hora. Por su parte, desde el “ala socialista” dan la callada por respuesta mientras el fuego se expande intramuros de Moncloa.

Choque frontal con la Ley Trans

La postergación de la Ley de Familias supone una batalla interna más, precipitada después de que los socios de Gobierno airearan sus discrepancias en lo relativo a la Ley Trans. Irene Montero tiró la primera piedra. En los albores del pasado lunes, la ministra de Igualdad señaló públicamente al PSOE ante las cámaras de La Hora de TVE. La dirigente morada deslizó que los socialistas eran reacios a un acuerdo en los márgenes del articulado LGTBI y sugirió que aunarían su músculo parlamentario con el Partido Popular para “recortar derechos”.

Palabras gruesas que obtuvieron la respuesta inmediata de María Jesús Montero. La ministra de Hacienda exhibió ese potencial parlamentario de los socialistas y se jactó de que estas leyes podrían ser realidad gracias a su poderío en la Cámara. Tanto en público como en privado, en el cuartel general del PSOE reiteran que no se trata de un posicionamiento inmovilista, sino que enfocan sus esfuerzos en la seguridad jurídica de los menores.

Por ello, la ministra de Hacienda justifica que sus postulados están orientados en la persecución del “interés general”. “El Gobierno y el PSOE consideran que tenemos muchos avances que seguir conquistando en materia de dignificación del colectivo LGTBI”, apostilló en los aledaños del Ateneo de Madrid, tras advertir a sus socios que cualquier otro comentario está “fuera de lugar”.

Para Podemos llueve sobre mojado. Tiempo ha que la coalición choca con especial crudeza por la Ley Trans. Los socialistas prendieron la mecha dilatando el plazo para presentar enmiendas varias veces motivados por las discrepancias internas, ante lo que Irene Montero reaccionó solicitando el trámite de urgencia y fijando el 18 de noviembre como deadline para cerrar la ponencia. El PP pidió entonces en la Junta de Portavoces su avocación a Pleno, es decir, que se debata y vote en una sesión en el hemiciclo, y el pasado jueves se aprobó. En consecuencia, se tramitará en comisión (ponencia y enmiendas) y, después, volverá al Pleno para ser ratificada.

Según fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por ElPlural.com, todo llevaba paralizado tres semanas, no solo porque ambas formaciones centraron el tiro en los Presupuestos Generales del Estado, sino porque “hace tres semanas remitimos al PSOE una propuesta de acuerdo” y la respuesta no llegó hasta la mañana de este lunes. “Nos han dicho que no quiere un acuerdo en la tramitación y que no van a respetar el acuerdo de Gobierno”, lamentan voces moradas. Según el ala morada del Ejecutivo, pidieron al PSOE que retiraran la enmienda relacionada con la autodeterminación de género en la infancia a cambio de aceptar otras “que les eran muy importantes”. No hubo fumata blanca.

El PSOE registró una treintena de enmiendas al respecto y las mantendrán. Pese a lo argumentado, sí que impactan en el núcleo de la Ley Trans. Pretenden que los menores de 12 a 16 años necesiten autorización judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, cuando el actual texto salido del Consejo de Ministros la contempla únicamente para los menores de entre 12 y 14 años. Justifican que, así, “se refuerzan las garantías” para ese tramo de edad, en sintonía con lo recomendado por el CGPJ. Desde el entorno de Irene Montero ya se ha advertido que no habrá recorte alguno en ese sentido.

Más madera

Y por si la ley de Familias y la ley Trans fueran poco, la coalición también lidia con las diferencias en Trata. El anteproyecto de la ley de Trata propuesto por el Ministerio de Justicia se aprobará este martes en Consejo de Ministros y, a ojos de Podemos, aún es deficiente. Según fuentes, hay flecos que esperan solucionar en la tramitación parlamentario, fundamentalmente, en lo que a la acreditación de las víctimas se refiere. Argumentan que la ley dibuja varios niveles de acreditación para las víctimas de trata, de manera que cuando se las identifica, “son pre víctimas, son provisionales”. La formación morada lo que propone es que “desde el momento en que se las identifica como víctimas profesionales” tengan acceso a un catálogo de derechos tales como permisos de trabajo, abrir cuentas bancarias o asistencia. “Hay resistencias a eso. Se han incluido cosas, pero no todo. Se puede seguir trabajando en primera y segunda ronda”, remachan.