Estas elecciones en Galicia y en Euskadi son excepcionales en nuestra historia democrática, con la amenaza de la pandemia de fondo y la necesidad urgente de reactivar la economía, Unión Europea mediante. Eso no quita que los candidatos a presidir sus respectivos gobiernos regionales, el gallego Alberto Núñez Feijóo y el vasco Iñigo Urkullu, repartan mandobles al ejecutivo de Pedro Sánchez, coincidiendo en argumentos tales como su exclusivo papel protagonista durante la crisis, protegiendo a los ciudadanos y destacando que, si les hubieran dado capacidad de decisión desde el principio, las cosas hubieran ido mejor. Todo con sus matices.

El presidente de la Xunta insistía el domingo en una entrevista en un medio digital, que “la inestabilidad y la precariedad de este Gobierno le han llevado a hacer concesiones en las que ha pesado más su afán de supervivencia que el bienestar de todo el país...”, en clara referencia a los independentistas.

Por su parte, Iñigo Urkullu declaraba a 'La Vanguardia': “Durante 14 semanas se han anunciado decisiones sin debatirlas con los presidentes autonómicos”. Reconocía que se habían realizado 14 reuniones, a diferencia del Gobierno anterior del Partido Popular, aunque criticaba un “puenteo” al PNV, sin mencionar directamente a EH Bildu, pero con insinuaciones explícitas. El lehendakari sugería una cierta “tentación recentralizadora”, que le inquietaba.

Más directo y fiel al argumentario que se prepara en la sede del PP de Génova -no se sabe si en combinación con FAES-, Pablo Casado auguraba en Álava: “Quien vote al PNV para intentar parar la política económica de Pablo Iglesias, no será un voto eficaz”. Pretendía con ello apoyar a su candidato Carlos Iturgaiz, cuyo futuro político no parece demasiado boyante. Añadía el líder popular que la justicia fiscal, por la que aboga el presidente del Gobierno, se puede traducir como “nos freirán a impuestos”, en vez de bajarlos como aseguró hizo su partido en la crisis de 2008. Tal afirmación denota o ánimo de engaño o suma ignorancia por parte del actual presidente del PP, ya que en diciembre de 2011 la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy Brey pretendía recaudar 6.200 millones de euros mediante la subida del IRPF y el IBI. Y se abordó un recorte de 8.900 millones de gasto, incumpliendo las promesas electorales.

Por su parte, Pedro Sánchez, en Euskadi, llamaba a la unión y aseguraba que la estrategia de acoso y derribo al Gobierno había fracasado. También pedía al PP que se pusiera junto a los intereses de España en Europa “o al menos que no estorbe”. El presidente socialista parece tener claro que la actual moderación de los populares es un espejismo para salir del paso en estas elecciones vascas y gallegas, amarrando además la financiación autonómica y las medidas de reconstrucción.

La carrera está en marcha y los sondeos coinciden en augurar cambios escasos en Santiago de Compostela y en Vitoria. Ya Veremos.