La Mesa del Congreso pide más tiempo para analizar la proposición no de ley de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Es el segundo aplazamiento que dictamina el órgano rector de la Cámara Baja y, por lo tanto, evita la toma de decisión en cualesquiera de los sentidos. En diciembre, cuando postergaron el dictamen en primer término, la mayoría del órgano conformado por PSOE y Sumar estimó que esta cuestión, por su propia naturaleza, podría generar doctrina. Así las cosas, los socialistas ganan tiempo para encauzar las negociaciones con Junts para lograr un acuerdo y evitar el choque definitivo, máxime después de que los de Carles Puigdemont amagaran con tumbar la legislatura.

No hay pulgar abajo. Tampoco hacia arriba. La Mesa ha optado por continuar en el carril y percutir en el análisis de la proposición no de ley que los juntaires registraron en diciembre. Aplazamiento que se recibe como un balón de oxígeno para un PSOE que no estaba dispuesto a ceder ahora. Desde Moncloa y Ferraz se advertía en las últimas horas que no rehúyen de sacrificios puntuales, pero bajo ningún concepto aceptarían la moción de confianza de Sánchez como contrapartida a una carpeta legislativa. Sobre todo porque interpretan la PNL como un arma más de los neoconvergentes para presionar al Gobierno y debilitar su potencia negociadora.

De ahí que este mismo martes, tanto en público como en privado, varios ministros del socio mayoritario del Ejecutivo avisaran de que en esta ocasión no darían su brazo a torcer. Estas mismas voces han llegado a calificar la propuesta de “extemporánea”, recordando que la competencia de activar la palanca constitucional de la cuestión de confianza recae única y exclusivamente sobre el presidente del Gobierno, en virtud de lo expuesto en el artículo 112 de la Ley Fundamental y los preceptos 173 y 174 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Segundo aplazamiento

La iniciativa ya nació con cierta polémica, acompasada de un informe de los letrados del Congreso que se limitaba a dejar en manos de la Mesa la decisión final y sugerir a Junts la reformulación del texto para enfatizar su “carácter eminentemente político”. El documento, no vinculante y enfocado al análisis del marco jurídico en exclusiva, no despejó las dudas del órgano rector de la Cámara, que optó por postergar el debate hasta este jueves con el fin de profundizar en el escrutinio del dossier de 14 páginas elaborado por sus servicios jurídicos.

Tanto entonces como ahora, en el PSOE se aferran a que no hay inconveniente alguno en retrasar la decisión del órgano de gobierno del Congreso de los Diputados. Entienden que en caso de calificarse, Junts no tendría capacidad para someterla a debate en el Pleno hasta mediados de febrero, cuando arranca el nuevo periodo de sesiones. Al mismo tiempo, justifican desde la Mesa que no se trata de un aplazamiento de facto porque no hay limitación alguna para la toma de decisión. En resumen, que no hay prisa para seguir contextualizando y estudiando.

Así las cosas, la situación sigue como hasta ahora. Todas las vías de servicio están operativas, incluido el veto al debate. El secretario primero de la Mesa, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, deslizaba a su llegada a la reunión que se puede “adaptar al Reglamento”, pero para ello habría que reformular su redacción como ya apuntaron en diciembre los servicios jurídicos del Congreso. En ese supuesto, se requeriría tan sólo de alguna apostilla que dejara constancia de que su aprobación carecería de efectos jurídicos. En cualquier caso, las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento para el Ejecutivo.

Balón de oxígeno para el PSOE

Lo que sí garantiza la posición de la Mesa es una bola extra para que los socialistas reviertan el enfado de los juntaires. De hecho, reconocen que se ha conseguido frenar lo que parecía una inevitable ruptura definitiva con Carles Puigdemont. Aun con este balón de oxígeno, creen que se requiere más tiempo para seguir negociando, pero insisten en que esta iniciativa no aporta absolutamente nada y hay asuntos de mayor envergadura sobre la mesa, como los Presupuestos Generales del Estado.

Para este el momento de legislatura, en Moncloa creen que “no tiene ningún sentido” plantear una cuestión de confianza porque no reporta beneficios a la ciudadanía, al contrario que algunas carpetas legislativas abiertas y que están pendientes de cerrar por el alejamiento de los de Carles Puigdemont. Entienden que desde el prisma neoconvergente puede ser sustancial para exhibir músculo frente al Estado y reconectar con el electorado independentista, pero carece de lógica alguna a su juicio.

Por ello, el Ejecutivo mantiene la línea abierta con Junts, que insiste en subrayar la “falta de voluntad política” de Sánchez para hacer cumplir los compromisos suscritos. Una dinámica que ha impedido, según la fuerza catalanista, generar y desarrollar la “confianza” que se buscaba y que, a la postre, entienden como capital para “encauzar el resto de la legislatura”. No obstante, si ese diálogo no llega a buen puerto en esta ocasión y los juntaires deciden romper todos los puentes con Ferraz y Moncloa, serían los independentistas quienes “tengan que explicarlo” y decidir si quieren ir de la mano con quienes aprueban la ley de amnistía o los que “quieren meterles en la cárcel”.