El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, respondía este viernes ante las preguntas de la prensa, entre otras cuestiones, sobre su desimputación en el 'caso Begoña Gómez' a orden de la Audiencia Provincial de Madrid, de la que aseguró "estar tranquilo porque sabía que no había nada", y sobre la confrontación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ya esperada y escenificada en numerosas ocasiones con anterioridad.
Desde las Escuelas Pías, la representación del Estado en Madrid organizó un acto paralelo al que el Ejecutivo autonómico celebra en la Real Casa de Correos, con motivo de la no invitación del Gobierno al acto oficial. Allí, Martín lamentó que Ayuso sea "insumisa" ante la ley, y cargó, sin citar a nadie explícitamente, contra quienes "quebrantan" la Constitución Española "mientras dicen hablar en su nombre". "¿Quién está cambiando? ¿Quiénes defendemos la igualdad? ¿O quienes niegan la violencia machista poniendo en riesgo a miles de mujeres? ¿Quiénes defendemos el derecho de las próximas generaciones a tener un futuro? ¿O quienes niegan el cambio climático y bloquean políticas que protegen vidas? ¿Quiénes creemos en servicios públicos fuertes y accesibles? ¿O quienes llevan años privatizando y recortando la igualdad de oportunidades? ¿Quiénes reconocemos la riqueza de la multiculturalidad?", encadenó diferentes preguntas el delegado.
Martín, a lo largo de los últimos meses, ha cargado contra la presidenta, a quien ha acusado de no cumplir la ley Estatal de Vivienda ni tampoco la Ley de Memoria Democrática, esta última en el caso de la Real Casa de Correos -sede de la Presidencia autonómica-, que fue declarada Lugar de Memoria Democrática y sobre la que Ayuso ha rechazado intervenir no colocando una placa recordando que fue sede de la Dirección General de Seguridad Franquista. "Desde el dia que tomé posesión como delegado del Gobierno he tendido la mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid para trabajar conjuntamente en aquellas cuestiones en las que podamos colaborar, y solo he encontrado rechazo, desprecio y ninguna respuesta constructiva. Aun así, vamos a seguir tratando de colaborar con todas las administraciones públicas para trabajar por el bienestar de todos los vecinos y vecinas", lamentó el viernes.
"Estoy tranquilo porque sé que no hay nada"
Sobre su exoneración del 'caso Begoña Gómez', ordenada al juez Peinado por la Audiencia Provincial de Madrid, Martín aseguró encontrarse "tranquilo" y que siempre lo ha estado, porque "sabía que no había nada". "Siempre he trasladado que estaba tranquilo porque sabía que todo iba a terminar en nada, porque no había nada. Lo que espero es que esta decisión se extienda al conjunto de la causa, porque es una causa basada en la nada y debe dejar de generarse ese sufrimiento a tantas personas honestas e inocentes que lo están pasando mal", reivindicó.
"Confío en el conjunto del sistema judicial como he confiado siempre y estoy convencido de que todo terminará pronto para todos y que algunos tendrán que pedir perdón por el daño que han hecho", sentenció al respecto.
La Audiencia Provincial de Madrid estimó esta semana los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, por lo que Juan Carlos Peinado fue instado a retirarle su condición de investigado. En el auto, los magistrados revocan parcialmente el auto por el que se le imputó "al inadmitirse la querella formulada por la representación procesal del partido político Vox contra Francisco Martín Aguirre por malversación de caudales públicos".
El juez Peinado acordó el pasado mayo admitir a trámite la querella presentada por Vox y citar como investigado a Martín al participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para la esposa del presidente del Gobierno, "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021". Los magistrados, no obstante, consideran que "no consta que supiera" que la asesora Cristina Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", "tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad".
Para los magistrados, esa "debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, y al no encontrarse la razón de dirigir una nueva querella acumulada contra el que se supone hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, se procede a su desimputación "porque no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tuviera esa supuesta función de control". A ello, tampoco ponen en cuestión la legalidad del nombramiento de Álvarez: "Los recurrentes, casi de forma unánime se centran en la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente de la mujer del presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda".
Los bandazos de Peinado con el caso
Este caso, además de por su importante peso mediático y sendos titulares de prensa, ha destacado por los bandazos y singularidades que ha protagonizado su instructor, desde las denuncias basadas en recortes de prensa hasta el timing y la intencionalidad de algunas de las citaciones.
Los últimos coletazos del caso han consistido en que Peinado expulse a Manos Limpias de la causa al no haber enviado el justificante de pago de la fianza para seguir siendo acusación popular en el proceso judicial, y en su recuperación como acusación solo unos días después, y en la ya citada desimputación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero no han sido, ni mucho menos, los únicos. El 3 de abril de 2025, Peinado programó seis meses más la instrucción del caso al estar pendientes varias diligencias clave que no podían completarse antes del 16 de abril, fecha en la que vencía el plazo. 13 días después, Bolaños declaró como testigo y señaló que no intervino en la decisión de contratar a Álvarez y que no sabía de quién partió la iniciativa.
El 16 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid decidió revocar la condición de investigados Güemes y Goyache, aunque mantuvo la imputación de Barrabés. El 24 de junio de 2025. El magistrado pidió al Supremo imputar a Bolaños por malversación y falso testimonio. El alto tribunal rechazó la petición por falta de indicios. El 18 de agosto de 2025, Peinado imputó a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación.
El 3 de septiembre de 2025, el magistrado pidió a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno una “copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” desde julio de 2018 hasta la fecha del escrito a través de una “cuenta asignada” a Gómez. El 10 de septiembre de 2025. Gómez declaró ante el magistrado por el presunto delito de malversación de caudales públicos. La esposa de Sánchez respondió solo a preguntas de su abogado y aseguró que su asistente solo la ayudó de manera “puntual” en gestiones personales. Por su parte, Álvarez se acogió a su derecho a no declarar. El 24 de septiembre de 2025, Peinado propone que Gómez sea juzgada ante un jurado popular en el caso de sentarse finalmente en el banquillo en el marco de la pieza en la que se investiga si se malversaron fondos públicos en el nombramiento de su asesora en la Moncloa, y en las funciones que presta para ella. Una cronología turbulenta a la que le siguen naciendo episodios.
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