Más Madrid desafía la política de Ayuso con un plan para integrar el aborto en el sistema público

En Madrid, miles de mujeres que cada año deciden interrumpir su embarazo continúan chocando contra un sistema público que apenas presta este servicio. Más Madrid quiere cambiar esa realidad con una propuesta presupuestaria de 5 millones de euros que busca transformar la atención sanitaria al aborto. La iniciativa se enfrenta a la resistencia del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que mantiene bloqueado el registro de objetores de conciencia exigido por la ley estatal, un elemento clave para organizar los equipos sanitarios sin vulnerar derechos individuales.

El paquete de enmiendas registrado por Más Madrid pretende abrir una etapa completamente nueva en la atención a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dentro de la Comunidad. La formación denuncia que la región se ha convertido en “una anomalía en el conjunto del país” y que la sanidad pública apenas practica abortos: menos del 1%, según datos que la oposición lleva años señalando. Esta cifra, afirman, no responde a falta de capacidad técnica, sino a “una voluntad política deliberada” que ha mantenido la IVE fuera del circuito público mientras otras autonomías normalizaban su prestación.

La propuesta de Más Madrid pasa por una reorganización estructural del servicio, con dos pilares fundamentales. El primero es la incorporación del aborto farmacológico en Atención Primaria, mediante la creación de Unidades de Salud Sexual y Reproductiva en los centros de salud. Estas unidades permitirían que los embarazos de pocas semanas se atendieran de forma rápida, segura y cercana, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo la dependencia de clínicas privadas. El segundo pilar es la incorporación progresiva de la IVE instrumental en los hospitales públicos, de manera que cada centro pueda asumir los procedimientos de menor complejidad hasta lograr la plena integración del aborto en la red hospitalaria madrileña.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, considera que la situación actual es insostenible y que no requiere grandes inversiones para revertirse: “Menos del 1% de los abortos en Madrid se practican en la pública y las únicas razones son la falta de voluntad política y el sectarismo ideológico de Ayuso, que ahora mismo se sitúa fuera de la ley”. Según Bergerot, bastaría con dos medidas de bajo coste para empezar a revertir el problema: “Reorganizar los servicios hospitalarios de ginecología con ayuda del registro de objetores de conciencia y establecer unidades de salud sexual y reproductiva en la atención primaria”. El objetivo, insiste, es claro: “Que las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto sin salirse del sistema público que las atiende en su día a día, como establece la ley”.

Las enmiendas registradas incluyen además la incorporación inmediata a la cartera pública de las IVE practicadas por encima de la semana 23, es decir, los abortos terapéuticos que hoy obligan a muchas mujeres a desplazarse fuera de la región. Más Madrid sostiene que la sanidad madrileña tiene la capacidad material para asumir estos procedimientos si existe planificación y voluntad institucional, y si el registro de objetores funciona de manera efectiva.

Un derecho consolidado en España que Madrid no integra

La cuestión del registro se ha convertido en el epicentro del último choque entre el Gobierno regional y el Ministerio de Sanidad. La Comunidad de Madrid se ha negado a entregar el listado de profesionales objetores de conciencia que exige la Ley Orgánica 1/2023, alegando que se trata de “listas negras” de médicos. Desde la izquierda y los colectivos feministas señalan justo lo contrario: que la ausencia del registro imposibilita organizar los equipos públicos de forma transparente y deja a las mujeres sin una prestación sanitaria que debería estar garantizada.

Esta resistencia del Gobierno de Ayuso no solo tiene un impacto técnico, sino también político. En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha reforzado su posición como una de las regiones con menos participación de la sanidad pública en los procesos de aborto, a la vez que crece el número de derivaciones a clínicas privadas. Para la oposición, este modelo perpetúa un acceso desigual y condiciona el ejercicio de un derecho reconocido por ley, mientras que para el Gobierno regional se trata de respetar la libertad de conciencia del personal sanitario.

El debate se intensifica porque, a diferencia de lo que ocurría hace una década, otras comunidades autónomas han avanzado hacia la plena integración del aborto en sus redes públicas. Madrid, en cambio, continúa retrocediendo o manteniéndose inmóvil, lo que la convierte en una excepción dentro del panorama estatal. Este contraste, señalan desde Más Madrid, subraya que “el problema no es sanitario, sino político”.

Sin embargo, la presión parlamentaria, el incremento del escrutinio público y los recientes conflictos jurídicos entre la Comunidad y el Gobierno central empiezan a modificar el escenario. Las enmiendas de Más Madrid buscan aprovechar ese momento para introducir un cambio estructural que acerque el modelo madrileño al de otras regiones que ya prestan el servicio con normalidad.