No habrá comisión de investigación en la Diputación de Ourense sobre las contrataciones irregulares que se han producido durante el mandato de José Manuel Baltar. Su hijo, su sucesor en el cargo, se ha opuesto a la solicitud hecha por los socialistas, después de conocerse la admisión a trámite de una querella de la Fiscalía contra el ‘cacique’ gallego por presunta prevaricación, por la contratación a dedo de 104 personas en el año 2010.

Que se investigue los últimos veinte años
Los socialistas solicitaban ampliar la investigación a las contrataciones de los últimos veinte años, tiempo en el que José Luis Baltar estuvo al frente de la Diputación, por considerar que se produjeron irregularidades a lo largo de todo ese período, pero, según La Voz de Galicia, el portavoz del Grupo ‘popular’, Plácido Álvarez, avanzó que la propuesta -que se debatirá en un pleno extraordinario en los próximos días- será rechazada.

"¿Qué pintamos haciendo una comisión de investigación?"
El portavoz del PP no quiso explicar cómo argumentará en el pleno el rechazo del PP a crear una comisión de investigación. En declaraciones al citado diario, Álvarez consideró que la propuesta socialista carecía de sentido en este momento: “Si la Fiscalía presentó una querella, el juez la ha admitido a trámite y el propio afectado va a declarar, no sé qué pintamos nosotros haciendo una comisión de investigación”.

Carpetazo al sunto
Todo indica que el debate sobre la política de personal empezará y acabará en el pleno extraordinario del próximo viernes. Los socialistas ven así frustrada su intención de depurar las responsabilidades políticas que, más allá de la de José Luis Baltar, se pudiesen derivar de las presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones de la Diputación.

No solo los socialistas reclaman una investigación. El BNG, ha presentado un moción en la que solicita el cese de todos los diputados provinciales que formaban parte de la corporación en el momento de los hechos y, por su parte, Esquerda Unida, que no tiene representación en la Diputación, reclamó la creación de un código ético para la política.