La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra continúa extendiendo sus ondas expansivas sobre el espacio político de la izquierda y amenaza con abrir un nuevo foco de tensión dentro de la coalición gubernamental.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, reconoció este miércoles que la situación generada por la investigación judicial acabará desembocando, “más pronto que tarde”, en una conversación bilateral entre los socios del Ejecutivo para evaluar el alcance político, institucional y emocional del caso.
Desde el Parlamento andaluz, en Sevilla, el también diputado autonómico admitió que, aunque Zapatero no forme parte orgánicamente del Gobierno, su figura mantiene una influencia política y simbólica de enorme peso dentro del bloque progresista. “Las consecuencias que puede tener este asunto en términos de ánimo, de moral colectiva, de reflexión política y de convulsión en el espacio de la izquierda son evidentes”, señaló Maíllo ante los medios.
El líder de IU evitó cerrar filas de manera automática con el expresidente socialista y defendió la necesidad de investigar cualquier sospecha de irregularidad. “No se puede mirar hacia otro lado”, sostuvo, insistiendo en que toda actuación judicial debe desarrollarse con garantías y transparencia. Sin embargo, al mismo tiempo introdujo un elemento geopolítico en su análisis al deslizar la posibilidad de que detrás de determinadas filtraciones e informaciones exista una estrategia de presión internacional orientada a erosionar al Ejecutivo español.
En ese contexto, Maíllo apuntó directamente hacia Estados Unidos y sugirió la existencia de movimientos coordinados entre determinados sectores políticos conservadores españoles y actores diplomáticos norteamericanos. “No es ninguna sorpresa que hayan aparecido determinadas informaciones procedentes de agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses”, afirmó.
Sus declaraciones llegan después de que trascendiera la coincidencia temporal entre la imputación de Zapatero y varios encuentros mantenidos recientemente entre dirigentes del Partido Popular y representantes diplomáticos estadounidenses. Entre ellos figura una reunión celebrada entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León, una cita organizada con antelación pero que ha alimentado interpretaciones dentro de sectores de la izquierda.
Maíllo fue más allá y cuestionó públicamente el contenido de los contactos mantenidos por figuras como Feijóo, Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso con representantes diplomáticos estadounidenses. “Nos gustaría saber qué se habló en esas reuniones”, deslizó, antes de plantear abiertamente una hipótesis política de gran calado: “Habrá que ver si no estamos ante una actuación coordinada entre un Gobierno extranjero y determinados dirigentes políticos para desestabilizar al Gobierno de España”.
Pese a la contundencia de sus sospechas, el dirigente de IU también marcó distancias respecto a determinadas interpretaciones maximalistas y rebajó, por ahora, cualquier vínculo con una supuesta financiación irregular del PSOE. “Si estuviéramos hablando de financiación ilegal entraríamos en otro escenario completamente distinto, pero no vamos a construir relatos sobre algo que no existe”, afirmó.
Al mismo tiempo, aprovechó la crisis para reclamar una regulación más estricta sobre las actividades profesionales, empresariales y de intermediación de los expresidentes del Gobierno una vez abandonan La Moncloa. Según defendió, la polémica vuelve a evidenciar la necesidad de activar reformas pendientes en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. “Es una cuestión que tiene que acelerarse y que venimos exigiendo desde hace tiempo”, apuntó.
Las declaraciones de Maíllo se producen apenas un día después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aplazara al 17 y 18 de junio la comparecencia judicial de Zapatero. El magistrado sitúa al expresidente socialista como presunto “vértice” de una trama internacional de tráfico de influencias que habría operado supuestamente en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.
La investigación sostiene que varias sociedades habrían articulado pagos por supuestos servicios de consultoría inexistentes, fondos que, según las pesquisas, terminarían redistribuyéndose hacia personas vinculadas al entorno del expresidente y del empresario Julio Martínez Martínez.
Maíllo también se refirió a otro de los frentes judiciales que afectan al entorno socialista: la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente socialista Ana María Fuentes y al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías en la causa relacionada con la exmilitante Leire Díez.
Sobre esta investigación, el coordinador federal de IU fue especialmente contundente. “Sería un escándalo que no se investigara”, afirmó, recordando que el procedimiento gira en torno a presuntas mordidas y al supuesto uso de instituciones públicas para fines de enriquecimiento privado. También reclamó aclarar el papel desempeñado por Zarrías, a quien vinculó con etapas anteriores marcadas por el escándalo de los ERE andaluces.
Las palabras de Maíllo reflejan el creciente nerviosismo que se extiende dentro del espacio progresista ante una sucesión de investigaciones judiciales que, aunque afectan a figuras distintas y causas separadas, están alimentando un clima de desgaste político permanente sobre el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
