El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que inyectará 6.200 millones de euros adicionales del Gobierno a este pilar del Estado del Bienestar. Cuidados más cercanos para las personas dependientes y con discapacidad, así como menos burocracia, más compatibilidades y una inversión histórica y sin precedentes son los ingredientes que a partir de ahora se materializarán cuando la normativa entre en vigor.
La votación ha transcurrido en un proceso largo por cada enmienda presentada por los distintos grupos parlamentarios en el Senado y que han regresado de vuelta al Congreso, aunque no todas han salido adelante y, tal y como ha explicado la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, “las enmiendas del Senado aprobadas serán incorporadas al texto inicial aprobado por el Congreso de los Diputados”.
En voz del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, impulsor de la reforma, es un paso “muy significativo” que ha salido adelante “gracias a un gran apoyo” parlamentario, igualando su financiación a otros sistemas públicos como el educativo, el sanitario o de pensiones. “Nunca antes en la política social española se habían movilizado tantos recursos” a la dependencia, según ha expresado en una entrevista con TVE previamente a la votación en la Cámara Baja.
Posteriormente, durante el debate parlamentario, el titular de Derechos Sociales ha calificado la reforma como "la mayor en décadas" y "el mayor honor" que se puede llevar de la política pero, más importante aún, un "logro" para "más de 4 millones de compatriotas con discapacidad, para 1,7 millones de personas atendidas hoy en el sistema de la dependencia, para medio millón de trabajadoras en el sector de los cuidados de larga duración" y "para unas generaciones que empiezan apenas a formularse la pregunta: 'Y a mí, ¿quién me va a cuidar?'". Asimismo, Bustinduy ha apelado a las comunidades autónomas para que, una vez aprobadas las leyes, se reduzcan las listas de espera. "Las listas de espera de la dependencia deben desaparecer para 2028", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que gracias a la financiación extraordinaria aprobada vía real decreto-ley, las comunidades han recibido en dos meses (julio y agosto) 517.444.324 euros adicionales.
La reforma se ha sumergido en un recorrido parlamentario que se remonta al pasado mes de julio, cuando salió por primera vez del Congreso, con los votos en contra de Vox y la abstención del Partido Popular, para dirigirse al Senado, donde se sometió hasta a 50 enmiendas por parte de los populares. La votación salió adelante con el ‘sí’ del PP, PSOE y Junts y la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu. No obstante, la normativa regresó esta semana al Congreso tal y como salió, de igual manera presentada por Bustinduy, al haberse descartado ocho enmiendas presentadas por PP y Junts.
Claves de la reforma: del aumento en la financiación a rebajar la burocracia
La reforma trae consigo una serie de novedades de calado, ya que, con ella, el Gobierno central de Pedro Sánchez se hará cargo del 50% de la inversión en el sistema, dando mayores garantías jurídicas a personas dependientes y con discapacidad blindando así la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Asimismo, con los más de 6.000 euros adicionales que se repartirán entre las comunidades autónomas lo que resta de 2026 y todo 2027, se duplica la financiación con respecto a 2025.
Concretamente, elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que vecinos o amigos sean reconocidos oficialmente como cuidadores.
El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en 2012 -bajo el mandato de Mariano Rajoy- y no fue recuperado hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales. Cabe remarcar que las comunidades autónomas asumían, hasta la fecha, cerca del 75% de la financiación, pero ahora se obligará al Estado a sufragar el 50% del sistema para otorgar un mayor equilibrio.
Se verán mejoradas las coberturas de los cuidados, incrementando su personal, productos y herramientas de apoyo, como bien pueden ser sillas de ruedas, así como que estos trabajadores tendrán la libertad de poder acompañar a la persona dependiente al médico, realizar tareas pendientes o actividades grupales.
A su vez, se mejorarán las instalaciones de centros de día, se eliminarán los trámites burocráticos para facilitar el acceso y, como ejemplo de ello, las personas con un grado de dependencia podrán obtener un certificado del 33% o de 65% de discapacidad con listas de espera administrativas más reducidas. La normativa también se adapta a las nuevas tecnologías, incorporando dispositivos de seguimiento o pulseras de geolocalización para aquellas personas que lo necesiten.
En lo que concierne a la Ley de Discapacidad, la normativa da cabida a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a realizar obras en las comunidades de vecinos para la accesibilidad de estas personas, con instalaciones de ascensores y otras facilidades en la infraestructura; a su vez, se brindarán más garantías jurídicas.
En lo que concierne a las enmiendas que han decaído, se proponía extender al ámbito tributario la asimilación de las personas en situación de dependencia a la de las personas con discapacidad; fijar un IVA reducido del 4 por ciento para adaptación de vivienda o vehículo o que los dependientes con grado III+ no estén sujetos a copago. También se propuso ampliar más allá de los 26 años la prestación por cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME.
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